La Ley estatal de Regulación de la Eutanasia entró en vigor el 25 de junio de 2021, pero Andalucía se retrasó cinco meses en ponerla en marcha y no empezaría a desarrollarla plenamente hasta 2022. En los primeros seis meses desde su aprobación, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) apenas registró solicitantes de ayuda para morir, pero entre 2022 y 2023, la sanidad pública andaluza recibió 137 peticiones y asistió a 53 personas para perecer voluntariamente (un 38,6% del total).
La evolución por año demuestra que, poco a poco, la prestación de eutanasia se está normalizando en Andalucía, es decir, que el número de solicitudes está cada vez más próximo al de expedientes que luego tramita el SAS, y de estos, cada vez más terminan en la asistencia de ayuda para morir: en 2022, hubo 81 solicitudes, de las que se tramitaron 52 expedientes, y de los que llegaron a culminarse 29 eutanasias (35,8%). En 2023, hubo 56 solicitantes, 40 expedientes y 24 eutanasias (42,8%).
Estos datos forman parte de un informe sobre la aplicación de la eutanasia en Andalucía, elaborado por la Comisión de Garantías que revisa el expediente de cada paciente, y que ha recibido este martes el Consejo de Gobierno. En 2023, los tres grandes grupos de dolencias crónicas que afectan a los solicitantes de ayuda médica para morir son las enfermedades neurodegenerativos, como la esclerosis múltiple o el párkinson (19 expedientes), los procesos pluripatológicos o crónicos complejos (10) y el cáncer (siete).
En otros países, como Bélgica o Países Bajos, los procesos oncológicos son la primera causa que hay detrás de los demandantes de eutanasia.
Desde que entrara en vigor la ley, el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno ha encajado algunas críticas de colectivos -la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD)- y de pacientes concretos, quejándose del salto de obstáculos burocráticos que debían superar para ejercer su derecho a morir dignamente. El Defensor del Pueblo Andaluz ha tramitado una decena de quejas y consultas sobre su aplicación.
El PP especuló con la derogación de la Ley de Eutanasia para sustituirla por una ley de cuidados paliativos y, durante meses, la Junta apeló al refuerzo de los paliativos cada vez que se le preguntaba por la eutanasia. En los primeros meses, la diferencia de casos tramitados y realizados en Andalucía respecto a las comunidades más adelantadas, como Cataluña o Euskadi, era más del doble.
El tiempo medio del proceso que afronta un paciente desde que solicita la eutanasia hasta que recibe la ayuda médica ronda los 40 días, pero en Andalucía la media es superior, y en muchos casos la demora está muy por encima (seis pacientes murieron el año pasado mientras se tramitaba su expediente).
Gabriel Sánchez, presidente de Derecho a Morir Dignamente en Andalucía, sostiene que esa demora tiene dos factores fundamentales: uno es el propio atoramiento del sistema sanitario andaluz, las listas de espera que afectan, sobre todo, a los médicos de familia: en el 82,5% de los casos, las solicitudes se inician en el ámbito de la Atención Primaria por la proximidad del paciente, la familia y el hogar familiar.
La otra razón tiene que ver con la falta de formación de los profesionales sanitarios para acompañar al paciente que decide morir durante todo el procedimiento, que puede dilatarse semanas o meses. “El tapón gordo está en la dificultad para encontrar a médicos responsables, es decir, quienes reciben en mano la solicitud de eutanasia, deben iniciar el procedimiento y acompañar al enfermo en su proceso de morir”, explica Sánchez. Tampoco es fácil el siguiente escalón, a saber, encontrar a un médico consultor, un especialista en la dolencia que afecta al paciente y que debe conducir su caso hasta la comisión de garantía para el visto bueno final.
1.300 sanitarios objetores de conciencia
Uno de los datos que revela el informe desmiente la teoría de que el principal escollo que encontraba la Ley de Eutanasia en Andalucía era el volumen de profesionales sanitarios que se negaba a participar en ella alegando motivos personales (ideológicos, éticos o religiosos). Desde noviembre de 2021 -cuando se creó el registro de objetores del personal sanitario- hasta diciembre de 2023, son 1.340 profesionales sanitarios los que se han acogido a la objeción de conciencia, un porcentaje ínfimo en un colectivo con más de 100.000 trabajadores.
El 58% son de los objetores son de Atención Primaria y el 42% son de Atención hospitalaria. Los recelos entre los médicos de familia torpedean la ley en el primer escalón del proceso, pero los objetores son muy minoritarios. El número, no obstante, es muy bajo. Aún así, la consejera de Salud, Catalina García, respondió hace unas semanas a la demanda de un paciente que llevaba meses sin lograr la eutanasia porque sus médicos más cercanos se negaban a practicarla. García anunció un “equipo itinerante” de profesionales para cubrir los vacíos que dejaban los objetores, pero ese proyecto no ha llegado a concretarse.
Sánchez distingue entre dos tipos de facultativos objetores: el que lo es por verdadera conciencia, y el “objetor sobrevenido”, es decir, el que “rechaza iniciar la tramitación del expediente de un enfermo que pide ayuda para morir porque le sobrepasa la carga de trabajo que ya tiene con una lista de espera inoperante”.
“Tendencia a la normalidad”
La gestión de las eutanasias en 2022 y 2023 han experimentado cierta aceleración, “una tendencia a la normalidad” que aplaude la asociación DMD. Hasta el 11 de noviembre de 2021, cinco meses después de la entrada en vigor de la ley, el Gobierno de Moreno no constituyó la comisión de garantías, un órgano formado por médicos, asesores jurídicos, psicólogos, farmacéuticos y expertos en bioética, entre otros, que deben evaluar, aprobar o denegar las peticiones de eutanasia.
La Junta incumplió los plazos establecidos por la norma estatal. La Consejería de Salud tiene constancia de tres expedientes con fecha de 2021, que se recibieron y tramitaron al año siguiente. En 2022 y 2023, se tramitaron 92 expedientes y se desecharon 45 solicitudes que ni siquiera iniciaron el proceso.
Hay 24 personas que han recibido la prestación de ayuda necesaria para morir el año pasado, de un total de 56 solicitantes. Otros 16 de ellos no dieron lugar a la tramitación del expediente por desistimiento (dos), fallecimiento antes del inicio de la tramitación (ocho), encontrarse en fase de estudio (cuatro) y por tener informe desfavorable por parte del médico responsable que no han sido objeto de reclamación (dos).
La mayoría de las 24 eutanasias que se practicaron el año pasado se hicieron en el domicilio del paciente, excepto la de quienes decidieron donar sus órganos (que tuvieron lugar en un hospital). Tres de las personas que recibieron la prestación donaron sus órganos, con los que se pudieron salvar 12 vidas gracias a la extracción de seis riñones, tres hígados, dos pulmones y un páncreas, reza el informe.
En total, diez personas que habían recibido una resolución desfavorable reclamaron ante la comisión esta decisión. De estas reclamaciones, sólo una fue resuelta favorablemente, ocho desfavorablemente y una quedó pendiente de pronunciamiento a expensas de una nueva certificación del médico responsable sobre el cumplimiento de los requisitos para la realización de la prestación.
Las 40 solicitudes restantes dieron lugar a la apertura del expediente por parte de la comisión, de las que 24 tuvieron resolución favorable y se completó la prestación; una fue rechazada, pero pidió aplazamiento; seis fallecieron durante la tramitación, y las nueve restantes han recibido resoluciones desfavorables.
Por sexo, 23 de estas solicitudes fueron presentadas por hombres y 17 por mujeres. Por provincias, en Almería se presentaron cuatro solicitudes que dieron lugar a la apertura de expediente; ocho, en Cádiz; cuatro, en Córdoba; dos, en Granada; una, en Huelva; una, en Jaén; trece, en Málaga; y siete, en Sevilla.
Por tramos de edad, sólo se ha tramitado un expediente para una persona con menos de 30 años (en 2022), siete de personas entre 30 y 39 años (tres en 2022 y cuatro en 2023); nueve de personas entre 40 y 49 años (cinco en 2022 y cuatro en 2023); 21 de personas entre 50 y 59 años (12 en 2022 y nueve en 2023); 16 de personas entre 60 y 69 años (seis en 2022 y diez en 2023); 28 de personas entre 70 y 79 años (18 en 2022 y diez en 2023) y diez de mayores de 80 años (siete en 2022 y tres en 2023).