Privatización
Andalucía solo concertará la atención primaria con la sanidad privada “cuando la demanda asistencial sea más elevada”. De este modo, el Ejecutivo regional rectifica la orden publicada la semana pasada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en el que se establecían por primera vez en la historia de la comunidad precios para las consultas de un médico de familia. Ahora, el Gobierno andaluz limita los efectos de la norma a momentos excepcionales y lo anuncia después del pleno en el Parlamento de Andalucía en el que se abordó el tema con fuertes críticas de la oposición.
La Consejería de Salud matiza que “en coherencia con el nuevo marco normativo”, solo se solicitará la colaboración privada “en aquellas situaciones en que la cobertura prestacional relacionada con las garantías establecidas en materia de accesibilidad sea insuficiente en periodos coyunturales de mayor demanda”. Al mismo tiempo, desde Salud establecen también la posibilidad de concertar la atención de los centros de salud “en situaciones de emergencias sanitarias, salvaguardando en todo caso la naturaleza pública de la cobertura, tanto en atención primaria como en hospitalaria”.
Con esta modificación, Salud trata de frenar las críticas recibidas por poner en marcha un modelo en el que paga por primera vez por ampliar los recursos públicos en los centros de salud de la mano de la atención primaria. Los sindicatos afean al Gobierno regional que no haya negociado en ningún momento esta norma, que la haya mantenido oculta a los ojos de la mesa sectorial y que su existencia abra la puerta a una “privatización” mayor de la asistencia en los ambulatorios andaluces.
Lo que se establece con la orden aprobada la semana pasada es que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) abonará, dentro de un presupuesto anual común para todos los centros, un precio por cada tipo de consulta médica en la que intervenga la privada: 65 euros como máximo por cada cita con un médico de cabecera, 150 por consultas con un especialista, 90 en las sucesivas con el mismo profesional y hasta 215 euros si el paciente es derivado desde un centro de alta resolución. Cuantías que se verán rebajadas en un 35% si estas citas médicas no se ofrecen en instalaciones de la sanidad privada.
Ahora, el SAS matiza que esto solo ocurrirá en los momentos en los que la demanda asistencial sea tan elevada que el sistema público no pueda hacer frente. Si bien la presión que soportan los centros de salud ya es muy elevada, esta aumenta en periodos como el de alta frecuentación que tiene lugar cada invierno por la aparición de los virus respiratorios. En teoría, Salud restringiría la aplicación de esta orden a situaciones como esa, pero los sindicatos no las tienen todas consigo.
Desde la mesa sectorial entienden que nada cambia con esta nueva explicación que hace el SAS al respecto de la norma. No cambia, dicen, porque no se establecen los criterios que marcan cuándo y a partir de qué nivel se considera que la demanda asistencial necesita de los recursos de la sanidad privada. Por otra parte, fuentes sindicalistas tachan de “insultante” la aclaración de Salud cuando señala que la concertación solo se dará cuando aumente la demanda porque “los recursos públicos son insuficientes de manera estructural”. Para la mesa sectorial es “inaceptable” que esto ocurra al mismo tiempo que se escatiman recursos para la medicina de atención primaria, “lo que provoca las carencias que se usan como excusa para pactar concertar con la privada”.
Por otro lado, sindicatos y profesionales recuerdan que estos conciertos no aseguran una “buena calidad en la asistencia” porque los médicos que trabajan en la privada no tienen por qué estar formados siguiendo el mismo sistema docente y laboral que los de la sanidad pública. Al ser contratados por una empresa, estos trabajadores pueden tener diferentes procedencias lo que no asegura que sus conocimientos puedan ser los adecuados, según advierten los sindicatos. Además, afirman que la sanidad privada “no tiene los recursos” para satisfacer la necesidad de la pública.
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