El Gobierno andaluz ha sacado esta semana a licitación dos acuerdos marco para concertar operaciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas con clínicas privadas durante un periodo máximo de cuatro años y por un presupuesto estimado de 734 millones de euros. El objetivo de este “plan de choque”, en palabras de la consejera de Salud, Catalina García, es “agilizar” las listas de espera de pacientes apoyándose en la sanidad privada, dada la falta de recursos y personal del Sistema Andaluz de Salud (SAS).
El problema es que la razón de ser de este nuevo sistema de concertación con las clínicas privadas no se conoce. La Consejería de Salud no hace públicas las listas de espera desde junio de 2022 y, por tanto, la presentación de este “plan de choque contra las listas de espera” llega sin que la opinión pública pueda dimensionar el alcance del problema, esto es: ¿cuántos pacientes llevan aguardando para operarse en cada uno de los hospitales públicos de Andalucía? ¿Y durante cuánto tiempo? ¿Y cuáles son las especialidades que acumulan más retraso?
La consejera ha defendido este martes, tras la reunión del Consejo de Gobierno, el nuevo sistema de contratación con la sanidad privada, que en el plazo de un mes y medio debe resolver los conciertos para derivar operaciones -por valor de 533,3 millones- y para trasladar las pruebas diagnósticas pendientes, por un montante de 201,1 millones. A preguntas de los periodistas, García ha admitido que su departamento lleva más de un año sin publicar las listas de espera “por un problema técnico”, ha dicho, pero ha anunciado que se hará “en breve”.
“Tuvimos un problema, pero ahora se van a publicar todos los hospitales con la mayor lista de espera. Todos ellos trabajan ya con un concierto propio del SAS, después se empezarán los nuevos conciertos a través de los acuerdos marcos”, ha explicado. Hasta hoy, el único dato actualizado es el que el Gobierno andaluz remitió al Ministerio de Sanidad en junio del año pasado -casi 172.000 pacientes en espera de una intervención quirúrgica y 906.000 aguarda consulta con un especialista, la tasa más alta de España- pero son cifras globales de toda la comunidad que no retratan la situación por provincias y centros.
En todo este tiempo, tanto los sindicatos sanitarios como los grupos de la oposición han acusado a la Consejería de Salud de “ocultar deliberadamente” las listas de espera, “incumpliendo su propia normativa de transparencia”. La falta de médicos en el sistema público de salud -un problema estructural de todo el país- y la fortísima presión asistencial que dejó la pandemia de coronoavirus dispararon las listas de espera y los plazos que estipula la ley andaluza para ser operados o para una consulta quirúrgica.
En los últimos tres años, además, el SAS se ha servido de un sistema de conciertos extraordinario, con adjudicaciones a dedo amparándose en el marco legal excepcional que habilitó el Gobierno central durante la pandemia, y que la Junta siguió usando meses después. Esto ha hecho que los grupos de la oposición de izquierdas, en especial el PSOE, hayan focalizado todas sus críticas hacia la gestión sanitaria, vertiendo dudas acerca de las adjudicaciones a dedo con clínicas privadas y acusando a la consejería de ejecutar una “privatización encubierta, mientras se despide a sanitarios del SAS y se cierran centros de salud y plantas hospitalarias por las tardes”.
Los conciertos con la sanidad privada no son una novedad, el anterior Gobierno socialista los ha usado en el pasado durante años. Sin embargo, el último acuerdo marco introduce algunas novedades en el sistema de externalización de operaciones y consultas quirúrgicas: la licitación es de ámbito autonómico, y no de carácter provincial, como hasta ahora.
Esto significa que una clínica privada de Córdoba puede concursar en otra provincia andaluza para asumir pacientes de la lista de espera en hospitales de Jaén, por ejemplo. “Hasta ahora, en el Contrato de Alerta Sanitaria (CAS) no había posibilidad de mandar a un paciente a operarse fuera de su provincia porque no existía un contrato con clínicas privadas de esa provincia que lo permitiese”, explican fuentes del SAS.
Por primera vez, además, el Gobierno andaluz extiende los conciertos con la sanidad privada a “provincias limítrofes pertenecientes a otras comunidades autónomas”, esto es, clínicas de Extremadura, Castilla La Mancha y Murcia que podrán concursar por alguno de los lotes licitados por la Junta: en Murcia, Albacete, Ciudad Real y Badajoz.
Esta opción, que ya existe en otras regiones [Castilla La Mancha lleva años derivando a pacientes a hospitales privados de Madrid], “está pensada para las provincias andaluzas que tienen menos clínicas privadas, como Huelva, Almería y Jaén. En Sevilla o Málaga la oferta es mayor”, advierten desde la consejería.
El SAS empezará a utilizar “criterios unificados” para toda Andalucía a la hora de concertar con la sanidad privada, igual que unificó los precios que paga a estas clínicas por las operaciones, pruebas de diagnóstico y pacientes derivados desde la sanidad pública, para que una cirugía de rodilla en Almería costase lo mismo que en Huelva.
El SAS va a externalizar las operaciones pendientes más habituales en las listas de espera: “fusión lumbar y lumbosacra, reparación de hernias inguinales, procedimientos quirúrgicos relacionados con patologías de la mama, procedimientos quirúrgicos relacionados con el diagnóstico de obesidad mórbida, procedimientos quirúrgicos relacionados con el cambio de sexo, procedimientos de cirugía ortopédica y traumatológica (rodilla, cadera, hombro) y otras operaciones relacionadas con las especialidades de oftalmología, urología, plástica y reparadora, cirugía vascular y cirugía general y digestiva”.
En el caso de las pruebas diagnósticas concertadas con clínicas privadas, la prestación sanitaria autorizada por el SAS también recopila aquellas más “prevalentes en la lista de espera”: endoscopias, colonoscopias, polipectomía endoscópica, ecografías y doppler, resonancias magnéticas (RM), tomografía axial computerizada (TAC), tomografía por emisión de positrones (PET-TAC), electromiografía, mamografía, gammagrafía y la lectura y emisión de informes de los procedimientos radiodiagnósticos (RM, TAC y PET-TAC).
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