El Gobierno andaluz ha resuelto en 48 horas la investigación interna que abrió el miércoles para determinar si su ex número dos en la Consejería de Salud, Miguel Ángel Guzmán, vulneró la Ley de Incompatibilidades de altos cargos al fichar por la aseguradora Asisa tres meses después de cesar como viceconsejero. El informe de la Consejería de Justicia concluye que su salto a la privada es incompatible ahora, pero no dentro de cuatro meses, según un comunicado del Gobierno de Juan Manuel Moreno difundido esta mañana.
Horas antes, el propio interesado había hecho un comunicado anunciando que aplazaba su incorporación en Asisa, prevista para este lunes, hasta conocer el resultado del citado informe de Justicia. La resolución de la Junta significa que Guzmán puede incorporarse a partir del próximo 29 de julio a una empresa privada a la que benefició con casi 44 millones de euros en contratos a dedo siendo gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
El informe ve incompatibilidad en el fichaje ahora, porque no han pasado los dos años preceptivos que establece la ley desde que Guzmán dejó de ser gerente del SAS -cuando firmó esos contratos sin concurso público a favor de Asisa-, pero dejaría de serlo dentro de cuatro meses, porque la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía no aprecia un conflicto de interés desde su nombramiento como viceconsejero de Salud, en 2022.
Su contrato por el Grupo Asisa “constituiría un incumplimiento de la normativa de incompatibilidades de altos cargos siempre y cuando la misma se produjera antes del 29 de julio de este año”, fecha en la que se cumplirían los dos años desde su cese en el SAS“, dice el comunicado.
Según el documento, que la Junta se niega a hacer público, la incompatibilidad estaría motivada por los 14 contratos que desde el SAS se firmaron con las entidades vinculadas al grupo de la empresa aseguradora entre noviembre de 2019 y junio de 2022. En esta etapa, “aunque los contratos no fueron firmados directamente por Guzmán”, sino por el Director General de Asistencia Sanitaria y Resultados por delegación de firma, “esto no altera la competencia”.
Por tanto, “de materializarse dicha relación contractual, constituirá un incumplimiento de la normativa de incompatibilidades de altos cargos”, concluye. En cambio, considera que “los datos de que se dispone no indican que pueda existir incumplimiento de la norma en la etapa de Miguel Ángel Guzmán Ruiz como viceconsejero”.
La Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante modificó en su Disposición final segunda la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos limita por incompatibilidad las actividades que pueden desarrollar dichos altos cargos durante los dos años posteriores a su cese.
“Por ello, en el caso de Guzmán los dos años de su cese como gerente del SAS se cumplirían el 29 de julio de 2024, fecha a partir de la cual podría formalizar su contrato”, sostienen desde el Gobierno andaluz. La Junta, por tanto, tampoco ve indicios de incompatibilidad en la acreditación como hospital universitario a dos clínicas privadas del Grupo Asisa -las únicas que ostentan este sello de calidad de la Junta en Andalucía- entre junio y diciembre de 2023, los últimos meses como viceconsejero de Guzmán, que cesó en el cargo el 27 de diciembre y fichó por Asisa tres meses después.
Fuentes de Justicia aseguran que el principal cambio que introdujo la reforma de la Ley de Incompatibilidades en 2021 es que a partir de ese año la competencia sancionadora pasa a la Oficina andaluza contra el Fraude y la Corrupción, ligada al Parlamento andaluz, a la que han recurrido los grupos Por Andalucía y Adelante Andalucía -y la asociación Facua- para denunciar el caso de Guzmán. El resto de la modificación, advierte la consejería, no es determinante para el resultado del informe de Inspección.
La Ley andaluza de Incompatibilidades de altos cargos, de 2005, prohíbe “el desempeño por sí o por persona interpuesta de cargos de todo orden, funciones de dirección o de representación, así como de asesoramiento y mediación de empresas o sociedades concesionarias, empresas inmobiliarias, contratistas de obras, servicios o suministros, o con participación o ayudas del sector público cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas”.
La oposición de izquierdas no ha tardado en juzgar el resultado del informe de Justicia como una “tomadura de pelo”, en opinión del PSOE, que considera que “es más un informe político que jurídico”. La consejera de Salud, Catalina García, da por “zanjado” el asunto y aventura que la aseguradora no contratará a Guzmán hasta julio, como indica el informe de Justicia.
La empresa Asisa, consultada por este periódico, ha dejado en el aire hasta el próximo verano la contratación del ex número dos de Salud. “Hemos tenido conocimiento de este informe, que lo acatamos como no puede ser de otra manera, y cumplimos estrictamente. La incorporación prevista para los próximos días no se va a producir. Ya se verá si se dan las circunstancias”, explica una portavoz de la compañía, que adelanta que se replantearán su fichaje “en septiembre”. “Es un perfil interesante para nuestra empresa y eso no ha cambiado, pero no hay un compromiso”, concluye, subrayando que el puesto que iba a ocupar -director médico para Andalucía- llevaba pendiente un tiempo y se quedará de momento vacante.