El 13 de mayo de 1998 entró en vigor en Andalucía la Ley 1/1998, de los derechos y la atención al menor. Este miércoles, más de 23 años después, el Parlamento ha aprobado la nueva Ley de Infancia y Adolescencia tras pasar el último trámite, en el que ha vuelto a contar con el único voto en contra de Vox, a quien el nuevo texto le parece que contiene “ideología de género” y que ya presentó el pasado 24 de marzo una enmienda a la totalidad que rechazaron PSOE, PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía. El nuevo texto ha podido salir adelante pese a no obtener el consenso de todos los grupos, como había tratado de conseguir la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz.
En su intervención, Ruiz, visiblemente emocionada, ha agradecido el apoyo de todos los grupos parlamentarios para sacar adelante una “ley honesta, pionera e imprescindible, que es el mejor texto legal posible para que esta comunidad sea un referente en la protección de los derechos de los niños y adolescentes”.
La nueva ley, según la Junta de Andalucía, pretende garantizar una protección a la infancia y adolescencia en el ámbito del territorio andaluz, atender y mejorar las necesidades que ya venían existiendo y las que han ido surgiendo, regular los derechos y deberes que asisten a las personas menores de edad, y definir el ámbito competencial de la Junta de Andalucía en esta materia, creando escenarios para la participación infantil, definiendo un sistema de información e indicadores sobre infancia y adolescencia, y poniendo en el lugar que se merece a la prevención.
El nuevo texto, cuya penúltima versión puede leerse en el Boletín Oficial del Parlamento de este pasado lunes, prima los principios de participación, equidad, intergeneracionalidad, protección contra cualquier forma de violencia, la promoción, prevención, protección y apoyo a la familia y la prioridad presupuestaria. Organizaciones en defensa de los derechos de la infancia como Unicef o Save the Children han criticado recientemente que las partidas económicas dentro del presupuesto andaluz no están suponiendo una prioridad entre las políticas del Gobierno autonómico.
“La inversión por niño/a en Andalucía en 2019 estuvo en 6.700 euros, lo que es claramente insuficiente cuando comprobamos que mantenemos las cifras de pobreza y exclusión de hace 10 años”, cuantifican a este medio fuentes de Unicef Comité Andalucía, que destacan en todo caso la existencia de un artículo dedicado a esta cuestión. “Las actuaciones en materia de promoción, prevención, protección, formación, ocio e integración de la infancia y adolescencia tendrán un carácter prioritario, con especial atención a la erradicación de la violencia y la lucha contra la pobreza en la infancia y adolescencia”, dice el texto, que durante su elaboración ha contado con la colaboración de multitud de entidades y agentes de la sociedad civil andaluza.
La Junta afirma haber tenido en cuenta en la ley los cambios sociales y la evolución de la sociedad desde 1998, que no ha sido escasa. “Salvar a la infancia de Andalucía es el principio que rige esta Ley”, ha repetido la consejera durante la tramitación del nuevo texto. Unas palabras que, a tenor de las recientes palabras de su directora general de la materia, no parecen que vayan a tener un efecto inmediato si nos atenemos a lo que dijo en sede parlamentaria: “La pobreza infantil no tiene solución a corto o medio plazo”, dijo en la Comisión de Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía. En todo caso, la ley incluye un artículo para esta cuestión. Save the Children alertó hace unos días de que de que la carencia material severa ya afecta a más de 147.000 niños en Andalucía tras la crisis de la Covid-19. “La Administración de la Junta de Andalucía elaborará acciones y estrategias a fin de reducir la pobreza infantil”, dice la ley en ese punto.
La Ley de Infancia considera a los niños como un valor social, como agentes que tienen que ser escuchados y que deben participar en la sociedad. Para ello se crea un órgano de participación, el Consejo Andaluz de Niñas, Niños y Adolescentes, donde podrán expresar sus opiniones, intercambiar ideas, reflexionar sobre los problemas que les atañen, adoptar acuerdos y efectuar propuestas. En este sentio, Unicef destaca que se tiene en cuenta a la persona menor de edad como sujeto activo en la construcción participativa de su entorno a nivel social, cultural, educativo y sanitario, introduciendo de manera explícita el papel de las entidades locales en esta materia. Andalucía cuenta ya con 85 municipios reconocidos como Ciudades Amigas de la Infancia por Unicef, destaca la organización.
Otra de las novedades más destacadas es la definición de un sistema de información e indicadores que se proyecta a partir de fuentes primarias como el sistema educativo y el de salud y que va a permitir, en colaboración con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, medir y conocer el bienestar real de la infancia y adolescencia andaluzas para planificar políticas adecuadas para su desarrollo. Además, la norma promueve e impulsa la alfabetización digital y mediática de los menores ante los nuevos escenarios de interactividad y conectividad daod que el bullying, los comportamientos violentos o el consumo de pornografía desde las primeras edades son hoy en día uno de los riesgos más graves a los que se enfrenta la sociedad y sus menores.
También se incorpora el derecho a la identidad de género, la protección del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen en las redes sociales, y al desarrollo de la competencia digital. La lucha contra el ciberacoso, el uso intensivo de videojuegos y los problemas asociados a las apuestas y juegos on line también se reflejan en esta ley.
La nueva ley pretende también ofrecer mayores garantías sociales y familiares para que su ejercicio sea real tanto en el seno de la sociedad como en el de su propia familia, cuyo reconocimiento sale fortalecido como institución fundamental. Asimismo, se regula y protege el derecho a la identidad de las personas menores de edad, y el título dedicado a la protección del menor recoge la declaración de la situación de riesgo para el menor, que irá acompañada de un plan de intervención familiar que será un instrumento clave para corregir la situación de riesgo y garantizar el desarrollo del menor con su familia y su entorno.
También se regulan todas las medidas de protección como el acogimiento familiar, el acogimiento residencial y la guarda con fines de adopción, así como el recurso de las familias colaboradoras, para que los menores puedan compartir momentos de ocio y salidas temporales y vacacionales con familias. La Consejería de Igualdad dispondrá también un Plan de Infancia y Adolescencia de cuatro años de duración que determine las políticas públicas para lograr el bienestar y calidad de vida de niños y adolescentes.
La ley incluye que la Junta atenderá a los jóvenes extutelados de los centros de acogida hasta los 25 años con programas de mayoría de edad y con itinerarios personalizados y de inserción social y laboral, “ con un compromiso por parte de la persona beneficiaria de aprovechamiento del programa”. Asimismo, se menciona expresamente a los menores migrantes no acompañados como titulares del derecho al acceso a todas las prestaciones y servicios de la comunidad autónoma y, entre los aspectos positivos, se incluye el deber de formación en interculturalidad de los profesionales que los atiendan.
Otra de las contribuciones realizadas a esta ley por Unicef, según resalta la organización, ha sido la inclusión del derecho al juego, al descanso y al esparcimiento, que no se integraba en el proyecto de ley que llegó al Parlamento. “El juego desempeña un papel importante en el desarrollo del cerebro, especialmente en la primera infancia. El juego y la recreación promueven la capacidad de las niñas y los niños de negociar, restablecer su equilibrio emocional, resolver conflictos y adoptar decisiones, aprenden a entender y construir su posición social en el mundo. El descanso y el esparcimiento son tan importantes para el desarrollo de la persona menor de edad como la nutrición, la vivienda, la salud o la educación. Sin suficiente descanso, los niños carecen de energía, motivación y capacidad física y mental para una participación o un aprendizaje provechosos. También necesitan esparcimiento, o sea, un tiempo y un espacio exentos de obligaciones, entretenimientos o estímulos en que puedan comportarse de manera tan activa o inactiva como deseen”, apunta Unicef.
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