El presupuesto estimado por el Gobierno andaluz para reducir las listas de espera en la sanidad a través de contratos a dedo con clínicas privadas –sin publicidad ni concurrencia competitiva– es más del doble de lo previsto.
El Consejo de Gobierno del pasado 21 de febrero autorizó un gasto de 119,9 millones de euros para concertar operaciones quirúrgicas con la sanidad privada durante seis meses, de abril a final de año. El objetivo era derivar a 91.248 pacientes en ese lapso de tiempo, alegando que los recursos de la pública eran “insuficientes”.
Pero los expedientes de gasto autorizados en siete provincias -todas menos Málaga- recogen “un valor máximo estimado total” de los contratos a dedo de hasta 275,6 millones de euros.
Este incremento tiene que ver con una prórroga ya autorizada de los contratos por otros seis meses, más una partida extra para “modificaciones previstas” [del 20% de la base de licitación] y otra para “opciones eventuales” [hasta el 10%].
Este tipo de contratos a dedo está limitado en la Ley de Contratos del Sector Públicos para situaciones “de imperiosa urgencia” –como fue la pandemia del covid–, para casos “imprevistos” y “no imputables” a la propia Administración. Tras varias dimisiones y ceses encadenados en la cúpula del Servicio Andaluz de Salud (SAS), la nueva gerencia orilló las “dudas jurídicas” que planteaba este atajo para recortar unas listas de espera que llevan creciendo paulatinamente año y medio, desde junio de 2022.
Al finalizar 2023, los pacientes que habían rebasado el plazo máximo legal para operarse en la sanidad pública habían registrado otro repunte del 47%. Entre junio de 2023 y diciembre de 2023, la lista de espera para una cirugía dentro de plazo pasó de tener 134.749 pacientes a 142.507, unos 8.000 más.
Pero el cómputo de pacientes que había rebasado el límite legal de la Junta para operarse creció en 17.000 pacientes, de los 36.004 en el mes de junio –dato que ya sobresaltó a toda la comunidad sanitaria– a los 53.014 pacientes de diciembre.
Con este balance sobre la mesa, la Consejería de Salud puso en marcha este procedimiento de contratación sin publicidad con clínicas privadas, porque su primer plan de choque para reducir las listas de espera –anunciado en septiembre de 2023– está encallado.
Entonces, el SAS sacó a licitación dos Acuerdos Marco que fijaban las condiciones para contratar con la sanidad privada la derivación de miles de pacientes pendientes de una cirugía –por valor de 533,3 millones– y de pruebas diagnósticas, por un montante de 201,1 millones. Se trataba de una estrategia centralizada a la que podían concurrir todas empresas del sector, un sistema que buscaba “homogeneizar, racionalizar y estabilizar” las condiciones de contratación de los procedimientos quirúrgicos y las pruebas de diagnósticos derivadas a la privada.
Esta fórmula generó “muchas expectativas” en el sector, el SAS recibió más de medio centenar de ofertas y el procedimiento de adjudicación se ralentizó en la fase técnica de valoración, que arrancó el pasado enero. “Su tramitación es más laboriosa y requiere más tiempo”, reza la memoria justificativa de los contratos a dedo que, cinco meses después, vienen a suplir aquel vacío en los conciertos con la sanidad privada.
“Dada la complejidad de este procedimiento, se prevé que no esté resuelto antes de seis meses como mínimo, por lo que se hace necesaria la contratación mediante un negociado sin publicidad para este periodo y hasta que entren en vigor los contratos basados del acuerdo marco”, reza el documento.
Durante la presentación de este segundo “plan de choque” contra las listas de espera, la consejera de Salud, Catalina García, explicó que los nuevos contratos sin publicidad se interrumpirían en cuanto el Acuerdo Marco estuviera listo. Pero el SAS no espera que eso ocurra antes de fin de año “como mínimo”.
De hecho, aunque así fuera, el expediente de los contratos a dedo garantiza su vigencia durante los próximos seis meses, prorrogable hasta un año con más del doble del presupuesto inicialmente autorizado. “Los contratos basados del Acuerdo Marco no podrán realizarse antes de que se cumpla el periodo de vigencia de este contrato (6 meses)”, dice documento.
El llamado Plan de Garantía Sanitaria para reducir la lista de espera quirúrgica se presentó el 21 de febrero en Consejo de Gobierno con una inversión inicial prevista de 283,3 millones de euros. Entonces se explicó que el 42,4% del presupuesto –119,9 millones– iría a conciertos con las clínicas privadas, y el resto –163,3 millones– sería inversión pública (horas extra, apertura de quirófanos por la tarde, etc...).
En realidad, el Ejecutivo andaluz ha aprobado un marco presupuestario maleable, que puede prorrogarse y estirarse hasta los 12 meses. Así, el gasto base de licitación para concertar con clínicas privadas en Almería es de 17 millones, pero es ampliable a 39,1 millones; en Cádiz, de 16,5 millones hasta 38 millones; en Huelva, de 13,2 millones a 30,4 millones; en Jaén, de 18,5 millones a 42,6 millones; y en Sevilla, de un gasto inicial autorizado de 38,2 millones a los 87,8 millones de valor estimado.
No significa que todo ese dinero se vaya a gastar, pero sí que el Gobierno andaluz ha autorizado duplicar el presupuesto inicial “si fuera necesario”.
Hay otras dos provincias donde también está prevista la contratación sin publicidad con clínicas privadas –Granada y Córdoba–, que no han pasado aún por Consejo de Gobierno para su aprobación, pero sí cuentan ya con un “informe favorable” de la Intervención General firmado digitalmente el 15 de febrero.
El presupuesto para conciertos en Córdoba sería de cuatro millones -ampliables hasta los 9,2 millones-, por lo que no necesita la aprobación del Consejo. En Granada el presupuesto autorizado sería de 12,39 millones –ampliables hasta los 28,5 millones–.
El mismo día que el Consejo de Gobierno autorizó los primeros 103 millones de euros para contratos a dedo con clínicas privadas, se aprobó también una transferencia de financiación para extraer parte de ese dinero del presupuesto del SAS, en concreto de la partida destinada a vacunas y productos farmacéuticos.
El director general de Gestión Económica y Servicios del SAS, José Antonio Miranda, defiende en su memoria justificativa que el volumen de las listas de espera de pacientes para operarse –sobre todo aquellos que han rebasado el plazo máximo legal– es un problema de salud pública que debe atajarse de manera “prioritaria”.
Así, 89 de los 120 millones de euros con los que se financiarán estos conciertos que sustentan el plan de choque contra las listas de espera quirúrgicas (que se han disparado en el último año y medio) se obtendrán gracias a esta modificación presupuestaria que anula una partida prevista en el SAS.
El presupuesto asignado para conciertos con la sanidad privada, pintado en las cuentas para 2024 que se aprobaron hace apenas dos meses, ascendía a 405 millones de euros. Los contratos a dedo con clínicas privadas aprobados a finales de febrero –más los que aún deben pasar por el Consejo de Gobierno– y junto al trasvase de fondos de la sanidad pública al aumento de conciertos elevan esa partida considerablemente. La “necesidad de crédito estimada para 2024” asciende a 586,7 millones de euros, según consta en la memoria justificativa del área de Gestión Económica y Servicios del SAS.
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