“No existe el machismo… Es cosa del pasado o quizá de otros países”, corean algunos como un mantra. Mientras tanto, este año en España abrimos el mes de octubre con la celebración de los 89 años del acceso al voto de la mujer. No hace ni cien años que -tras el discurso que la abogada, política y escritora, Clara Campoamor, dirigía al Parlamento- se conseguía por fin el derecho al voto femenino. Hasta aquel entonces, algunas mujeres sí podía ser elegidas, pero no tenían derecho a votar. Poco después, durante la dictadura franquista, los avances en esta materia serían destruidos y se restituiría el código civil de 1889 en el que se defiende el rol de una mujer-madre-esposa supeditada al hogar y al cuidado de la familia. En este contexto, la mujer necesitaba de un permiso del marido para trabajar, viajar o incluso abrir una cuenta; y, por supuesto, los malos tratos y las violaciones dentro de la pareja no existían. Con la llegada de la democracia, los derechos femeninos irían avanzando, logrando la actual situación. La ley contra la violencia de género, los derechos al divorcio o al aborto ampliarían cada vez más este campo. Actualmente, a partir de lo ya logrado, debemos seguir trabajando para hacer de la igualdad una realidad compartida por todas las mujeres.
Sin salir de la Unión Europea, hace unos días el Tribunal Constitucional de Polonia limitó los escasos derechos reproductivos de las mujeres polacas, al considerar inconstitucional la interrupción del embarazo en caso de que el feto sufra una malformación o enfermedad irreversible. Este era uno de los únicos tres supuestos permitidos en una de las legislaciones más restrictivas de Europa. Es sabido que las limitaciones a este derecho no disminuyen el número de interrupciones del embarazo, sino que provocan que se recurra a abortos no seguros poniendo en riesgo la vida de la mujer, especialmente cuando no hay posibilidades de viajar al extranjero o acceder a consultas privadas. Mientras tanto, nos olvidamos de que el derecho internacional empieza a hablar de derechos humanos después del nacimiento y con estas limitaciones solo estamos restringiendo uno de los derechos humanos básicos: poder decidir sobre el propio cuerpo y la vida propia.
Y sin alejarnos demasiado, encabeza la agenda de la Cumbre del G20, el empoderamiento de las mujeres. Hasta aquí nada extraño. Resulta sorprendente, sin embargo, que la presida telemáticamente Arabia Saudí, país donde muchas de sus activistas por los derechos de las mujeres están en prisión por atreverse a exigir reformas. Tal es el caso de Loujain al Hathloul, Nassima al Sada, Samar Badawi, Mayaa al Zahrani y Nouf Abdulaziz encarceladas desde hace más de dos años por “promover los derechos de las mujeres” y “pedir el fin del sistema de tutela masculina”, por el cual el tutor varón, -progenitor, cónyuge o hermano- sigue controlando los movimientos y la toma de decisiones de las mujeres, tales como estudiar, acceder a asistencia sanitaria o casarse. Otras ocho comparten proceso judicial por cooperar con agentes extranjeros, como Amnistía Internacional. Arabia Saudí con sus eslóganes sobre la igualdad de las mujeres insiste en que está preparada para el cambio, mientras que “las verdaderas agentes del cambio”, en palabras de Lynn Maalouf, directora regional adjunta de AI en la zona, siguen encarceladas.
Se nos abre en estas circunstancias una puerta para actuar y tomar partido en favor de los derechos de las mujeres. Necesitamos presionar a los gobiernos para que actúen y no permitan dar ni un paso atrás en nuestros derechos, como ya ha ocurrido y sigue pasando actualmente. Mirar hacia otro lado no va a convertir mágicamente este mundo en un lugar mejor; reclamar el respeto a los derechos humanos es una tarea de esta sociedad en la que todos y todas compartimos una responsabilidad común. Sabemos que el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo.
“No existe el machismo… Es cosa del pasado o quizá de otros países”, corean algunos como un mantra. Mientras tanto, este año en España abrimos el mes de octubre con la celebración de los 89 años del acceso al voto de la mujer. No hace ni cien años que -tras el discurso que la abogada, política y escritora, Clara Campoamor, dirigía al Parlamento- se conseguía por fin el derecho al voto femenino. Hasta aquel entonces, algunas mujeres sí podía ser elegidas, pero no tenían derecho a votar. Poco después, durante la dictadura franquista, los avances en esta materia serían destruidos y se restituiría el código civil de 1889 en el que se defiende el rol de una mujer-madre-esposa supeditada al hogar y al cuidado de la familia. En este contexto, la mujer necesitaba de un permiso del marido para trabajar, viajar o incluso abrir una cuenta; y, por supuesto, los malos tratos y las violaciones dentro de la pareja no existían. Con la llegada de la democracia, los derechos femeninos irían avanzando, logrando la actual situación. La ley contra la violencia de género, los derechos al divorcio o al aborto ampliarían cada vez más este campo. Actualmente, a partir de lo ya logrado, debemos seguir trabajando para hacer de la igualdad una realidad compartida por todas las mujeres.
Sin salir de la Unión Europea, hace unos días el Tribunal Constitucional de Polonia limitó los escasos derechos reproductivos de las mujeres polacas, al considerar inconstitucional la interrupción del embarazo en caso de que el feto sufra una malformación o enfermedad irreversible. Este era uno de los únicos tres supuestos permitidos en una de las legislaciones más restrictivas de Europa. Es sabido que las limitaciones a este derecho no disminuyen el número de interrupciones del embarazo, sino que provocan que se recurra a abortos no seguros poniendo en riesgo la vida de la mujer, especialmente cuando no hay posibilidades de viajar al extranjero o acceder a consultas privadas. Mientras tanto, nos olvidamos de que el derecho internacional empieza a hablar de derechos humanos después del nacimiento y con estas limitaciones solo estamos restringiendo uno de los derechos humanos básicos: poder decidir sobre el propio cuerpo y la vida propia.