El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha autorizado los contratos sin publicidad ni concurrencia competitiva con clínicas privadas para tratar de controlar unas listas de espera desbocadas, con más de un millón de pacientes a la cola y alrededor de 53.000 fuera ya del plazo máximo legal para operarse.
Este tipo de contratos a dedo está limitado en la Ley de Contratos del Sector Públicos para situaciones “de imperiosa urgencia” –como fue la pandemia del covid–, para casos “imprevistos” y “no imputables” a la propia Administración. Sin embargo, la Consejería de Salud ha sorteado todas las “dudas jurídicas” que planteaba esta fórmula para recortar unas listas de espera que llevan creciendo paulatinamente año y medio, desde junio de 2022.
La Junta de Andalucía ha autorizado un gasto de 119,9 millones de euros para derivar a clínicas privadas a más de 91.000 pacientes que llevan aguardando meses para operarse. El objetivo es vaciar en seis meses –de abril a diciembre– las abultadas listas de espera que colapsan el Sistema Andaluz de Salud (SAS) y comprometen la gestión de Moreno.
El pasado junio, la Junta informó al Ministerio de Sanidad de que tenía más de un millón de andaluces esperando una cirugía o una cita con el especialista –el 12% de la población– y que 36.000 de ellos habían rebasado con creces el plazo máximo legal para ser intervenido en un hospital público. El aumento en sólo un año había sido del 227%. Desde entonces, esa cifra ha seguido incrementándose hasta un 47% y a finales de 2023 alcanzó los 53.000 pacientes fuera del plazo legal para operarse.
La Consejería de Salud reconoce que las listas de espera en Andalucía están desbocadas por un conjunto de factores, algunos compartidos con otras comunidades –la resaca de tres años de pandemia que voltearon todo el sistema sanitario–; la falta estructural de médicos; el envejecimiento de la población con el consecuente aumento de pacientes crónicos y oncológicos (un 61% más en el último caso).
Pero un factor genuinamente andaluz tiene que ver con la gestión de recursos y la dependencia absoluta de los conciertos con la sanidad privada. Entre enero y junio de 2023 finalizaron en Andalucía los conciertos ordinarios en cinco de las ocho provincias: Almería, Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla, lo que redujo la actividad quirúrgica un 40% respecto a 2022: se derivaron a clínicas privadas 19.000 operaciones menos.
Desde entonces, el Gobierno de Moreno ha confrontado las listas de espera con los recursos de la sanidad pública –aumentando horas extra, abriendo quirófanos de tarde–, pero sin sacar nuevos conciertos. La conclusión a la que se llegó es que el sistema público de salud era “insuficiente” para afrontar la crisis –pese a contar con “el presupuesto sanitario más abultado de la historia”– y se empezó a trabajar en un modelo de externalización más estable.
En octubre, la Junta presentó su primer plan de choque contra las listas de espera, que pasaba por implantar unos acuerdos marcos para regularizar y estabilizar los conciertos con la sanidad privada por un periodo de cuatro años –prorrogable otros cuatro– y un presupuesto estimado de 734 millones de euros.
Ese ambicioso plan tropezó, primero, con el tribunal administrativo que controla los contratos de la Junta de Andalucía, y luego se ha desarrollado muy lentamente porque las empresas privadas que optan a los lotes de operaciones del SAS tienen que atravesar informes técnicos muy exhaustivos.
El departamento de Catalina García no cree que estén listos antes de mayo y la situación clínica y política –la presión social y parlamentaria– les ha “obligado” a buscar un atajo para acelerar las derivaciones a la privada y menguar las listas de espera antes de que termine el año.
Ese atajo son los procedimientos negociados sin publicidad, esto es, contratos a dedo con clínicas privadas que están regulados en la Ley de Contratos del Sector Público, de 2017. El problema es que la Consejería de Salud ha dado este paso esquivando las “muchas dudas jurídicas” que existían en la actual dirección del SAS acerca de la justificación legal de usar este tipo de contratos en las actuales circunstancias. Y que se han puesto de manifiesto en varias reuniones de alto nivel, antes de elevarlo al Consejo de Gobierno el pasado miércoles.
El artículo 168.b de la ley, que recoge los supuestos en los que una administración puede obviar la publicidad y la concurrencia competitiva para contratar a dedo con empresas privadas “obras, suministros y servicios”, limita el uso para casos en los que haya “una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo”.
En este caso, la Consejería de Salud y su gabinete jurídico deben justificar que el descontrol actual de las listas de espera de pacientes en el SAS responde a esa “imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles” que refiere la ley, y que además “no es imputable” a la propia Administración.
Fuentes de la dirección del SAS admiten a este periódico que “había muchas dudas” al respecto antes de autorizar los contratos negociados a dedo con clínicas privadas para solventar un problema que viene de largo, y por tanto es difícil catalogar como “imprevisible”, y que es complejo no imputar en parte a la propia gestión del Gobierno andaluz. Las listas de espera de pacientes han estado creciendo paulatinamente desde hace más de un año y con más celeridad en los últimos ocho meses, como confirman los datos que la Junta remitió al Ministerio el pasado junio y los que la consejera hizo públicos el jueves.
En este tiempo, el Gobierno andaluz ha tenido paralizados los conciertos con la sanidad privada –desde junio de 2023– alegando “no disponibilidad presupuestaria para la renovación de conciertos al tener que hacer frente a la deuda que anteriores gobiernos de la Junta contrajeron con los Hospitales Pascual en la provincia de Cádiz. En 2023 la Consejería de Salud abonó las mensualidades que faltaban por valor de 96,8 millones de euros.
En este tiempo, también, la Junta ha puesto en marcha un procedimiento abierto para combatir las listas de espera con derivaciones a la privada: los cuatro acuerdos marco que ya están licitados y abiertos los primeros sobres con las ofertas de las empresas que concurren a los lotes de operaciones quirúrgicas. Un sistema que está a medio resolver, ralentizado por los estudios técnicos, y cuya demora justifica –según la Junta– la contratación a dedo con clínicas privadas hasta final de año. Para los contratos negociados sin publicidad, la ley exige a la Administración invitar a tres empresas, aunque la consejera anunció que llamarían a todas para ser más “garantistas”.
En términos prácticos, la utilidad de este artículo es la misma que tiene el artículo 120 de la misma ley, que también permite a la Administración contratar a dedo, pero en este caso en situaciones imprevisibles de emergencia. Son dos figuras jurídicas para el mismo cometido. En Francia, por ejemplo, es la misma para ambos casos de “imperiosa urgencia”.
La Junta de Andalucía usó sistemáticamente el artículo 120 de la Ley de Contratos Públicos durante la pandemia de covid, amparándose también en el marco regulatorio excepcional que aprobó el Gobierno central para aquellos días.
Aunque el Ejecutivo de Moreno siguió usándolo dos años después de su derogación, ya con la pandemia en remisión, para seguir menguando sus listas de espera con derivaciones de pacientes a la privada. Salud prorrogó esos contratos a dedo amparándose en un decreto ley derogado y tirando del artículo 120 de la Ley de Contratos Públicos hasta junio de 2023, cuando este periódico sacó a la luz las licitaciones sin publicidad ni concurrencia competitiva con las clínicas privadas, y la Junta anunció de inmediato que cesaban en ese momento.
El presupuesto total alcanzó los 234 millones de euros. Tras cortarse el sistema excepcional que había durado dos años, las listas de espera en la sanidad pública se dispararon. De ser las más bajas de España en el verano de 2022 a ser las más altas en diciembre de 2023.
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