La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la decisión de la jueza María Núñez Bolaños de otorgar un “salvoconducto” y “excluir” de la pieza separada del caso de los ERE fraudulentos por las ayudas a Santana Motor al exconsejero de Empleo Antonio Fernández tras aplicar el criterio marcado por la Audiencia Provincial de Sevilla, que ha dictaminado que sólo haya un juicio para los ex altos cargos imputados en la pieza 'política'.
En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público recurre la decisión de la instructora de apartar al exconsejero de la pieza abierta por las ayudas a Santana Motor y solicita a la Audiencia Provincial de Sevilla que revoque dicha decisión y acuerde que Antonio Fernández continúe encausado en dicha pieza.
Anticorrupción considera que “no procede la exclusión acordada al no darse la pretendida extensión de efectos necesarios y expansivos” del auto de procesamiento dictado en la pieza 'política' en mayo de 2016, tras lo que recuerda los hechos recogidos en el auto referido, dictado por el juez Álvaro Martín.
La Fiscalía explica que en la pieza de Santana Motor “el hecho objeto de imputación viene determinado por las ayudas sociolaborales dadas a la mercantil a través de dos sociedades creadas tras la aprobación del plan de acción así como ayudas específicas a la asociación de extrabajadores”.
Asimismo, en esta pieza separada “es objeto concreto de investigación la decisión del investigado de otorgar pagos compensatorios, mediante pólizas de rentas, a ciertos directivos de la empresa matriz Santana, cuya propietaria era ya la entidad pública Soprea, a su vez dependiente de la agencia IDEA, con una exigua y/o nula tramitación administrativa en la Dirección General de Trabajo, centro gestor de la Consejería de Empleo, y con cargo al programa 31L”.
HECHO “DISTINTO” Y “DIFERENTE”
La Fiscalía asevera en este recurso de apelación consultado por Europa Press que “no se puede negar que los hechos recogidos en el denominado procedimiento específico desembocan en que se hayan podido materializar los pagos antes referidos al entorno empresarial de Santana Motor --que reúnen caracteres de apariencia delictiva--, pero se trata de un hecho distinto y diferente con una participación indiciaria” del exconsejero “que no es objeto” del auto de procesamiento de la pieza 'política'.
“De prosperar la pretensión del ahora recurrente, éste habría obtenido un salvoconducto para todas aquellas ayudas y pagos singulares en los que, conociendo las ventajas del procedimiento específico, hubiera participado directamente en su concesión y pago beneficiando ilícitamente a terceros, dejando sin efecto la utilidad que se pretendía obtener con la división de la causa”, considera.
Según expone, “esta construcción se plasmó” en el escrito de acusación que formuló en la pieza 'política' de los ERE, donde “la cuantificación del montante exigida” en concepto de responsabilidad civil, “en coherencia con el hecho objeto de acusación, no va referido al total de ayudas abonadas, sino al montante del crédito presupuestario definitivo”.
LA RESPONSABILIDAD CIVIL
En resumen, añade la Fiscalía, “algunas ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en crisis han sido abonadas con crédito presupuestario del programa 31 L de la Consejería de Empleo y con créditos presupuestarios de otros programas presupuestarios de la Consejería de Innovación, por lo que no procede entender identidad en la reclamación objeto de responsabilidad civil” en la pieza 'política' y las diligencias que se incoan para cada ayuda singular.
A su juicio, “este planteamiento se recoge” en el auto dictado en abril de 2017 por la Audiencia Provincial de Sevilla, en el que archivó la causa seguida en la pieza 'política' de los ERE contra el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera “sin perjuicio de las responsabilidades penales derivadas de los pagos hechos a través de la asunción de compromisos adquiridos con anterioridad al ejercicio de sus funciones en la Consejería de Empleo, que corresponde esclarecer, en su caso, en los procedimientos concretos que se hayan abierto o abran para indagar cada ayuda en concreto”.
Cabe recordar que la juez María Núñez Bolaños ha “excluido” al exconsejero Antonio Fernández de una decena de piezas separadas de los ERE después de que la Audiencia Provincial de Sevilla haya dictaminado que sólo haya un juicio para los ex altos cargos imputados en la pieza 'política'.
Asimismo, también ha apartado al exconsejero de Empleo José Antonio Viera de la pieza separada por la ayuda de 24.000 euros al Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz).