El argumento político sobre el “castigo” del Gobierno Central a Andalucía (que ya usase con eficacia el PSOE en su momento) ha sido el hilo central del Consejo de Gobierno que se ha celebrado en el Palacio de Viana de Córdoba, con motivo de los 25 años de la declaración del Casco Histórico de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y en el que el ejecutivo andaluz ha hecho balance de su primer año de legislatura.
El presiente Juan Manuel Moreno ha desgranado los agravios que, a su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez está cometiendo con la comunidad autónoma. Desde los 4.000 millones de euros de deuda histórica “aparcados”, la “retención de 1.300 millones de entregas a cuenta del IVA” (a lo que achaca la dificultad para contratar personal sanitario), o el caso de la fábrica de Santa Bárbara y el despido de 500 trabajadores “por una decisión arbitraria de Madrid”.
Moreno ha terminado la enumeración reprochando la “actitud de tutela o intervención cuando estamos cumpliendo el objetivo de déficit”, extremo incorrecto éste ya que en 2018, aún con Gobierno socialista, se incumplió por una décima este objetivo. De hecho, este incumplimiento del objetivo de déficit ha provocado la expulsión de la comunidad autónoma de los mercados privados, donde en el último año venía financiando en torno a 5.000 millones de euros al año.
En este punto, ni el presidente ni el vicepresidente del Gobierno andaluz han aclarado si la comunidad autónoma se acogerá al Fondo de Liquidez Autonómica después del intercambio de correspondencia entre el consejero de Hacienda, Juan Bravo (no presente en este consejo por motivos personales) y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “El plan de ajuste lo tenemos, ya hemos hecho los deberes, y se llama presupuestos de 2020”, asegura Moreno.
Esta batalla entre administraciones se ha hecho más cruenta después de que se notificase la expulsión de los mercados privados de Andalucía. Quien notificó la expulsión fue el Ministerio de Hacienda, en manos de María Jesús Montero, ex consejera de la Junta y, a la sazón, responsable de las cuentas andaluzas de 2018, año del desvío. A partir de ese momento, el Gobierno andaluz ha hablado de “intervención” de las cuentas andaluzas, de aplicación “del 155” en la comunidad y ha abierto una guerra de “maltrato” a la región por parte del Ejecutivo de Sánchez.
Desde entonces el consejero de Hacienda, Juan Bravo, y la ministra del ramo, María Jesús Montero, han intercambiado sendas cartas. En la primera, Bravo solicitaba la búsqueda de una solución mixta (FLA más mercados) para Andalucía, argumentando que la mayor preocupación de la Consejería de Hacienda no es tanto el plan de ajuste al que está obligada para corregir el desvío de una décima en el déficit -cifrado en 170 millones de euros-, sino el “golpe a la credibilidad de Andalucía si se consuma que abandona los mercados”.
Por su parte, Montero le ha contestado esta semana que no es posible esta solución y le ha recordado que acogerse al FLA “es voluntario”. La ministra ha aprovechado para agradecer al consejero que no haya utilizado la palabra “intervención” en su misiva, una afirmación que, a su juicio, es “absolutamente desproporcionada”; extremo este último que comparte el Consejero de Economía de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, quien, en una entrevista a eldiario.es/andalucia reconoció que “la palabra intervención suena muy fuerte, no es conveniente utilizarla”.
Montero también recordó en su carta que “no hay precedentes de que una comunidad adscrita al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) haya solicitado salir a los mercados”. “Esto tiene solución si hay voluntad de solucionarlo”, dice el presidente andaluz, y asegura que hay margen para la “flexibilidad” y para “salir a los mercados” de manera “compatible” con otros fondos como el FLA. En cualquier caso, el Gobierno andaluz sigue sin desvelar si se acogerá finalmente a este fondo u optará a jugar sus cartas en los mercados financieros.