La Memoria Histórica ha andado en muchas ocasiones con cierta cojera del apoyo institucional. Una muestra es la práctica desaparición de las subvenciones autonómicas en el último bienio. Hay convenios puntuales –entre diputaciones, ayuntamientos y asociaciones–, pero por la crisis económica o por otras razones, incluso el Gobierno central se acoge al presupuesto cero para proyectos memorialistas. Solo en Andalucía y País Vasco, como islotes regionales a norte y sur de la península, subsisten estas ayudas.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012 reflejaron un recorte del 60% en esta partida, que pasó de 6,2 millones de euros a 2,5 millones. Esta cantidad se destinó en exclusiva a exhumaciones, lo que provocó la paradoja de que el Gobierno de Mariano Rajoy consignase más dinero a este fin que el de José Luis Rodríguez Zapatero un año antes (1,9 millones en 2011). En los PGE de 2013, sin embargo, se elimina cualquier asignación a la Comisión Interministerial creada para la Memoria Histórica.
En Andalucía, hasta 1982
En el caso de Andalucía, la Junta ha hecho pública la orden de subvenciones relativas a la Memoria Democrática y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura. Para el vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, la iniciativa apela al Estatuto de Autonomía para Andalucía, que exhorta a “salvaguardar, conocer y difundir la historia de lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades”.
Además, en el marco de lo que han renombrado como memoria democrática se incluye este año el periodo de 1975 a 1982, es decir, la “memoria de la conquista democrática, la resistencia antifranquista y el establecimiento de los valores democráticos”.Los recortes también se han notdo en la partida andaluza pero la convocatoria no ha desaparecido. La Administración andaluza destina 264.924 euros –ampliables si las circunstancias lo permiten– a los ejercicios 2013 y 2014, cuando el año anterior el presupuesto fue de 306.000 euros. Universidades, ayuntamientos y asociaciones optan hasta el 5 de agosto a la única línea abierta para investigación, difusión y exhumaciones.
La “responsabilidad institucional” de la Junta asume tres apuestas básicas. Como prioridad, el “apoyo” a actividades exhumatorias, incluida la denuncia judicial “cuando haya signos de violencia, como marcan las leyes internacionales de derechos humanos”, comparte el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo. Señalización y homenaje como Lugar de Memoria de Andalucía de espacios significativos. Y, por último, la “línea educativa”, trascendental en la tarea de divulgación y comprensión histórica. Todo apoyado en un pilar“ imprescindible”: el voluntariado. Sólo de esta manera, apostilla Naranjo, “con poco dinero se pueden llegar a hacer muchas actuaciones”.
Convocatoria vasca, en septiembre
El Gobierno del País Vasco destina un total de 196.000 euros a subvencionar proyectos “en materia de recuperación de la Memoria Histórica”, un 4,91% menos que el año anterior, cuando ascendieron a 210.000 euros. Hay que sumar el convenio suscrito desde 2006 con la Sociedad de Ciencias Aranzadi (la colaboración se remonta al año 2000) que se traduce en 75.000 euros anuales. La intención es que en septiembre se active el plazo de solicitudes de una convocatoria promovida por la dirección de Víctimas y Derechos Humanos de la secretaría general para la Paz y la Convivencia, que depende de la Presidencia de Euskadi o Lehendakaritza.
La exigencia integral de estas ayudas es el impulso de acciones de sensibilización y formación junto al reconocimiento público y social de las víctimas y, para este fin, cohabitan dos partidas presupuestarias. Una destina 89.000 euros para iniciativas propias y de colaboración con otras instituciones. La otra, 107.000 euros para organizaciones y asociaciones memorialistas, 2.000 euros más que un año antes. Con la investigación y difusión como objetivo común, la segunda línea apuesta también por las exhumaciones.
“Es responsabilidad de un Gobierno trabajar a favor de que se cumplan los derechos a la verdad y a la justicia”, confiesa la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Mónica Hernando, en declaraciones a eldiario.es. Así, al trascender la reparación memorialista del “ámbito privado” a la “actuación e implicación de los poderes públicos”, añade Hernando, esto permite “extraer experiencias para sentar las bases de una cultura por la paz y la convivencia frente a una cultura antidemocrática”.
La memoria, víctima de las crisis
En el resto de autonomías, la coyuntura económica suele determinar la eliminación de estas ayudas, si bien el elemento ideológico implica variaciones. Por ejemplo, en el caso del Principado de Asturias, se está reviviendo la iniciativa rota en 2011. La Administración asturiana, junto al departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, elaboró un mapa de fosas comunes (340 localizadas) e inició la señalización de lugares de memoria con 81 monolitos. Se colocaron nueve, a los que hay que sumar los recientes de la Hacienda del Crucero y la plazuela del cementerio del Concejo de Tineo, según informa la dirección general de Justicia del Principado.
En Islas Canarias no existen subvenciones pero sí una “pequeña aportación económica que está pendiente de ejecución y de una reunión con asociaciones” que disponen del “apoyo en cuanto a infraestructuras” del Instituto de Medicina Legal, informan desde la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno canario. Cataluña llegó a desplegar cifras (3.6 millones de euros en 2008) cercanas a los presupuestos estatales (4 millones en 2010), en un recorrido desde 2005 a 2011. En esas fechas, paró. No hay subvenciones, pero funciona el Memorial Democràtic, institución pública que recupera, conmemora y fomenta la memoria democrática entre 1931 y 1980.
Aragón finiquitó hace dos años el Programa Amarga Memoria, vigente desde 2004, y que ofrecía becas y subvenciones para investigar, difundir y recuperar el patrimonio material e inmaterial aragonés. Ahora no queda nada de aquello. Como en la comunidad extremeña, que financió proyectos como Memoria Histórica en el siglo XX en Extremadura, con la universidad regional y las diputaciones de Badajoz y Cáceres involucradas. Algo similar ocurrió en Galicia, que articuló ayudas que poco subsistieron al Ano da Memoria (2006) que las suscitó.
La Comunidad Foral de Navarra, que libró 50.000 euros anuales en 2009 y 2010 para el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, es otro ejemplo. O Cantabria, que impulsó la localización de fosas comunes con un apartado en su página web institucional pero sin que existieran o existan, como en el resto de autonomías, subvenciones memorialistas.