El Ministerio Público ha nombrado a Fernando Soto como tercer delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla, al objeto de que el mismo se haga cargo de la investigación correspondiente a las supuestas irregularidades descubiertas en la contabilidad de UGT-Andalucía con el presunto desvío de subvenciones públicas para gastos totalmente ajenos al objeto de dichas ayudas y el falseamiento de facturas para justificar el gasto de tales subvenciones. La causa en cuestión, como es conocido, está siendo instruida por la juez Mercedes Alaya.
Fuentes del Ministerio Público han informado a Europa Press de que el fiscal sevillano Fernando Soto ha sido asignado este mismo martes al departamento hispalense de la Fiscalía Anticorrupción, con la encomienda de encargarse de representar a la Fiscalía en las diligencias recaídas en el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla a cuenta del presunto desvío de ayudas públicas y el supuesto falseamiento de facturas para justificar las mismas descubierto en la UGT de Andalucía. El asunto, de momento, ha supuesto la dimisión de Francisco Fernández Sevilla como secretario general de UGT en Andalucía y su relevo a manos de Carmen Castilla.
Con el nombramiento de Soto, se atiende la demanda formulada la semana pasada por la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, quien reclamaba la creación de una tercera plaza de fiscal delegado de Anticorrupción en Sevilla ante el incremento en el volumen de trabajo registrado en los últimos cuatro años en la delegación, con investigaciones tan voluminosas como el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía o los relativos a las empresas públicas 'Invercaria' y Mercasevilla.
Fernando Soto, quien hasta el momento estaba ligado a la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Sevilla, ha sido de hecho el encargado de representar al Ministerio Público en la investigación correspondiente a las supuestas irregularidades detectadas en la gestión de 'Invercaria', la empresa pública de inversión en capital riesgo de la Junta de Andalucía. Este caso en cuestión está siendo instruido por el juez Juan Gutiérrez Casillas, titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla.
La Junta esperará a que acabe el procedimiento de revisión
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha afirmado este martes que el Ejecutivo autonómico esperará a que acabe el procedimiento establecido de revisión de subvenciones concedidas al sindicato UGT-A para decidir si acude a la vía penal o si establece o no algún tipo de sanción administrativa al respecto.
Así se ha pronunciado Vázquez, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha asegurado que no hay “ninguna conclusión” en la investigación interna emprendida y que lo que ha abierto es un nuevo procedimiento administrativo, --por la vía de la Ley de Subvenciones--, a sugerencia del gabinete jurídico de la Junta.
“Cuando concluya este procedimiento sabremos si la administración tiene que tomar alguna medida desde el punto de vista legal, pero tenemos que esperar hasta el final”, ha reiterado Vázquez, quien ha pedido a los periodistas que aguarden “al final del partido para conocer el resultado”. “Estamos a mitad del partido y aún quedan minutos por disputarse”, ha apostillado.
No obstante, el portavoz del Gobierno andaluz ha querido dejar claro que el Ejecutivo que preside Susana Díaz va a “pelear hasta por el último euro que haya podido ser mal utilizado”. “Tengan la absoluta garantía de que será así”, ha subrayado Vázquez, quien ha informado de que todos los expedientes de revisión están abiertos, a excepción de uno “por renuncia del sindicato a cobrar la subvención que le correspondía”.
En relación a la “lealtad” que la nueva secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha reclamado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, Vázquez ha afirmado que son tres los mensajes que trasladó la nueva dirigente tras su elección: “lealtad, firmeza y transparencia. Y a todos está haciendo frente este Gobierno con transparencia”.
En este contexto, según ha destacado el portavoz del Gobierno andaluz, la administración autonómica ha tenido y está teniendo firmeza en la defensa del dinero público y transparencia en la investigación. “Pero junto al principio de lealtad está el de respeto a la legalidad porque son dos caras de una misma moneda”, ha concluido.