Nuevo escenario contencioso-administrativo entre las administraciones central y regional del ámbito sanitario. A las subastas de medicamentos y la medida de alternativas terapéuticas equivalentes, se suma la pugna en torno al copago de medicamentos de uso hospitalario. La Consejería de Salud andaluza reacciona así tras la publicación en el BOE del 19 de septiembre de la resolución por la cual 157 presentaciones farmacéuticas de uso hospitalario (en general, para afecciones crónicas) estarán sometidas a copago.
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha reiterado este miércoles que Andalucía no aplicará el copago en farmacia hospitalaria y ha anunciado que planteará antes del 1 de octubre el recurso de alzada contra la citada resolución, antes de que la medida entre en vigor. Ha recordado que la medida puede afectar a 90.000 personas en Andalucía y a medicamentos que tratan enfermedades “tan graves como son todo tipo de cánceres y enfermedades infecciosas”, patologías que “suelen estar asociadas a otro tipo de enfermedades que a su vez están copagando medicación en las oficinas de farmacia”.
Asimismo, la consejera ha lamentado que el Ministerio “no les haya contestado” ante la pregunta de “por qué ha adoptado esta medida”. En este sentido, ha explicado que el propio grupo de trabajo que se creó en la Comisión de Farmacia, “analizando cómo podría repercutir económicamente esta media en cuanto al ahorro, dijo que como mucho sería de 1.700.000 euros en todo España”, y supondría “medio millón de euros de ahorro en Andalucía”. “Si esto es así y el coste de la medida es mucho más caro que el ahorro que se produce, me pregunto cuál es el objetivo que pretende la medida”, agrega Sánchez Rubio.
La consejera ha dicho que “no quiero ni pensar que el Ministerio se esté planteando que este tipo de medicación vuelva a la dispensación en las oficinas de farmacia”, porque entonces el coste de esta medida en todas las comunidades autónomas “supondría al sistema un 50 por ciento más que el coste que ahora mismo hay en este tipo de fármacos”. Al respecto, explica que si en Andalucía a la Sanidad “le cuesta 103.000.000 millones de euros al año, si volviera a la dispensación en las oficinas de farmacia le costaría 50 millones más como mínimo”. Por tanto, insiste en conocer “qué intereses hay detrás de esta medida que no supone un ahorro y que tiene un coste grandísimo en el ámbito del sistema”.
Por su parte, la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha dirigido su argumentación hacia la sostenibilidad del sistema y la financiación pública. “Andalucía, como otras comunidades, tiene bastantes deudas en Sanidad, que ponen en riesgo el futuro de la misma, por lo que creo que deberían ser conscientes de usar todos los medios para garantizar la Sanidad”, ha dicho la responsable de Sanidad a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso.