El Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía creado en mayo de 2018 tiene entre sus funciones “elaborar cuantos informes y recomendaciones considere necesario efectuar en relación con la política de memoria democrática de la Junta de Andalucía”. El pasado mes de abril, tres de sus miembros, representantes de entidades memorialistas que también forman parte del organismo, expusieron por carta a la consejera de Cultura y presidenta del Consejo, Patricia del Pozo, varias cuestiones relativas a las actuaciones del Comité Técnico que debe relacionar los elementos contrarios a la memoria histórica que deben ser retirados o eliminados. También se interesaron por la tramitación de los procedimientos de declaración de Lugar de Memoria Histórica pendientes en Andalucía. Pedían diversa documentación para abordarlo con fundamento en la siguiente reunión del Consejo, prevista para julio. “Nos nos mandaron nada y solo nos dijeron que los miembros del comité se iban a nombrar, pero nada más”, señalan fuentes de las entidades.
Como ya expuso la propia el Pozo a este periódico hace unas fechas, falta el nombramiento de las “tres personas que, por su cualificación profesional o trayectoria social o académica, sean consideradas expertas conocedoras del período histórico al que se refiere la normativa reguladora de esta materia”, según consta en la Orden por la que se regula el Comité Técnico, aprobada el 27 de julio del año pasado. Casi quince meses después no ha trascendido avance alguno del órgano colegiado mientras asuntos como el de la tumba de Gonzalo Queipo de Llano podrían ser abordados, puesto que el comité debe “asesorar al órgano directivo competente en memoria democrática en la determinación de los elementos que sean contrarios a los objetivos de la Ley 2/2017 y que no hayan sido retirados o eliminados voluntariamente por sus titulares”, entre otras cuestiones. Queipo fue el ejecutor de la “matanza fundacional del franquismo”, como define el historiador Francisco Espinosa Maestre, que dejó en Sevilla unos 14.000 asesinados, según el investigador José María García Márquez.
Precisamente por el tiempo pasado desde la creación del comité, Antonio Naranjo (en representación de la Asociación Memoria Libertad y Cultura Democrática), Miguel Ángel Valdivia (de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén) y Rafael Gil Bracero (de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica) se interesaban en aquella carta por los trabajos realizados en la elaboración de la relación de elementos contrarios a la memoria a que se refiere el artículo 32.6 de la ley andaluza, así como por la identidad de las tres personas que debían ser designadas, sus méritos tenidos en cuenta y sus currículum vitae.
“Me gustaría que fuesen personas de muchísimo consenso, que fueran referente por su formación, trayectoria reconocida, de concordia, y conocimiento de la Historia, y que no generaran ningún tipo de rechazo sino todo lo contrario. Lo tenemos sobre la mesa y lo tenemos que resolver”, dijo la consejera a este medio, sin que hasta el momento haya trascendido novedad alguna. Los representantes memorialistas en el Consejo también preguntaron por aquellos “asuntos que hayan tenido entrada por cualquier vía en la Consejería o expedientes abiertos y, en su caso, informes, dictámenes o cualquier otra documentación elaborados por el Comité Técnico en el marco de las funciones que tiene encomendadas”, así como la “relación de reuniones celebradas por el Comité Técnico y actas de sus sesiones”. Ninguna de esas solicitudes de información tuvieron respuesta, aseguran las entidades.
Fuentes de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico tampoco detallan, a preguntas de este medio, las actuaciones del comité técnico ni si han dado respuesta a los planteamientos de los miembros del Consejo. En cuanto a la tramitación de los procedimientos de declaración de Lugar de Memoria Histórica de Andalucía por la que también preguntaban los representantes de las entidades, pertenecientes a la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática, estas fuentes aluden a la señalización este mes de septiembre por parte de la Junta de una placa en la esquina donde murió Francisco Rodríguez Ledesma, un albañil de Sevilla afiliado a CCOO que falleció de un disparo policial en 1977. 'Paco' fue homenajeado por el Ayuntamiento en enero de este año, y antes recibió el recuerdo de sus vecinos con una primera placa en su honor.
Ese Lugar de Memoria fue aprobado el 30 de junio de 2020 junto a la comisaría de La Gavidia en Sevilla y el refugio antiaéreo de Villanueva de Córdoba. Los tres expedientes del procedimiento de inscripción en el Inventario de Lugares de Memoria arrancaron en los últimos días del anterior Gobierno de la Junta, según constan en los BOJA de 16 y 17 de enero de 2019. Los miembros del Consejo de Memoria querían conocer con exactitud el estado de tramitación de los expedientes que se iniciaron ahora hace cuatro años con motivo de la aprobación de la ley andaluza por parte del Parlamento de Andalucía, sin ningún voto en contra, cabe recordarlo.
En el escrito también se recuerda que la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática ya preguntó el pasado mes de febrero por los expedientes cuyo procedimiento se inició, como ya se ha dicho, en enero de 2019, y que incluye, aparte de los tres ya aprobados, los siguientes Lugares de Memoria: la Colonia de Víznar (Granada), el Campo de concentración de Santiago e Higuera de Calatrava (Jaén), el Convento de Santa Úrsula (Jaén), la vieja cárcel de Úbeda (Jaén), el Palacio de la Aduana de Málaga y la antigua sede de la Jefatura Superior de Policía, situada en la Plaza de la Concordia de Sevilla.
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