El pasado miércoles echó a andar el Comité Técnico sobre símbolos contrarios a la memoria democrática de Andalucía, un órgano de consulta y asesoramiento que llega con cuatro años de retraso: emana de una orden aprobada en julio de 2020 por la entonces Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, en aplicación de la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. La que fuera consejera del ramo en ese momento, Patricia del Pozo, optó por esta fórmula en lugar de un decreto porque era “lo más lógico, lo más ágil y lo más eficaz”, y en marzo de 2022 dijo que el Comité Técnico se reuniría “muy pronto”.
Lo cierto es que se acaba de constituir, casi cuatro años después de su aprobación, para “asesorar” a la Consejería “en relación con la determinación de los elementos contrarios a las políticas de memoria democrática en Andalucía”. “Es un procedimiento que ha durado más de lo que nosotros hubiéramos querido”, asegura ahora el actual consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, en declaraciones a elDiario.es Andalucía.
“Ha sido muy complicado integrar a los miembros del comité. Íbamos buscando diferentes personas que quisieran formar parte del comité y teníamos muchas veces la negativa por respuesta por diferentes cuestiones. Nos ha costado un poco más de tiempo pero, bueno, ya se ha constituido, y en cualquier caso estamos también abiertos a nuevas incorporaciones en fechas próximas, de manera que podamos trabajar en ese objetivo fundamental que la Ley de Memoria Histórica y Democrática preveía para Andalucía”, dice Bernal, quien asegura que la elección de sus integrantes “se ha basado en que tuvieran conocimientos técnicos en materia de historia contemporánea y que nos pudieran ayudar en esta función. No hay ningún criterio específico, nada más que la formación y la experiencia”.
Asuntos como el de la tumba de Gonzalo Queipo de Llano podrían haber sido abordados por el Comité Técnico a partir de que el Comité fue creado en julio de 2020 pero no fue hasta noviembre de 2022, con base al artículo 38.3 de la entonces recién aprobada Ley estatal de Memoria Democrática. “Ni orden ni decreto, y Queipo sigue ahí”, clamaba en 2019 el movimiento memorialista. No fue hasta la entrada en vigor de la ley nacional cuando los restos mortales del general golpista fueron exhumados. “No es bueno buscar el conflicto desenterrando esos horrores”, argumentaba la consejera Del Pozo apenas un año atrás.
Gonzalo Queipo de Llano fue el ejecutor de la “matanza fundacional del franquismo”, como define el historiador Francisco Espinosa Maestre, que dejó en Sevilla unos 14.000 asesinados, según el investigador José María García Márquez. La ley andaluza de 2017 ya instaba a la actuación “cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”.
Para Antonio Manuel Mateos, portavoz de la Federación Andaluza de Memoria Democrática, con la constitución del Comité Técnico, de la que no se ha informado al movimiento memorialista andaluz, lamenta, la Junta de Andalucía “sale al paso de la mejor manera que se le ha ocurrido” coincidiendo con la moción debatida precisamente el pasado miércoles acerca de las políticas memorialistas que está llevando a cabo el Gobierno de Juan Manuel Moreno, cerrando la puerta, entre otras cuestiones, a que la fosa común donde yacen los restos del padre de la patria andaluza (Pico Reja, en Sevilla) sea declarada como Lugar de Memoria.
De acuerdo a la citada Orden que en 2020 reguló el Comité Técnico, aparte de los altos cargos de la Junta, también lo integrarán “tres personas que, por su cualificación profesional o trayectoria social o académica, sean consideradas expertas conocedoras del período histórico al que se refiere la normativa reguladora de esta materia”.
En septiembre de 2021, la Junta ya andaba tras la pista de esas personas, de acuerdo a las palabras de la exconsejera Del Pozo: “Tiene que haber tres expertos con conocimientos en la materia”, que son propuestos por la propia Consejería. “Soy consciente de que falta el nombramiento de esas tres personas, pero me gustaría que fuesen personas de muchísimo consenso, que fueran referente por su formación, trayectoria reconocida, de concordia, y conocimiento de la Historia, y que no generaran ningún tipo de rechazo sino todo lo contrario. Lo tenemos sobre la mesa y lo tenemos que resolver”, argumentó la entonces responsable de memoria histórica.
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