SANIDAD PÚBLICA
El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno derivó a 905.625 pacientes a la sanidad privada el año pasado, según datos de la Consejería de Salud aportados al Portal de Transparencia de la Junta. La cifra representa un récord en toda la serie estadística y supone casi cinco veces más de lo presupuestado por el Ejecutivo autonómico para 2022, con una previsión de 195.745 pacientes, según recoge la memoria del Presupuesto Andaluz para este año.
El aumento en la derivación de pacientes, operaciones y pruebas diagnósticas a clínicas privadas ha tenido un efecto colateral en algunos hospitales públicos: la falta de intervenciones quirúrgicas para formar a los médicos internos residentes (MIR) en prácticas, que deben acreditar su especialización antes de incorporarse al sistema sanitario. Esta “situación preocupante” es la que ha denunciado el equipo al completo de tutores de formación del área de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Regional Universitario de Málaga, en una carta remitida al jefe de estudios del centro hospitalario, a la que ha tenido acceso este periódico.
En la misiva interna, los cuatro responsables de formar y supervisar las prácticas de los MIR explican que durante 2018 y 2019 se intervinieron en el hospital malagueño 560 antroplastias primarias de rodilla y 263 de cadera. Se trata de los procedimientos de sustitución articular “más frecuentes” de esta especialidad -“se cree que epidemiológicamente van a aumentar en 2040 un 400% y 280% respectivamente”- y, por tanto, “una competencia básica para nuestros residentes”, advierten los tutores.
Sin embargo, durante 2020 y 2021 el número de estas operaciones se redujo un 80% y un 40% respectivamente [103 prótesis de rodilla y 157 de cadera]. En consecuencia, dice la carta, “los médicos residentes de tercer y cuarto año de nuestro servicio no han realizado como primer cirujano estas intervenciones”.
El Hospital Universitario de Málaga atiende a una población de 750.000 personas, vecinos de la capital y del área metropolitana. Los tutores del área de Cirugía y Traumatología no relacionan el desplome de las operaciones en su centro público “únicamente con la pandemia Covid-19”, que dejó en suspenso las intervenciones menos urgentes durante prácticamente un año. En cambio, sí apuntan directamente al incremento de derivaciones de pacientes a la privada que ha experimentado su hospital en los últimos dos años, a pesar de contar “medios físicos y humanos” para acometer dichas operaciones.
“El hecho de que estos procedimientos se están concertando con hospitales de financiación privada (donde nuestros residentes no pueden rotar), nos está privando de la docencia tan necesaria en nuestra especialidad. Sin olvidar que disponemos de los medios físicos y humanos para dar esta formación”, subraya la carta.
Los cuatro especialistas que firman la misiva advierten de que estas cifras están coartando la posibilidad de formar adecuadamente a los MIR que están a su cargo, que corren el riesgo de terminar su periodo de prácticas sin haber acreditado su formación como cirujanos. “Con estas cifras que, preocupantemente se siguen manteniendo a pesar de que el número de indicaciones quirúrgicas en consulta sigue siendo el mismo (o más alto), no podemos ofrecer una formación quirúrgica de calidad a nuestros residentes”, concluyen.
El objetivo de la misiva es que la Comisión de Docencia del Hospital de Málaga “adopte las medidas que considere para mejorar” la formación en el área de Cirugía Ortopédica y Traumatología, proponen que se “organicen rotaciones externas en centros asistenciales donde se intervenga un número suficiente de estos casos” y culminan pidiendo “reducir el número de residentes que admitimos por año”.
En el centro hospitalario de Málaga se realizan cada semana una veintena de intervenciones de rodillas, tanto prótesis como artroscopias, técnicas con mucha demanda que van en aumento, explican sus responsables. Este servicio, además, se encarga de muchos otras intervenciones tanto urgentes como programadas, “por lo que se da prioridad en los partes quirúrgicos en función del criterio clínico”.
El área de Cirugía y Traumatología cuenta con 12 médicos residentes. Preguntado al respecto de la carta de advertencia de sus tutores, desde el hospital aseguran que “recientemente se acordó que los profesionales que están realizando la residencia alcanzasen un número suficiente de intervenciones para su formación y realizar rotaciones externas para ampliar su conocimiento”. “En los últimos meses se ha reforzado la cifra de quirófanos para dar respuesta a la demanda, puesto que en los meses más complejos de la pandemia se priorizaron las urgencias”, concluyen.
El aumento de derivaciones de pacientes a la sanidad privada en Andalucía está en el epicentro del debate político a raíz de la polémica orden que prepara la Junta para actualizar las tarifas que paga el SAS a la privada por esos conciertos. La norma permite, por primera vez, derivar a pacientes de atención primaria y pone precio a las consultas del médico de familia. También habilita jurídicamente a los facultativos de clínicas privadas para trabajar dentro de hospitales públicos.
La voz de alarma del hospital malagueño ha sido llevada este jueves al Parlamento andaluz por la presidenta de la coalición de izquierdas Por Andalucía, Inmaculada Nieto, que ha esgrimido la carta ante el presidente Juan Manuel Moreno para cuestionar el discurso oficial de la Consejería de Salud. Nieto denuncia que el incremento récord de derivaciones de pacientes a la privada está mermando la capacidad de los hospitales públicos, incluso en la formación de los futuros médicos.
La Junta admite el “déficit estructural” de médicos en el SAS y reclama insistentemente más plazas de MIR al Ministerio de Sanidad pero, a la par, algunos hospitales públicos, como el de Málaga, sufren un vaciado de actividad asistencial en favor de las clínicas privadas.
La derivación de pacientes no es una decisión que dependa directamente de la consejería, sino de los jefes de servicios de cada especialidad en cada hospital público. Son ellos quienes evalúan las listas de espera para operarse o para hacerse una prueba de diagnóstico y deciden, en virtud del decreto de plazos mínimos para se atendido, si mandan al paciente a un centro privado.
El Gobierno andaluz exigía, “con carácter general”, exclusividad total en el SAS tanto a puestos directivos como a cargos intermedios a través de una norma de 2007 que la Administración de Moreno fulminó en abril de 2021. En ese momento entra en vigor el decreto 132 que regula el nuevo sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios. La disposición adicional segunda de dicho decreto introduce una excepción al “régimen de dedicación exclusiva al SAS” : “El personal licenciado sanitario que ocupe puesto de cargo intermedio que requiera de dicha titulación para su ejercicio podrá renunciar a la dedicación exclusiva”.
En la práctica, esa excepción ha terminado convirtiéndose en norma, según los datos de la Consejería de Salud que acreditan el incremento de médicos que han pedido, desde entonces, compatibilizar su puesto en el SAS con otro en la privada. A finales de 2020, el Ejecutivo de Moreno eliminó el complemento de exclusividad para los médicos de la pública, una de las promesas del PP en la campaña electoral. Este plus de unos 900 euros en la nómina lo cobraban los facultativos que no compaginaban su puesto en el SAS con otro trabajo por las tardes en la privada. A finales de 2020, la Junta lo convierte en un “complemento fijo de productividad” para todos los médicos. Meses después incluye también a los cargos directivos.
La consecuencia inmediata de eliminar el plus de exclusividad es que el primer año desde su entrada en vigor se duplicó el número de solicitudes de facultativos de la sanidad pública para compatibilizar su puesto con otro trabajo en la privada. En 2020 se registraron 822 peticiones, en 2021 fueron 1.678 (en 2022, ya con la nueva normativa asentada, se incorporaron otros 875 médicos a la dualidad público-privada), según los datos de Salud publicados en el Portal de Transparencia. Desde que se retiró el complemento, hay 4.539 más que compaginan sus trabajos en ambas redes. Muchos de ellos eran jefes de servicio de áreas hospitalarias, los mismos que deciden las derivaciones de pacientes a clínicas privadas.
La coalición Por Andalucía denuncia un vínculo directo entre el incremento de conciertos de operaciones del SAS con la sanidad privada y el hecho de que muchos de esos jefes de servicio estén ahora trabajando en ambos sistemas. “Como mínimo hay un conflicto de intereses”, denuncia Nieto.
El caso que han denunciado por carta los tutores de formación de los MIR en el Hospital Regional de Málaga revela que las derivaciones a clínicas privadas se están haciendo a pesar de que el centro público “dispone de los medios físicos y humanos para dar esta formación”. Nieto sostiene, además, que este caso desmonta el discurso oficial con el que el Gobierno de Moreno ha lidiado contra las críticas al deterioro de la atención primaria.
La Junta demanda más plazas MIR al Ministerio de Sanidad, pero tiene a médicos residentes “de brazos cruzados” porque las operaciones quirúrgicas que necesitan hacer para aprender se están derivando “masivamente” a la privada. La Junta firmó en enero un acuerdo con el Sindicato Médico Andaluz, que aglutina al 98% del sector, para limitar las consultas de los médicos de familia a 35 pacientes al día (25 en pediatría), y pasar el excedente a un turno de tarde que cubrirían los facultativos de forma voluntaria previo incentivo económico en la nómina. Pero al eliminar el complemento de exclusividad, se duplicó el número de médicos que saltan de la pública por las mañanas a la privada por las tardes, dificultando así la provisión de plantilla de refuerzo en el SAS.
Los hospitales de Andalucía tiene 62 unidades de formación donde se ejercitan actualmente 5.900 médicos recién licenciados en Medicina. El Gobierno de Moreno ha puesto el foco en los MIR para responder a las críticas de la oposición y de los sindicatos por los déficit de la sanidad pública andaluza, singularmente en la atención primaria. Los datos del SAS indican que se jubilan de media entre 600 y 700 médicos por año, en torno a 6.700 en la próxima década, sin banquillo previsto para ocupar esas vacantes.
“El problema estructural es la falta de profesionales médicos en Andalucía y en toda España”, dice la consejera de Salud, Catalina García, que reclama insistentemente al Ministerio de Sanidad que oferte más plazas MIR. Cada año entran en el sistema sanitario andaluz 1.800 médicos en formación.
De las universidades de Medicina salen al año 12.000 licenciados, pero el Ministerio oferta 8.000 plazas de especialidades. La Junta reclama al Gobierno un aumento de 4.000 plazas MIR para equilibrar la oferta y la demanda -450 corresponderían a Andalucía-, y para revertir el desequilibrio entre jubilaciones y nuevas incorporaciones de personal al sistema. La otra reivindicación pasa por “cambiar o flexibilizar” los criterios que establece el Ministerio para acreditar los centros de formación de facultativos -actualmente todos ocupados-, y que Andalucía “no cumple en la actualidad”, aseguran desde la consejería.
Desde 2018, las plazas MIR se han aumentado un 33,54% -más de 400 puestos-, pero las comunidades, gobernadas por el PP y por el PSOE, consideran que siguen siendo insuficientes. Andalucía, junto a Madrid, ha sido la región que ha presentado una mayor oferta de plazas MIR en la convocatoria de este curso (1.456), un 33,9% más que en la convocatoria de 2018-2019, cuando se ofertaron 1.149 plazas, según datos de la consejería.
El gasto anual del SAS en prestaciones desviadas a la privada ronda los 524 millones de euros, menos del 5% de su presupuesto.
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