El Gobierno de Rajoy modificó hace unos meses su Ley de Tasas Judiciales, aprobadas hace hoy tres años, con la exención en el pago de la tasa para todas las personas físicas, no así de las pequeñas y medianas empresas ni de las organizaciones no gubernamentales. Según el artículo 11 de aquella ley, las cantidades recaudadas por ese concepto tenían que haber revertido a la Justicia y más concretamente a la justicia gratuita. Las cuentas de la Junta de Andalucía dicen que el Gobierno central debería haber destinado a Andalucía más de 54 millones de euros.
En una reciente entrevista, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, rechazaba eliminar las tasas judiciales que aún se mantienen, sin descartar incluso que pudieran incluso sufrir un incremento durante la próxima legislatura. Su antecesor, Ruiz-Gallardón, explicó en su momento que el incremento de gasto y el coste efectivo de la justicia gratuita en España estará cubierto por su “vinculación” a las tasas judiciales. A ello se agarran las comunidades autónomas, no solo Andalucía, sino también Canarias, País Vasco o Navarra, esta última a través de una muy reciente moción de su parlamento en ese sentido.
Las reclamaciones no solo vienen de las regiones sino de los propios operadores judiciales, no tanto económicas sino de fondo. La denominada 'Brigada Tuitera' del Colegio de Abogados de Madrid ha convocado para este viernes un congreso reivindicativo con ocasión del tercer aniversario de la ley de tasas judiciales, según informan en su web, recordando que no han sido derogadas para pymes y ONG.
A pesar de la insistencia de las comunidades, el Ministerio de Justicia se escudó en su momento en que en la propia ley de tasas se hablaba de tasa judicial “vinculada” al sistema de justicia gratuita porque “lo que se pretendía en momentos de crisis de los servicios públicos era garantizar un servicio esencial, que no sufriera la dinámica o la presión de gasto que pudieran recibir las comunidades autónomas y el Estado”. El objetivo marcado, según el Ministerio, era que “el incremento de gasto que causaran los cambios normativos y el coste efectivo real de la justicia gratuita en España estuvieran garantizados y cubiertos por la recaudación de las tasas judiciales”.
La justicia gratuita crece
Y es que, como previó el Ministerio cuando aprobó en febrero de 2013 el proyecto de Ley de Justicia Gratuita al ampliar sus beneficiarios para tratar de contrarrestar la polémica levantada entonces por las tasas, el coste de los servicios de justicia gratuita ha crecido. De hecho, uno de los capítulos destacados de los presupuestos de la Consejería de Justicia e Interior para 2016 es el dedicado a esta prestación, incrementando su dotación un 3,5% hasta los 38,6 millones de euros. En una reciente intervención del consejero en el Parlamento al presentar sus cuentas para el próximo ejercicio, De Llera reiteró el reconocimiento que recibe su departamento de los colegios de abogados por haber conseguido estar al día en los pagos derivados del servicio de justicia gratuita.
Cabe recordar también que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía interpuso dos recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional a instancia de la Consejería de Justicia e Interior por considerar que las tasas judiciales afectaban gravemente a derechos fundamentales consagrados en la Constitución en cuanto “atentan al principio de igualdad” y suponen “un menoscabo del derecho a la tutela judicial efectiva”.
La Junta de Andalucía, que aporta la cifra de 54 millones que a día de hoy solicita al Gobierno, confía en que el Gobierno central cumpla el mencionado artículo 11 de la ley que hoy cumple tres años y que literalmente dice que “la tasa judicial se considerará vinculada, en el marco de las disposiciones de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, al sistema de justicia gratuita en los términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio”.