La tensión electoral dilata los compromisos de Susana Díaz para su primer año desde la investidura

El clima electoral permanente; su protagonismo en el debate político nacional; la bajada del millón de desempleados en la región; el Parlamento de Andalucía con cuatro partidos en la oposición que ha tumbado dos decretos ley; más de 8.000 plazas aprobadas en tres ofertas públicas de empleo pendientes de convocar; 375 ceses y nombramientos; cuatro leyes, la rémora de dos casos de corrupción que vienen de hace años; un consejero investigado y otro reprobado; una producción legislativa con 20 hitos, pero con leyes clave que aún están por poner en marcha... Son algunos de los elementos que marcan el primer año de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía desde su investidura el 14 de junio de 2015.

Susana Díaz prometió para “antes de finales de 2015” la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un anteproyecto que viene desde 2014 y que no ha conseguido desatascar. Para “abril de 2016” fijó la Ley de Participación Ciudadana, cuyo anteproyecto también viene desde 2014 y se encuentra en la misma situación. Para el “primer trimestre de 2016” prometió la Ley de Garantía y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, lo que no ha conseguido tampoco tener a tiempo pese a que el anteproyecto se aprobó en junio de 2015 nada más tomar posesión. Igual que en septiembre de 2015 el Consejo de Gobierno aprobó el anteproyecto para modificar la Ley de Promoción de la Igualdad de Género, pero no ha logrado tampoco remitirla al Parlamento de Andalucía “para el primer trimestre” de 2016.

Son cuatro ejemplos de las dificultades que se está encontrando la presidenra para cumplir sus compromisos desde la investidura, en la que lanzó 135 compromisos, 24 de ellos leyes [relación completa más abajo] de las que de momento se han sentado las bases para siete. En cuanto al resto de esos 135 puntos, muchos eran promesas propias de una presidenta del Gobierno de España, o más en el terreno de la presión a éste, ya que no cuenta con competencias para ellas, como “cambiar la Ley Estatal de Contratos” o “impedir por ley el indulto a cualquier condenado por delito de corrupción”.

En este contexto, Susana Díaz ha remarcado que “de las 135 medidas, hay 73 que antes de cumplir el primer año ya están en marcha (...) pensando en mejorar la vida de la gente”. Lo manifestaba en la última sesión de control, agregando que 14 incluso están cumplidas, a preguntas de IU. El líder de la federación, Antonio Maíllo, negó en el pleno que sea un balance cierto: “Se han iniciado trámites, mucho de ellos de anteriores legislatura, pero no se han puesto en marcha 73 medidas”.

Como ejemplo, que en el caso de los compromisos que puso en un primer bloque por la regeneración democrática y contra la corrupción, con 31 puntos -entre ellos la citada Ley de Participación Ciudadana- se han cumplido dos. Eso ha motivado de hecho que la oposición le haya metido prisa las últimas semanas: Podemos con una proposición de ley para una oficina contra la corrupción y C's con una moción con una treintena de puntos, en su mayoría los mismos de Susana Díaz.

En este sentido, la influencia de las cuatro campañas electorales que han coincidido en este su primer año -municipales, generales, catalanas y vuelta a las generales- y la permanente tensión sobre si quiere o no saltar a Ferraz. ambos aspectos han contribuido a que incluso dentro de las consejerías se admita que hay cierto parón, más allá de que la oposición, en su papel, le eche en cara “los martes al sol del Consejo de Gobierno”.

¿El salto a Ferraz?

En todo caso, uno de los mayores desgastes que han podido influir en Susana Díaz ha sido el constante runrún sobre su posible salto a Ferraz para hacerse con la dirección del PSOE. Si estuvo presente en la pasada legislatura, cuando con la renuncia de Alfredo Pérez Rubalcaba se elegía nuevo secretario general, ha vuelto con fuerza tras los resultados del PSOE en las elecciones generales del pasado 20 de diciembre y probablemente regresará cuando se consume la próxima cita con las urnas.

Pocos dudan de que si Pedro Sánchez no sale bien parado en esta cita, ella no perderá esta vez el tren. Si antes Susana Díaz se apresuró en negar que fuera a dejar Andalucía, esta vez ha jugado con la ambigüedad hasta el último momento, en que ha cambiado su frialdad hacia Pedro Sánchez por la exhibición pública de su respaldo al candidato durante el último mes para que, entre otras cosas, se visualice la unidad del partido y no se pueda cuestionar su trabajo en estos comicios ante unos hipotéticos malos resultados del líder.

Por el contrario, en este tiempo la presidenta ha sorteado con relativo éxito su alianza con C's. Primero le ha valido para frenar las propuestas del resto de la oposición en el Parlamento de Andalucía, especialmente cuando Podemos -el principal foco de sus críticas- ha intentado sacar adelante alguna proposición de ley, llegándose incluso -por primera vez en la historia de la cámara- a impedir tramitaciones. Porque C's no sólo la apoyó para la investidura, sino que le ha permitido controlar a las demás fuerzas en su mayoría simple, con la aprobación de ley más importante del ejercicio, los presupuestos autonómicos de 2016, como prueba de fuego. De hecho, ha sido la única comunidad autónoma en aprobarlos en tiempo y forma. Igual que ha celebrado que Andalucía haya bajado por primera vez en tres años y medio del millón de parados, en concreto desde agosto de 2015.

En paralelo, ha tenido que hacer frente a las sospechas de corrupción que la oposición no duda en utilizar. Por un lado, la herencia del caso ERE, cuya lenta evolución en los juzgados no duda la oposición en usar contra ella, y recientemente se ha reavivado por el auto que marca la continuación del procedimiento contra sus predecesores Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Pero también el supuesto fraude de la formación, a la espera de las pesquisas en los juzgados, pero con una comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía en marcha, en la que ella misma ha cerrado la primera ronda de comparecencias. En lo positivo en este terreno concreto: ha conseguido publicar -tras tres plazos incumplidos- las órdenes que regularán el regreso, después de cinco años, de las subvenciones para formación, pendientes de la convocatoria de las mismas en las próximas semanas.

Y el tercer gran asunto en este sentido ha sido la denuncia contra la adjudicación de la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), a la que los juzgados dieron carpetazo, pero que le ha supuesto un desgaste importante durante meses. Primero porque tuvo que destituir a una directora general para luego recuperarla tras el archivo del caso y segundo porque todo el proyecto se ha dilatado en el tiempo y hace sólo unas semanas que se han podido autorizar las primeras exploraciones.

Hay que sumar a esto la investigación en torno a su consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, de su etapa como vicerrector, un caso en el que pese a las críticas de la oposición no ha destituido por considerar que no se trataría de corrupción política, límite que ha admitido Ciudadanos para no presionar en este sentido. Y no es el único consejero que le ha dado un disgusto este primer año, porque unas declaraciones de Emilio de Llera (Justicia e Interior) provocaron su reprobación por el Parlamento de Andalucía, lo que sólo había ocurrido una vez con Magdalena Álvarez en los 90.

Producción legislativa: 20

En materia de producción legislativa: se han aprobado cuatro leyes, cinco proyectos de ley, ocho anteproyectos de ley y tres decretos ley, de los cuales los de la función pública y el de modificación de las condiciones para planes de empleo tuvieron que volver a pasar por Consejo de Gobierno e introducir cambios porque no fueron ratificados por el Parlamento de Andalucía tras no convencer a la oposición. En total 20, un balance que, frente a las críticas, desde el Gobierno de Andalucía defienden como “de los más productivos” de la historia de la autonomía. No en todos los casos coinciden con las 24 leyes que lanzó para su investidura, porque no incluyó las obligadas en su pacto de investidura o las que llevaban mucho tiempo pendientes.

Las cuatro leyes aprobadas el último año son: la Ley de Medidas en Materia de Gestión Integrada en Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal y la Ley de Medidas Urgentes para la Inserción Laboral, ratificadas las dos por el Parlamento de Andalucía en diciembre de 2015, y los presupuestos autonómicos de 2016, ratificada el mismo mes y siendo la primera comunidad autónoma que lo lograba, a las que hay que sumar la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación de Hipotecas el pasado mes de mayo, la primera que sale por unanimidad.

En cuanto a proyectos de ley son el que modifica la Ley Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para incorporar medidas urgentes en relación con las edificaciones sobre suelo no urbanizable; el de la Ley del Deporte; el de la Ley de Memoria Democrática; el de la Ley de Servicios Sociales; y el habitual por la celebración en marzo de 2015 de elecciones autonómicas para un crédito extraordinario que sufrague la subvenciones a los partidos por los gastos electorales. Sólo el primero ha sido ya ratificado por el Parlamento de Andalucía.

Finalmente, entre los anteproyectos de ley aprobados el último año figuran los de la Ley de Retracto de Desahucios de Viviendas, en junio de 2015 en el primer Consejo de Gobierno tras la investidura; el de la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, una semana después; el de modificación de la Ley de Promoción de la Igualdad de Género, en septiembre de 2015; y el de la Ley Audiovisual de Andalucía, el mismo mes. Tras un parón, esta vez con la campaña de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 como telón de fondo, el Consejo de Gobierno ha ido desde enero a abril a un ritmo de anteproyecto de ley por mes: el de la Ley del Cine; el de la Ley de Coordinación de las Policías Locales; el de la Ley de Fomento del Emprendimiento; y el de la Ley de Creación de los Colegios Profesionales de Economistas.

En política de personal, la presidenta sí ha presumido de logros en materia de aprobación de unas 8.500 plazas -matizando que un tercio de las mismas o son para promoción interna o están pendientes de otros años- y de su reciente acuerdo para recuperación de los derechos de los empleados públicos hasta el final de la legislatura.

De este modo, en educación se ha aprobado (Consejo de Gobierno del 9 de febrero de 2016) la convocatoria de 2.327 plazas para docentes: 1.497 plazas para ESO, 230 para FP, 340 para la especialidad de música y artes escénicas, 83 para escuelas oficiales de idiomas y 177 pendientes de 2015. En el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se aprobó (Consejo de Gobierno del 15 de marzo de 2016) la oferta pública de empleo para 2016 y 2017, que contempla 2.502 plazas de libre acceso y 889 para promoción interna. Y para administración general de la Junta de Andalucía ha aprobado 1.742 (Consejo de Gobierno del 26 de abril de 2016): 748 serán de acceso libre y 994 para de promoción interna. Hay que sumarles las pendientes de 2015 y 2009, por lo que el total para la administración general en 2016 será de 2.730 puestos. En los tres casos se llega, por primera vez desde 2012, a la tasa 100% de reposición toda vez que el Gobierno de España ha levantado el veto.

Las 24 leyes prometidas