El Gobierno de Andalucía acordó este martes eximir del requisito de la nacionalidad española a los extranjeros no comunitarios -países fuera de la Unión Europea- para poder contratarles como personal médico especialista y de enfermería dentro del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Para ello se ha usado un precepto de la recientemente aprobada Ley 5/2023, de 7 de junio, de Función Pública Andaluza.
La norma, que contó con los votos de PP y PSOE, no entrará en vigor plenamente hasta seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), pero la aplicación de algunas disposiciones adicionales sí se han adelantado. La disposición adicional trigésima tercera de esta ley dice así: “Teniendo en cuenta las necesidades objetivas, el Consejo de Gobierno podrá eximir del requisito de la nacionalidad previsto en el artículo 106, apartado 1.a) de esta ley -tener la nacionalidad española o de algún Estado miembro de la UE- para el acceso al empleo público en los ámbitos y sectores que se indican a continuación: Sistemas y tecnologías de la información y de las comunicaciones y Personal médico especialista y personal de enfermería”.
El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno lleva meses aumentando el número de facultativos foráneos para cubrir el déficit estructural de su plantilla -entre junio de 2022 y enero de 2023 duplicó estos contratos-, pero las trabas administrativas con los permisos necesarios de Extranjería concedidos por el Gobierno central ralentizaban la incorporación de los mismos en momentos de presión asistencial aguda, tras el impacto de la pandemia.
En junio de 2022 había 413 facultativos foráneos registrados en el SAS, pero el pasado enero la cifra llegó a un pico de 932 contrataciones, destinados sobre todo a cubrir los déficit de la Atención Primaria. En todo el año pasado se realizaron nombramientos a 846 profesionales extracomunitarios -de fuera de la Unión Europea-, la mayoría ciudadanos latinoamericanos que cuentan más facilidad gracias al idioma (México, Cuba, etc...). En la actualidad hay 253 , aunque la media anual de contrataciones ronda los 700, según datos de la Consejería de Salud y Consumo.
La excepción para la contratación regular de médicos foráneos fue una medida habilitada por el Gobierno de Pedro Sánchez en el inicio de la pandemia, en un momento de especial tensión en hospitales y centros de salud, con picos de asistencia propios del invierno, un repunte de los contagios de Covid-19 en las residencias de mayores y varias convocatorias de huelgas en el sector. El Sistema Andaluz de Salud ha llegado a tener las bolsas de médicos prácticamente a cero, recurriendo a esta medida excepcional de forma regular durante meses tanto en ambulatorios como en hospitales.
Para que un médico de nacionalidad foránea fiche por el SAS necesita antes un permiso de extranjería -la llamada tarjeta azul- que se tramita en en las ocho subdelegaciones provinciales del Gobierno central en Andalucía o en la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos de la Secretaría de Estado de Inmigración (Ministerio de Inclusión y Seguridad Social). A principios de año, Junta y Gobierno central se enfrascaron en un cruce de reproches porque la primera acusaba a la segunda de estar provocando un “atasco” en la acreditación de permisos, ralentizando la incorporación de los médicos extracomunitarios al SAS en un momento especialmente crítico, en pleno invierno.
En 2022, las oficinas de Extranjería en las ocho provincias recibieron 129 solicitudes de permisos, concedieron 107 y ocho seguían tramitándose en enero de 2023, según los datos aportados la Delegación del Gobierno en Andalucía a este periódico. En cuanto a las solicitudes que ha gestionado directamente el Ministerio el año pasado, fueron 273 en total, de las cuales sólo tres se denegado.
La consejera de Salud, Catalina García, llevó el martes al Consejo de Gobierno un plan para agilizar la contratación de sanitarios extra comunitarios que “garantice” la atención permanente en los puntos de urgencias, la atención primaria y la cobertura necesaria en algunas especialidades de Facultativo Especialista de Área.
La medida se ha aprobado en la misma semana en el que se ha hecho público el plan de cobertura de verano en los centros de salud de Andalucía, que reducen un 75% la asistencia por las tardes y el cierre de camas hospitalarias, denuncian los sindicatos médicos. El grupo parlamentario Vox ha criticado duramente esta decisión, afeando al Gobierno de Moreno que tenga que recurrir a extranjeros “ante la falta de incentivos salariales y laborales que obliga a los médicos andaluces a buscar trabajo fuera de Andalucía.
El SAS reconoce que se enfrenta a “graves dificultades” para contar con personal médico disponible. “La escasez de este personal limita la capacidad de oferta de servicios sanitarios en Andalucía y en el resto del Sistema Nacional de Salud y esta se ve empeorada en los periodos de descanso reglamentario del personal de plantilla, obligando a adoptar medidas excepcionales de captación de profesionales”, advierten desde la Consejería de Salud.
Dada la situación en la que se encuentra el SAS ante determinadas zonas y especialidades médicas “para las que no es posible en la actualidad cubrir los puestos necesarios para asegurar la asistencia sanitaria”, el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno abre una vía legal para aumentar los contratos de sanitarios extranjeros.
En Andalucía, este recurso se ha usado, sobre todo, para cubrir los huecos que agravan la situación de la Atención Primaria, adonde en enero estaban destinados 762 del total de médicos extracomunitarios reclutados (un 81,7%). Los otros 170 médicos extranjeros son especialistas que se han incorporado a los hospitales andaluces, previa acreditación del Ministerio de Sanidad.
La contratación de facultativos extranjeros es una opción “excepcional” a la que han recurrido sistemáticamente todas las comunidades autónomas en un momento crítico, en el que converge el aumento de las jubilaciones de médicos, el exceso de trabajo y el sobreesfuerzo del personal sanitario durante la pandemia (que aún perdura), el malestar por los contratos temporales y las tensiones entre el colectivo y los gobiernos autonómicos, con huelgas y manifestaciones en los últimos meses.
El Ministerio de Sanidad gestiona la bolsa de médicos extracomunitarios, donde se inscriben aquellos profesionales disponibles para trabajar en la sanidad española. Las comunidades, que tienen transferidas las competencias en esta materia, pueden acceder a esa bolsa y elegir de la lista a los profesionales que necesiten, una vez han consultado su perfil, su currículum y se hayan puesto en contacto directo con ellos para ofrecerles un empleo.
Los médicos extranjeros con el título homologado también pueden solicitar una oferta de empleo del SAS publicada en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, antiguo Inem), siempre en especialidades y bolsas donde ya no quedan profesionales españoles para cubrir la plaza. Después, el SAS tiene que solicitar el permiso ante Extranjería, adonde se dirigen los sanitarios preseleccionados para obtener un permiso.
Este documento es una autorización del Gobierno central de “residencia temporal por circunstancias excepcionales”, que se puede conceder a ciudadanos extranjeros que se hallen en España durante un periodo mínimo de tres años y cuenten con contrato o contratos de trabajo. Por último, el trabajador debe pedir el visado en el consulado de España en su país. Todo el procedimiento suele dilatarse, de media, tres meses.
Los requisitos para lograr el permiso de Extranjería son: no ser ciudadanos de un Estado de la UE; carecer de antecedentes penales en España en sus países anteriores de residencia; no tener prohibida la entrada en España; no encontrarse dentro del plazo de compromiso de no retorno a España; haber permanecido con carácter continuado en el país al menos tres años; tener vínculos familiares con otros extranjeros residentes o presentar un informe de arraigo que acredite su integración social emitido por la comunidad autónoma o el ayuntamiento del municipio donde resida; y contar con un contrato de trabajo firmado por el empleador (que garantice al menos el salario mínimo interprofesional).
Junto a la retirada del requisito de la nacionalidad, el Gobierno de Moreno ha lanzado una alerta sobre el incremento paulatino de vacantes en los puestos de difícil cobertura “por la inexistencia de candidatos o la no elección de esas plazas por los residentes que finalizan al no considerarlas atractivas”. La Junta de Andalucía insiste en que es un problema estructural, que afecta a todas las comunidades, y advierte de que sin un plan de contingencia general la situación actual “podría dar lugar a la imposibilidad de mantener” la atención permanente en los puntos de urgencias, la atención primaria o la imposibilidad de dar la cobertura necesaria en algunas especialidades“.
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