“La infancia no vende”. Jesús Maeztu, defensor del Pueblo Andaluz y defensor del Menor de Andalucía, estalló de alguna manera el pasado 6 de julio en rueda de prensa tras la entrega a la presidenta del Parlamento del informe anual 2020 relativo a la situación de los menores andaluces. Al margen de las actuaciones de la institución, de la petición de un “enfoque de infancia” en todas las políticas públicas y de diversas reclamaciones para mejorar determinadas cuestiones, Maeztu lanzó un mensaje claro a la clase política: “la infancia no está en su agenda, no es su prioridad”, vino a decir. Y, a tenor de cuántas veces se escuchan en el Pleno del Parlamento las principales reivindicaciones de los menores a través de 'su defensor', quizá no vaya desencaminado: desde que en 2003 se publicara por primera vez, hace 18 años, solamente en dos ocasiones se presentó el Informe Especial del Defensor del Pueblo Andaluz relativo a la gestión realizada por el Defensor del Menor ante el Pleno del Parlamento.
Fue el 18 de noviembre de 2015 cuando, por primera vez y tras la aceptación por parte de la Mesa del Parlamento, todas sus señorías escucharon de primera mano los males y problemas que atañen a los niños y niñas de Andalucía, su realidad y sus amenazas. Maeztu presentaba entonces su Informe de la actividad del Defensor del Menor de Andalucía durante 2014 en el Pleno del Parlamento, agradeciendo incluso la importancia que la Cámara quiso dar a la infancia y la adolescencia con aquel gesto, que solamente se volvió a repetir al año siguiente, en diciembre de 2016.
“Pocos asuntos son tan relevantes como conseguir el bienestar de los menores”, concluyó Maeztu aquella comparecencia, la última ante el Pleno como Defensor del Menor. Cada año, en cambio, se presentan ante el Pleno los informes especiales del Defensor del Pueblo Andaluz, la última vez el pasado 23 de junio. Sí a los informes anuales del Defensor del Pueblo, no a los informes especiales del Defensor del Menor, que se alejan del foco mediático que supone un Pleno, con la presencia de todos los diputados, y quedan 'relegados' de alguna manera a una comisión parlamentaria, en concreto actualmente a la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía, constuida en septiembre de 2017. Aunque la crítica hecha pública por Maeztu no se dirigía al Parlamento sino a que los temas de infancia no parecían ser prioritarios en la agenda pública, algunos hechos y las consideraciones de organizaciones pro infancia muestran que las cuestiones que afectan a los menores tienen limitado recorrido pese a las buenas intenciones que se le presupone a la clase política.
En cualquier caso, y a falta de una regulación específica de la figura del Defensor del Menor, los informes que se vienen presentando desde el año 2003 ante el Parlamento de Andalucía tienen la naturaleza de “informe especial”. Respecto a esta figura, el apartado 4 del artículo 183 del Reglamento del Parlamento de Andalucía establece expresamente que “la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, decidirá si deben ser tramitados en Pleno o en la Comisión competente por razón de la materia en consideración a la importancia de los hechos que hayan motivado el informe”. Esto es: la Mesa del Parlamento, en su momento, decidió que el informe especial del Defensor del Menor fuese presentado en Pleno y, posteriormente, con la creación de la Comisión de Infancia, decidió que su presentación se hiciera exclusivamente ante la misma.
Fuentes parlamentarias aclaran que los informes anuales del Defensor del Pueblo Andaluz se tramitan ante el Pleno sí o sí, tal y como viene reflejado en el artículo 183.1 del citado reglamento (“La Mesa del Parlamento, una vez recibido el informe anual que el Defensor del Pueblo Andaluz debe presentar a la Cámara...”) y en el 183.3, donde se alude directamente al “debate en el Pleno del informe anual”.
Aquellas dos excepciones obedecieron a una voluntad política previa. Según explica a este periódico el entonces presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, que presidió aquellos plenos de 2015 y 2016, aquella primera comparecencia en Pleno partió del propio Maeztu y Durán llevó la propuesta a la Mesa del Parlamento, que aprobó por unanimidad la presentación del Informe del Menor. El Defensor “quería darle más solemnidad, otro formato diferente” al habitual de la comisión parlamentaria, apunta Durán. Maeztu dio cuenta ante el Pleno de los principales problemas que afectan a los menores residentes en Andalucía, entre ellos la trata de seres humanos, sobre todo de niñas; la pobreza infantil, los problemas de salud mental en los menores, el maltrato infantil, la violencia filioparental, el acoso escolar y la atención de los menores infractores en los centros de internamiento de Andalucía. Unos asuntos que se vienen repitiendo año tras año sin que, aparentemente, se alcancen soluciones visibles pese a que, como reconoció el propio Maeztu en la presentación del último informe a la prensa, cada vez hay “leyes más garantistas”. Aquel 2014 fue “un año marcado por la continuación de la crisis económica y sus consecuencias en el aumento de la pobreza infantil y las situaciones de familias en riesgo de exclusión social”. El discurso de Maeztu sería perfectamente aplicable actualmente salvo por la grave incursión de la pandemia de Covid-19, que no ha hecho más que “agravar” los problemas de los más vulnerables.
Durán recuerda que en aquellos tiempos se dieron “una serie de circunstancias” en las que el propio Defensor y organizaciones en defensa de los derechos de la infancia como Unicef, Save the Children o Aldeas Infantiles SOS “venían reclamando un espacio específico para debatir los problemas relacionados con los niños y niñas”. Al margen de esos dos años ante el Pleno del Parlamento, se entendió posteriormente que el lugar idóneo para presentar el Informe del Menor era la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía. Antes lo había sido en las comisiones de igualdad, bienestar social o políticas sociales desde que en 2004 el exDefensor José Chamizo entregara al Parlamento el primer Informe Anual de la institución desde que se instituyera la figura del Defensor del Menor de Andalucía en la Ley 1/1998, de 20 de Abril, de los Derechos y la Atención al Menor.
Indica en todo caso el expresidente del Parlamento que, aunque en aquel momento coincidieron una serie de circunstancias para que el debate concreto de asuntos que tuvieran que ver con la infancia se diera en un espacio específico, “a veces, a la larga, lo que se produce es un freno, porque ese tipo de políticas dejan de ser objetos de debate en las comisiones legislativas ordinarias, y eso ha pasado con las comisiones de infancia y de discapacidad”. “Son reflexiones que hemos hecho a posteriori entre nosotros, entre los diputados”, indicando en ese sentido que la propia consejera del ramo “apenas ha comparecido” en estas comisiones específicas, que se celebran cada dos meses. “De esta experiencia deberíamos aprender todos”, concluye, porque “algunos temas no se pueden incorporar por iniciativa porque ya se han visto en las comisiones especiales de infancia o discapacidad”.
Para Javier Cabrera, director en funciones de Save the Children Andalucía, lamenta que “hace tiempo que no hay plenos monográficos de infancia” y que, pese al sitio que da la Comisión de la Infancia a diferentes entidades sociales, de algún modo los temas que en ese marco se abordan quedan “escondidos”. Es más, “no es una comisión legislativa” y la presencia de los consejeros “para dar explicaciones de las políticas públicas de infancia” es menor que la deseable. En resumen, es una comisión “descafeinada” pese a la capacidad de contacto con los grupos parlamentarios que ofrece a las organizaciones del tercer sector.
En cuanto al hecho de que el informe especial del Defensor del Menor no se presente ya ante el Pleno del Parlamento, Cabrera considera que su exposición exclusivamente en la Comisión de Infancia “pierde capacidad de llegada a todo el arco parlamentario y pierde cobertura informativa”. El representante de la organización comenta que en dicha comisión “pierde mucho foco” debido a la cantidad de comisiones que hay y “se complica colocar en la agenda pública” los asuntos de infancia y aumentan los “problemas para que se creen políticas contundentes” de mejora en ese sentido.
En líneas generales, Cabrera apunta que situar las políticas de infancia en el centro es “una reivindicación histórica” y “vemos que no se cumple”. “Es muy fácil hablar de infancia, hay mucho consenso pero de poca intensidad”, lamentando una “falta de presupuesto” en ese sentido. “Las leyes las podemos formular pero sin presupuesto es difícil sacar a los niños de la pobreza o apostar por una equidad educativa real”, añade, teniendo en cuenta la “tendencia ascendente” en los niveles de pobreza infantil. En ese sentido, y a la espera de la tramitación final del Proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, confía en que “los fondos europeos pongan el foco en la infancia”.
Unicef Comité Andalucía indica que en 2010, junto al Defensor del Menor de Andalucía, promovió el Pacto Andaluz por la Infancia en el que los partidos firmantes se comprometían a la incorporación de la infancia en la agenda política a todos los niveles, comentan fuentes de la organización al hilo de la rueda de prensa del Maeztu. Cinco años más tarde, en 2015, UNICEF publicó su informe La Infancia en Andalucía 2015, en el que Andalucía ya era la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de riesgo de pobreza o exclusión social infantil de España (tasa AROPE), con un 51,1%.
“Ese dato, junto al análisis que se exponía en el informe, nos hacía hablar de las debilidades estratégicas y el limitado efecto de las medidas coyunturales llevadas a cabo. En definitiva, ya entonces, alertamos sobre un insuficiente compromiso político con los derechos de la infancia en Andalucía. Es por ello que desde Unicef pedíamos una estrategia de lucha contra la pobreza o exclusión social de la infancia en Andalucía que no sólo promoviera políticas paliativas, sino también preventivas y de carácter estructural, dirigidas a la infancia en situación de privación material severa, pero también, a los niños en riesgo de pobreza y exclusión social en Andalucía. Para ello la principal herramienta a llevar a cabo era y sigue siendo priorizar la inversión en políticas de infancia como prioridad”, señalan fuentes de Unicef.
Hablando de inversión y presupuestos, en su análisis sobre la Medición de la inversión presupuestaria en Andalucía respecto a los presupuestos 2021, el comité andaluz de Unicef ha alertado de que “con el presupuesto autonómico más alto de la historia de la comunidad, con un aumento del 2,7% sobre el anterior ejercicio, los programas de lucha contra la pobreza de la infancia más vulnerable de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales no llegaban al 1% de incremento respecto a 2020. Con estos datos, podemos concluir que estamos por debajo de la inversión media, por persona menor de edad, que teníamos hace 10 años”.
Actualmente, los datos de pobreza infantil preocupan especialmente en nuestra comunidad por haber aumentado más del doble de la media nacional. En Andalucía, según la última Encuesta de Condiciones de Vida disponible del Instituto Nacional de Estadística, el 40,8% de los menores de 18 años —unas 650.000 personas según el umbral nacional de pobreza, y el 29,5%, unas 470.000 según el umbral autonómico— están en riesgo de pobreza o exclusión social.
Para Unicef Andalucía, el proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, que se encuentra en trámite parlamentario, “representa una oportunidad para establecer, por ley, mecanismos periódicos y estables de lucha contra la situación de pobreza infantil y exclusión social de nuestra comunidad, además de las bases necesarias para la implementación de políticas preventivas”. Desde Unicef defienden igualmente “el establecimiento de la infancia como prioridad presupuestaria sin paliativos”
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