Mairena del Alcor (Sevilla), Tomares (Sevilla) o Córdoba quieren, o al menos han querido, limitar el establecimiento de casas de apuestas y salones de juego en sus municipios. La Junta de Andalucía asegura que ostenta las competencias “en exclusiva” y así se lo ha hecho saber formalmente al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), que recibió una comunicación oficial de la Consejería de Hacienda solicitando que derogara una modificación puntual de su Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) aprobada en ese sentido el pasado 21 de enero. Fuentes de este departamento de la Junta aseguran que el mismo escrito también se les ha hecho llegar a los citados municipios, gobernados en este caso por el PP, el mismo partido que lidera el Gobierno autonómico en coalición con Ciudadanos. “No hemos recibido nada por parte de la Junta”, aseguran desde Mairena del Alcor, mientras que desde Tomares no se ha dado respuesta a este periódico acerca de qué tipo de comunicación habría recibido desde la Junta de Andalucía.
“Se trata de una cuestión que nada tiene que ver con el partido que gobierne en cada caso”, aseguran desde Hacienda a elDiario.es Andalucía. Al Ayuntamiento de Córdoba, también gobernado por el PP, se le remitió el escrito, insisten las fuentes, que acuden al “apoyo” en ese sentido de la Subdelegación del Gobierno central respecto a que la Junta es la competente en salas de juego. El Ayuntamiento de Córdoba, efectivamente, acaba de anunciar que va a suspender la tramitación de la innovación del PGOU que había iniciado para limitar la proliferación de las casas de apuestas después de recibir un escrito de la Junta asegurando que se trata de una competencia autonómica. “Si sigo adelante, prevarico”, aseguraba este mismo lunes el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes.
Según ha podido saber este periódico, la Junta de Andalucía está adelantando a algunos ayuntamientos que la Consejería de Hacienda impugnará cualquier modificación puntual de las normas urbanísticas que afecte al régimen de distancias mínimas por entender que ello supondría una invasión de competencias exclusivas de la Junta. “Se está procediendo con todos los ayuntamientos que actúan así, sean del partido que sean. Cada PGOU lleva un ritmo distinto y, en función de ello, básicamente plazos, técnicamente se actuará como proceda”, insisten desde la Consejería de Hacienda, que prevé que “habrá ayuntamientos que pararán y otros que seguirán”.
“Alarma social justificada”
“El Gobierno de España no tiene competencias en esto”, añaden al respecto fuentes del Ministerio de Consumo encabezado por Alberto Garzón. El ministro se refirió a este asunto en una reciente visita a Barcelona donde reconoció que existe una “alarma social justificada” por las patologías derivadas del juego problemático y, en ese sentido, apostaba por “la complicidad de todas las administraciones” para poner coto a la ludopatía. En una rueda de prensa junto a la alcaldesa Ada Colau celebró la iniciativa del ayuntamiento para modificar su plan de usos del suelo e impedir la apertura de nuevas casas de apuestas. A juicio del ministro, Barcelona hizo “una apuesta por la salud pública” con una normativa municipal que protege a los sectores más vulnerables de la población, incluidos los menores de edad. “Nuestras ciudades necesitan más espacios deportivos y menos casas de apuestas”, ha asegurado también recientemente.
El caso es que, en Cádiz, la Junta y la patronal del juego han hecho una apuesta común contra la normativa del Ayuntamiento que, desde septiembre, limita las casas de apuestas en la capital gaditana, capitaneada por José María González 'Kichi' (Adelante Cádiz). Tanto el Gobierno autonómico como la Agrupación Gaditana del Recreativo (AGARE) y la entidad mercantil Gestión de Juegos SL han interpuesto casi al unísono recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra aquel acuerdo plenario, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz el 17 de noviembre de 2020, en virtud del cual se aprobó definitivamente la modificación puntual del articulado de las Normas Urbanísticas del PGOU para la regulación de la implantación de establecimientos de juego.
Mairena del Alcor informó el pasado 13 mayo de 2020 que había desarrollado una regulación específica para la implantación de las salas de juego y apuestas en el municipio, alejándolas de centros educativos, deportivos, culturales y juveniles frecuentados por la infancia, la adolescencia y la juventud, elevando al pleno municipal de aque día una modificación parcial de las normas subsidiarias que fue aprobada por unanimidad. Con dicha medida se volvía a suspender la concesión de licencias para salas de juegos durante otro año, mientras se cumplimentaban los trámites para la aprobación definitiva de la modificación de planeamiento, momento en el cual ya entraría en vigor la norma urbanística dirigida a prohibir una sala de juego y apuestas en las inmediaciones de, por ejemplo, colegios o bibliotecas.
“Nuestra intención es seguir adelante”
El delegado de Urbanismo, Pepe Navarro, asegura a este periódico que, efectivamente, se está tramitando “algo parecido” a lo que ha aprobado Alcalá de Guadaíra, aunque reconoce que en Mairena van “un poco por detrás porque se inició la tramitación algo más tarde”. Urbanismo “va a aportar documentación a la Junta de Andalucía” en este sentido, dice el concejal, pero indica que “a nosotros no nos han mandado todavía lo que le han comunicado a Alcalá, aunque suponemos que nos llegará igual”, vaticina, como ocurrirá tambien con Chipiona, en este caso gobernada por el PSOE y que el pasado mes de septiembre también aprobó la propuesta de aprobación inicial de la modificación puntual del PGOU para la regulación de la implantación de establecimientos de juego, según explicó el concejal José Luis Mellado.
En cualquier caso, el escrito de la Dirección de Tributos se lo han trasladado a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Mairena del Alcor “para estudiarlo”. “No hemos recibido nada por parte de la Junta”, insiste, pero “nuestra intención es seguir adelante”. “La Junta entiende que si se separa en 500 metros se va a imposibilitar la instalación de este tipo de actividades que son legales y se crea una indefensión a sus dueños. Nuestra intención es seguir regulando la implantación de casas de apuestas y alejarlas de lugares de zonas de afluencia de jóvenes”, añade. La modificación de Mairena incorpora las condiciones de implantación de estas actividades y, como medida principal, prohibir su instalación a una distancia menor de 350 metros del perímetro de cualquier suelo destinado a equipamiento comunitario y servicio publico de uso educativo, deportivo o sociocultural.
También en la provincia de Sevilla, el pasado 27 de noviembre el pleno municipal de Tomares aprobó por unanimidad una modificación del PGOU “para regular en Tomares la implantación de salones de juegos de azar protegiendo así a los sectores más débiles de nuestro pueblo de los peligros derivados del juego”, según anunció el Ayuntamiento en sus redes sociales oficiales. Nada más ha trascendido desde entonces ni se ha ofrecido mayor detalle pese a que este periódico ha tratado de conocer alguna información más al respecto.
En Sevilla capital, por ejemplo, en un gobierno local liderado por el socialista Juan Espadas, el ayuntamiento abrió una moratoria de un año “que se ha ampliado con la suspensión de plazos por pandemia”. “Durante este tiempo no se puede abrir ninguna casa de apuestas. En ese margen se ha trabajado la modificación del PGOU”, aseguran fuentes municipales. “La Junta está recurriendo todas las limitaciones de casas de apuestas de los ayuntamientos y también le ha advertido a Sevilla que podría hacer lo mismo. De momento se están analizando qué posibilidades hay de seguir avanzando dado que la Junta aún no hay regulado nada de ámbito autonómico”, indican estas fuentes.