EDUCACIÓN
El Ministerio de Educación se reunió este martes con las comunidades autónomas para aprobar el segundo paquete de fondos europeos destinado a extender la escolarización en el primer ciclo de Infantil: de 0 a 3 años. El objetivo de esta partida del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea (UE) es universalizar la educación en la etapa más temprana, que en España no es obligatoria ni gratuita para todos.
Andalucía cuenta con el 52% de niños en esa franja de edad matriculados en guarderías, lo cual le supone un coste anual de 300 millones de euros. El Gobierno de Juan Manuel Moreno comparte este objetivo, pero discrepa profundamente del método para conseguirlo. Y en esto el caso andaluz es el más atípico del país, porque otras comunidades gobernadas por el PP, como Madrid, han aceptado el dinero y las condiciones de Bruselas, y su ritmo de plazas públicas creadas en el primer año de ejecución -2021- es óptimo, según fuentes del ministerio.
El caso andaluz es atípico, porque su modelo de educación Infantil de 0 a 3 años -de colaboración público privada- es muy distinto al que la UE ha pactado con España y el resto de países miembros -público y gratuito-. Es un modelo implantado hace más de 30 años por los gobiernos socialistas y prorrogado por el actual Ejecutivo del PP, que ayer lo calificaba de “éxito”.
Saltar de un sistema a otro o compaginar ambos modelos no sólo es complejo por el volumen de la población escolar andaluza de esa edad (alrededor de 100.000 niños, un 23,7% del alumnado en esta etapa de toda España). ¿Cuál es la diferencia fundamental? La apuesta del Ministerio es por plazas de titularidad públicas y gratuitas; la apuesta de la Junta es por plazas en escuelas privadas con un precio subvencionado para las familias en función de la renta.
El encaje es complejo, por eso el Gobierno de Moreno vaciló el año pasado, cuando arrancó el programa: primero rechazó por escrito los 123 millones de euros asignados a Andalucía para los próximos tres años, que le comprometen a “poner en funcionamiento” más de 12.000 plazas de guarderías “públicas y gratuitas”. Luego rectificó.
La Junta aceptó de mala gana la primera partida de esos fondos -37 millones de euros para 4.023 plazas nuevas en 12 meses-, pero en paralelo ha seguido defendiendo su sistema de bonificaciones a familias y subvenciones a escuelas privadas, que son la mayoría en Andalucía.
El Gobierno de Moreno presiona con una mano al Ministerio de Educación para que pelee en Bruselas por una “flexibilización” en los criterios para usar esos fondos europeos destinados a ampliar la educación infantil de 0 a 3. Es decir, para que el dinero no vaya necesariamente a “crear” edificios, escuelas nuevas, plazas nuevas, sino para destinarlo a sus bonificaciones, para llegar a más familias, dado que en la actualidad Andalucía tiene 22.000 plazas vacantes, porque muchos hogares no pueden permitirse abonar ni siquiera el precio público subvencionado por la Junta.
Este es el pulso que se abrió hace un año, y la Junta avanzó por esa doble senda este martes: Andalucía aceptó el segundo pago del dinero de Bruselas, otros 61,1 millones de euros para “crear” otras 4.023 plazas de guardería el año que viene, pero siguió defendiendo públicamente que no renuncia a su modelo y que espera que el Gobierno central convenza a las autoridades europeas de que su propuesta encaja con el objetivo que persigue el plan.
La consejera del ramo, Patricia del Pozo, alertó al Ministerio de Educación del “peligro de perder una oportunidad única” con los fondos extraordinarios de la UE “si no cambia el criterio” para gastarlos, informó la consejería en una nota de prensa. Su propuesta fue “redirigir” los 123 millones que le corresponden a Andalucía a bonificar a las familias para acceder a escuelas privadas conveniadas que ya existen -con puestos vacíos en muchos casos-, “descartando la creación de más plazas públicas”.
El departamento de Pilar Alegría no contempla ese escenario, de momento, y advierte de que si Andalucía no cumple con lo estipulado en el plazo previsto, “tendrá que devolver el dinero a Bruselas”. Los recelos de la Junta no sólo tienen que ver con la defensa de su modelo. Un informe de la Consejería de Hacienda ya alertó a Educación de que si se creasen esas 12.000 plazas públicas con dinero europeo, el Gobierno andaluz tendría que asumir el coste con fondos propios estructurales para dar continuidad a esas escuelas a partir de 2024, cuando concluya la última remesa.
Las primeras 4.024 plazas públicas y gratuitas de guardería en Andalucía, con fondos europeos, deben estar “en funcionamiento” y justificadas ante las autoridades europeas “antes del 31 de marzo” del año que viene. Para lograrlo, la Junta publicó el pasado verano una convocatoria de subvenciones de concurrencia no competitiva dirigida a los ayuntamientos interesados en crear escuelas infantiles en sus municipios. Se presentaron 46 ayuntamientos de los 785 de Andalucía, según los datos aportados por la Consejería de Desarrollo Educativo, aunque hasta final de año no se sabrá si todos cumplen los requisitos para acceder al dinero.
El departamento de Del Pozo no aclara a este periódico cuántas plazas de las comprometidas se han creado hasta el momento y cuántas confía en sumar con la iniciativa de los ayuntamientos. El Ministerio tampoco aporta datos desglosados por comunidades, pero contabiliza hasta el momento 18.200 plazas públicas creadas en oda España a lo largo de 2022, de las 21.794 comprometidas con Bruselas para el primer año.
El decreto al que ha dado el visto bueno la conferencia sectorial de Educación este martes fue aprobado por el Consejo de Ministros hace un par de semanas, manteniendo los mismos criterios para el reparto del dinero comprometidos en el acuerdo suscrito entre Bruselas y el Gobierno de España. Y esos criterios son un problema serio para Andalucía, porque distorsionan completamente su modelo de educación Infantil.
La aceptación de este dinero obliga a los gobiernos regionales a “crear y poner en funcionamiento” plazas “públicas y gratuitas” en escuelas infantiles de 0 a 3 años. A Andalucía le corresponden 123 millones de euros repartidos en tres años para crear un total de “12.069 plazas públicas y gratuitas antes del 15 de septiembre de 2024”. Según el cronograma de reparto de fondos, la primera partida ascendió 37 millones de euros, correspondientes a 2021; otros 61 millones para 2022 y finalmente 24,8 millones a finales de 2023.
En Andalucía, la mayoría de las guarderías son privadas y están conveniadas por la Junta, que establece un precio público y subvencionado de la plaza (320,71 euros al mes con comedor). Las familias con rentas más bajas reciben bonificaciones para abaratar el coste, que oscilan entre el 10% y el 100% del precio total.
El 50% de las familias con niños de 0 a 3 años escolarizados en Andalucía no paga nada (unos 45.000 alumnos), porque su situación económica está por debajo del umbral que fija la Junta. El 52% de la población escolar de 0 a 3 años en Andalucía está matriculada en una escuela infantil. El 48% restante renuncia a ella, principalmente, “porque no puede pagar un importe significativo para cualquier economía familiar”, admiten desde la consejería.
Hay cerca de 124.000 plazas de pago bonificadas en las 2.143 escuelas infantiles que existen en la comunidad. La mayoría de ellas son de titularidad privada, conveniadas por la Junta; y 770 son públicas: 170 de titularidad autonómica y 550 de otras administraciones (ayuntamientos, mancomunidades de municipios...), según datos del pasado curso escolar.
En el nuevo Gobierno de Moreno, la cartera de Educación ha pasado de un consejero de Ciudadanos -Javier Imbroda- a una consejera del PP, Patricia del Pozo. Pero la posición política no ha cambiado. La Junta persiste en su idea de que se “cambien los criterios”, que se “flexibilicen” o que se adapten a la realidad andaluza. Desde la consejería aseguran que hay “conversaciones no sólo a nivel político, sino técnico” en el que creen factible la manera de “compatibilizar” ambas fórmulas para lograr el objetivo común, esto es, universalizar la gratuidad del 0 a 3 años. En el caso andaluz, vía subvenciones.
El discurso del Ministerio de Educación es rotundo: no se van a cambiar los criterios del uso de fondos europeos que ya se han asignado, que Andalucía ha aceptado firmando un documento donde se recogen esos requisitos, que está aprobado en un decreto en Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Tanto la propuesta de distribución territorial de los fondos como los criterios de reparto del dinero constan en el acuerdo suscrito entre España y la Comisión Europea, en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia para universalizar progresivamente la gratuidad de 0 a 3 años. También se votaron y aceptaron en una Conferencia Sectorial de Educación de noviembre de 2021, por una mayoría de 13 comunidades [con abstención de Andalucía], y una semana después el Consejo de Ministros aprobó definitivamente la distribución a las comunidades de la primera partida de los fondos, que ascendió a 200 de los 670 millones de inversión total prevista para los próximos tres años.
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