El grupo parlamentario Por Andalucía ha señalado este miércoles que ha solicitado informes de la Intervención General de la Junta, entre otra documentación, en relación a la “proliferación de contratos, prórrogas, adendas a contratos de emergencia” con “sospecha de ilegalidad” que “han levantado una nueva y lógica preocupación” porque el modo de proceder al respecto por parte del Consejo de Gobierno del PP-A podría asemejarse al “corazón” del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
Así lo ha señalado la portavoz del grupo de IU, Podemos y Más País, entre otras formaciones de izquierda, Inmaculada Nieto, en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha apuntado que por parte de su grupo no pueden ahora mismo “descartar ningún camino” a seguir en relación a esta actuación de la Junta, porque aún carecen de una “composición precisa” de lugar, porque faltan por conocer algunos documentos no publicados en la web de la Administración andaluza en relación a estas contrataciones que “no son menores”, según ha puesto de relieve.
En concreto, ha subrayado que “la opinión de la Intervención General de la Junta es importante para esto y para fijar qué posición ha podido tomar el Consejo de Gobierno” en relación a este asunto, y ha agregado que “por cada contratación debe haber un expediente, pero lo que hay subida a la web” de la Junta “es una maraña de expedientes que hacen referencia a diferentes momentos con diferentes proveedores con precios inciertos”.
Por eso, ha defendido que ahora es “el momento de pedir documentación, estudiarla con rigor y pedir explicaciones en sede parlamentaria”, y “a partir de ahí no descartamos ninguna vía si lo que ahora es una sospecha de ilegalidad se convierte en algo más”, ha advertido.
Inmaculada Nieto ha detallado así que Por Andalucía ha registrado solicitudes de información y documentación “para completar los expedientes que, aunque están subidos a la web de la Junta, no están completos; para conocer los informes de la Intervención, de las Intervenciones Delegadas, las motivaciones de los contratos, y tener una composición de lugar precisa”.
Además, ha subrayado que Por Andalucía ha sido “el único grupo que ha solicitado que haya una comparecencia del Consejo de Gobierno” que espera que se sustancie en el Pleno de la semana que viene --teniendo en cuenta que también el Consejo de Gobierno ha solicitado comparecer a petición propia, según ha avanzado--, para que desde el Ejecutivo del PP-A se explique “por qué ha hecho un abuso de la contratación de emergencia y, por tanto, un descuido de dinero público con un incremento de gasto formidable que ya anda por encima de los 240 millones de euros en contratos que se han encadenado sin el soporte legal debido”, según ha incidido.
Inmaculada Nieto ha llamado la atención acerca de que “no es la primera vez” que el Gobierno de Juanma Moreno “utiliza la pandemia como excusa para hacer lo que no debe, o para eludir los procedimientos legales establecidos en cada caso”, y al respecto ha citado el caso de los “contratos exprés” durante la pandemia.
“Esperemos que haya unas explicaciones en sede parlamentaria que nos ayuden a resolver algunas preguntas” como la de “cómo es posible que, estando advertido el Consejo de Gobierno en su conjunto, mediante una instrucción de la Consejería de Hacienda, para que no se abusara de la contratación de emergencia, aún así se siguiera produciendo ese abuso y elaboración de contratos con un procedimiento que ya no tenía asidero jurídico ni razón de ser por haber acabado el momento excepcional de la pandemia”.
Son preguntas, según ha abundado la portavoz de Por Andalucía, que “deben tener una respuesta política en sede parlamentaria” por parte de la Junta, y que se puedan responder “con la documentación” solicitada por su grupo desde el Parlamento.
Inmaculada Nieto ha añadido que los “indicios de ilegalidad” que atisba tras ese caso y “este despropósito político en el que un Consejo de Gobierno se obceca en mantener un procedimiento aun a sabiendas de que no es el procedimiento legal estuvo en el corazón” del caso de los ERE y a la anterior administración socialista andaluza le “trajo reproches severísimos de tipo penal a quienes, sabiendo que no estaban haciendo lo correcto, insistían en hacerlo”.
La también responsable de Política Institucional de IU Andalucía ha defendido que son “muy contundentes las evidencias que avalan que este procedimiento ha sido la continuidad de un gobierno que venía abusando de la contratación de emergencia y que ya ha descuidado mucho el dinero público, y especialmente cuando se trata de operadores privados de la salud”.
Por otro lado, Inmaculada Nieto ha aludido a la orden de la Consejería de Salud y Consumo que fue corregida la semana pasada y que fija tarifas para la posible derivación de actos de la sanidad pública --incluidos de atención primaria-- a la sanidad privada, para subrayar que el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, este pasado martes “eludía expresar de manera clara qué va a hacer” con ella, pese a que tanto sindicatos como grupos de la oposición y “mareas en defensa de la sanidad pública” han solicitado su corrección y “que se quite” de la misma “lo que tiene que ver con la tarifación los actos de la atención primaria y la utilización de hospitales públicos por parte de empresas privadas de la salud”.
“Esperemos que esa clarificación a la que ayer (Antonio Sanz) decía no tener voluntad de negarse, se concrete en una nueva orden o en otra fórmula normativa que permita que esos cambios no estén en un preámbulo, como en la primera corrección, que no tiene ningún tipo de vinculación jurídica”, sino que esté “en el cuerpo de la misma”, ha zanjado Inmaculada Nieto.
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