La Junta ha establecido para el establecimiento de nuevos salones de juego en Andalucía una distancia mínima de 150 metros de centros de enseñanza reglada no universitaria (colegios e institutos), que se viene a sumar a los 100 metros de distancia mínima que deben mediar entre dos salones de juego y que ya existía con anterioridad. Pero es una medida, nunca mejor dicho, insuficiente para algunos ayuntamientos, incluso también del PP que, de un tiempo a esta parte, están tratando de limitar su implantación modificando sus planes de ordenación urbanística (PGOU) para alejarlos hasta 500 metros. Pero están fracasando, ya que la Junta es la única administración competente en materia de juego presencial en la comunidad autónoma, según el artículo 81.1 del Estatuto de Autonomía, como se ha encargado de recordar el consejero este martes.
Algunas corporaciones locales, al menos en los casos de Cádiz, Alcalá de Guadaíra (Sevilla) o Chipiona (Cádiz), han querdo impedir en los últimos meses la implantación de establecimientos de apuestas y salas de juego a menos de 500 metros de los equipamientos educativos, deportivos y socioculturales, una distancia considerablemente superior a la que ahora marca la Junta de Andalucía.
La Consejería de Hacienda, a quien el TSJA ha dado recientemente la razón al suspender cautelarmente la limitación de casas de apuestas y juego en Cádiz, aseguró en su momento haber hecho saber también a los municipios de Córdoba (también 500 metros), Tomares y Mairena del Alcor (350 metros, en su caso) que no podían modificar sus planeamientos urbanísticos.
Por otro lado, el consejero ha presumido en rueda de prensa que “desde 1986 no se había regulado nada” sobre el juego en Andalucía. No es cierto. Ha habido varias disposiciones en estos años que, precisamente, quedaron derogadas con el Decreto-ley 6/2019, de 17 de diciembre, ya con el PP al frente de la administración andaluza, que acaba de aprobar el decreto que modifica definitivamente los reglamentos aplicables en materia de juego y apuestas que regulan los salones de juego, salas de bingo, casinos e hipódromos.
La medida anunciada por la Junta estuvo contemplada entre 2005 y 2018 en Andalucía aunque, eso sí, respecto a salones recreativos. Así, el documento original del Decreto 250/2005, de 22 de noviembre establecía que “no se podrá autorizar la apertura y funcionamiento de ningún salón recreativo que se encuentre en el momento de la presentación de la solicitud de autorización de instalación a menos de un radio de cincuenta metros de un centro docente de enseñanza primaria o secundaria”. Aquel artículo, el 89.1, quedó suprimido con el Decreto 80/2018, de 17 de abril, aprobado aún en la etapa del PSOE.
Según aclaran desde la Consejería de Hacienda, lo que había en 2005 regulada era una distancia respecto a los salones recreativos (sin máquinas con premios en metálico, en resumen, con futbolines, billares y videojuegos), donde sí pueden entrar menores y que no tienen consideración de juego. En 2018, según detallan fuentes de Hacienda, dejaron de regularse los salones recreativos ya que, según una Directiva de la UE 2015/1535 del Parlamento Europeo, sólo se definía como actividad de juego aquella en la que hay premio en metálico, por lo que a partir de la cual no se pudieron establecer distancias y planificación en salones recreativos. De ahí la nueva regulación de 2018, que en cualquier caso modificó numerosos artículos de hasta cuatro reglamentos aplicables en materia de juego y que habían sido aprobados en 1988 (casinos de juego), 1995 (hipódromos), 2005 (salones, ya referido) y 2008 (juego del bingo). También se modificó el Catálogo de Juegos y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado en 2009.
La Junta asegura que “prioriza la adopción de medidas reglamentarias que doten de mayor eficacia al control de acceso a este tipo de establecimientos bajo el principio de tolerancia cero a la entrada de menores y personas que estén inscritas en el Registro de Control e Interdicciones de Acceso en locales de juego y apuestas”. Además, “obliga a la instalación de controles de admisión en el acceso al establecimiento que deben estar supervisados por un trabajador del local, de modo que se impida la entrada a menores y a cualquier persona que lo tenga prohibido, y se eliminan por tanto las zonas que hasta ahora eran de libre acceso”.
Además, mediante el nuevo decreto “se adapta el régimen sancionador” de los distintos reglamentos que ya recogía el decreto ley aprobado por el Gobierno andaluz en diciembre de 2019 y por el que pasan a considerarse muy graves, en lugar de graves, las infracciones relativas a permitir el acceso a menores y a personas vulnerables, instalar publicidad no autorizada e incumplir los horarios de apertura, que conllevan multas que oscilan entre los 10.000 y los 300.000 euros (antes, las multas se situaban entre los 600 y 10.000 euros). Este “endurecimiento de sanciones” se traduce, según la Junta, en la potestad de la Administración autonómica para suspender temporalmente la autorización e incluso clausurar el establecimiento si se producen esos supuestos.
“Como medida de prevención se prohíbe cualquier tipo de publicidad, cartelería o imágenes en cualquier soporte que difundan mensajes o representaciones del juego o de las apuestas, así como de deportistas sobre cuyos deportes se pueden cruzar apuestas en las fachadas y paramentos exteriores de los establecimientos. Tampoco podrá ser visible desde el exterior la información sobre la cotización puntual de las apuestas deportivas”, ha detallado la Junta.
Bravo ha destacado que el decreto recoge “medidas consensuadas, que han sido fruto de las reuniones mantenidas con todos los agentes del sector implicados, entre ellos, las empresas del sector con implantación en Andalucía, la Federación de Jugadores Rehabilitados de Andalucía (FAJER) y los sindicatos mayoritarios, mientras que por parte del Gobierno andaluz han participado la Consejería de Hacienda, que tiene las competencias del juego presencial, el Instituto Andaluz de la Juventud y el Servicio Andaluz de Salud”.
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