SANIDAD PÚBLICA
Jubilación voluntaria de los médicos andaluces hasta los 70 años y de las enfermeras hasta los 67 años. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha aprobado la modificación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos (PORH), que incorpora al servicio de Enfermería a la opción de prolongar el servicio activo más allá de los 65 años, edad de jubilación forzosa.
El Gobierno de Juan Manuel Moreno acordó esta medida con los sindicatos sanitarios en abril de 2019. Entonces ya se sabía que el 46% de la plantilla de médicos del SAS se jubilará en la próxima década, a un ritmo de 600 a 700 al año, sin que el sistema esté preparado aún para cubrir todas esas vacantes a tiempo. La prolongación de la edad de jubilación hasta los 70 años buscaba retener en el sistema unos años más a 18.000 profesionales sanitarios, en torno a 2.300 entre 2019 y 2023. En este momento, según las cifras del SAS, hay 1.065 médicos en activo que han aplazado su jubilación (datos a cierre del mes de enero).
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado este lunes la resolución que aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SAS, con una nueva redacción que incide en la necesidad de “impulsar medidas que permitan buscar un equilibrio” entre la tasa de sustitución del personal sanitario y la formación de nuevos especialistas, dada la “tendencia creciente de jubilaciones y el escaso número de egresados actual que cursan en Ciencias de la Salud”.
La modificación afecta a un solo epígrafe, que queda redactado así: “Se posibilita la prolongación voluntaria de la permanencia en servicio activo hasta alcanzar la edad máxima de 70 años, al personal de las categorías de médicos de Familia en sus diferentes destinos (equipos básico de Atención Primaria, dispositivos de apoyo, dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias, unidades de Urgencias Hospitalarias y Centros de Transfusión Tejidos y Células, etc.), Pediatras de Atención Primaria y Médicos de Admisión y Documentación Clínica”. Y amplía la prórroga voluntaria hasta los 67 años para Enfermería de grado y sus diferentes especialidades en puestos declarados “de difícil cobertura”.
“Esta prórroga será anual, pudiendo ser renovada”, siempre que el profesional cumpla con los requisitos normativos y pueda acreditar que cuenta con la capacidad funcional necesaria para ejercer su actividad, reza la resolución, firmada por el director gerente del SAS, Diego Agustín Vargas. La “actualización” del Plan de Recursos Humanos tiene el beneplácito de los sindicatos representados en la mesa sectorial de Salud, reunidos a tal efecto a finales del pasado enero.
La sanidad pública, en especial la atención primaria, se encuentra en este momento en el epicentro del debate público, tanto por las protestas sindicales y de pacientes como por la presión de los grupos de la oposición al Gobierno de Moreno. La falta “estructural” de médicos en Andalucía -un problema que afecta a toda España- ha obligado a la Junta a buscar vías alternativas para paliar la merma paulatina de personal.
Prolongar la edad de jubilación de forma voluntaria es una de ellas, pero la Consejería de Salud también ha recurrido al reclutamiento de médicos extracomunitarios -una medida excepcional que se ha duplicado en los últimos meses- y aumentar exponencialmente el número de pacientes, operaciones y pruebas de diagnóstico derivadas a la sanidad privada, rozando el millón en todo 2022.
La decisión más reciente, envuelta de polémica, es el borrador de la orden de Salud para unificar las tarifas que el SAS cobra a las clínicas privadas por las consultas, pruebas y operaciones que concierta con ellas. En esa norma, aún por aprobar, se incluye por primera vez la derivación de la atención primaria, con un coste de 65 euros la primera consulta al médico de familia. También se habilita jurídicamente a los médicos privados para usar las instalaciones de los hospitales públicos donde realizar las pruebas y las operaciones que la Junta concierta con ellos.
Los sindicatos sanitarios y la oposición de izquierdas han criticado duramente esta orden y han exigido su retirada o su modificación, argumentando que “abre la puerta a la privatización de la atención primaria”. La consejera de Salud, Catalina García, ha admitido que “no tiene ninguna duda” de que el SAS terminará usando a los médicos privados en sus propios hospitales públicos, pero ha descartado la derivación de pacientes de atención primaria a la privada “como regla general”. “Es una posibilidad sólo para casos de catástrofes, como terremotos o pandemias”, ha zanjado.
En la resolución publicada este lunes en el BOJA, la Consejería de Salud reconoce la “excepcionalidad” de autorizar a determinado personal sanitario que lo solicite “voluntariamente” prolongar “su permanencia en servicio activo” más allá de la “edad de jubilación forzosa” fijada en los 65 años; en concreto, “hasta cumplir, como máximo, los 70 años de edad”. “Esta excepcionalidad ha de ser autorizada por el servicio de salud 'en función de las necesidades de la organización articuladas en el marco de los planes de ordenación de recursos humanos'”, reza el documento.
Concretamente, se podrá autorizar su permanencia en “servicio activo” hasta los 70 años como máximo al “personal licenciado sanitario que reúna la capacidad funcional necesaria, de las categorías de Facultativos/as Especialistas de Área en sus distintas especialidades, Médicos/as de Familia en sus diferentes destinos --Equipos Básico de Atención Primaria, Dispositivos de Apoyo, Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias, Unidades de Urgencias Hospitalarias y Centros de Transfusión Tejidos y Células, etc.--, Pediatras de Atención Primaria y Médicos de Admisión y Documentación Clínica”.
Asimismo, “se posibilita la prolongación voluntaria de la permanencia en servicio activo hasta alcanzar la edad máxima de 67 años para enfermería de grado y sus distintas especialidades en puestos declarados de difícil cobertura”, según recoge también la resolución del SAS, que precisa que “esta prórroga será anual, pudiendo ser renovada, siempre que el profesional cumpla con los requisitos previstos en el artículo 26.2 (del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud) y persistan las necesidades detectadas en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos”.
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