Si José Antonio Viera puede considerarse el exconsejero más 'señalado' por Alaya durante la instrucción del caso de los ERE (aunque no declaró hasta hace un par de semanas por ser aforado), Antonio Fernández es, sin duda, el exalto cargo más castigado por la jueza. Ha sido el único exconsejero que ha pasado por prisión preventiva, pudiendo salir en agosto de 2012 tras abonar 450.000 euros de fianza. Hace algunas semanas, pedía al juzgado una pensión alimenticia de 1.840 euros al estar al borde de la “indigencia”. Además, la Consejería de Empleo que dirigió entre 2004 y 2010 ha sido centro de las declaraciones de algunos de los aforados en el Tribunal Supremo, principalmente Viera (su antecesor) y Griñán (compañero de Consejo de Gobierno en Hacienda). Ahora, de hecho, el alto tribunal le ha llamado a prestar declaración. Eso será el jueves 30. Pero antes, el martes 28, tiene su enésima cita con la jueza Alaya después de que hace ya unas fechas le ampliara su imputación en los ERE.
Fernández, que también se convirtió en verano en el primer imputado por Alaya en la causa de los cursos de formación, se verá este martes con antiguos gestores de Empleo como los exviceconsejeros Agustín Barberá y Justo Mañas, o los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera. También están citados el exconsejero de Innovación Martín Soler y el exviceconsejero Jesús María Rodríguez.
Su citación y la de estos otros imputados se pospuso hasta en un par de ocasiones. La jueza aplazó finalmente a este martes las declaraciones después de que el PP-A solicitara la suspensión de las comparecencias al coincidir las mismas con la declaración en el Supremo del exconsejero Viera. Precisamente, el propio Fernández, que heredó la Consejería más en el punto de mira en el caso ERE, visitará la sede del alto tribunal en Madrid este jueves.
Y es que el Supremo le ha citado como imputado, en la misma situación procesal, por lo que debe comparecer asistidos de letrado y sin obligación de decir verdad. Se le interrogarrá sobre los trámites de concesión de los ERE presuntamente fraudulentos en Andalucía y otras ayudas sociolaborales. Antonio Fernández, que antes que consejero fue viceconsejero de Empleo desde 1995 y, desde 2000, vicepresidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), dijo en su momento ante Alaya que el sistema de ayudas implantado en 2001 “era legal” y defendió su operatividad para ayudar a trabajadores y empresas.
Presunto “enriquecimiento ilícito”
La jueza que le mandó a prisión preventiva durante seis meses le acusa de haber hecho “dejación absoluta” de sus funciones, generando “enriquecimiento injustificado para unos y de empobrecimiento para las arcas” de Andalucía. Ya en marzo de 2011, cuando saltó el caso, fue imputado por delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias.
Alaya, por otro lado, acaba de confirmar su imputación por un presunto delito continuado de cohecho, aunque la jueza ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que amplíe el informe patrimonial realizado sobre el imputado y su entorno familiar. Según la jueza, hay indicios de que hubiera recibido dádivas o regalos “por la concesión de subvenciones sociolaborales a determinados beneficiarios”.
Según la UCO, el exconsejero adquirió “durante el tiempo que desempeñó sus cargos como viceconsejero y consejero de Empleo seis inmuebles -cuatro viviendas y dos garajes con trastero-, comprados concretamente en el transcurso de siete años, desde el 18 de agosto de 2001 al 15 de octubre de 2008, adquiriendo en este último año cuatro de los inmuebles reflejados, dos suyos y dos para su hijo, carente de ingresos para efectuar dicha compra, al igual que en el caso de la compra efectuada por su hija”. Todo ello “ascendiendo a 602.806,72 euros la suma del dinero percibido” por el imputado y sus hijos, “de origen desconocido, a través del abono en cuentas bancarias o utilizado para la compra de inmuebles, siendo así que Antonio Fernández habría sido autorizado o cotitular de algunas de las cuentas de sus hijos”.
La versión del exinterventor general de la Junta
Por su lado, el que fuera interventor de la Junta entre los años 2000 y 2010 Manuel Gómez Martínez considera “inverosímil” la versión que el expresidente Griñán dio en el Supremo de que no conocía los informes de la Intervención General. Por eso pidió declarar de forma voluntaria ante el juez instructor, para aportar las pruebas que así lo demuestran y que ya trató de hacer ver a la jueza durante su declaración como imputado en julio de 2013. Entonces dijo aquello de que “al señor Griñán los informes de Auditoría no le importaban nada”. Manos Limpias, acusación popular en la causa, también pidió su comparecencia, que será este martes.
Gómez, en una entrevista en Onda Cero, casi dos años después de 'salir' de la causa, y a las alusiones por parte de alguno de los aforados, consideró que la Intervención General “no estaba perfectamente al tanto” de lo que ocurría en la Consejería de Empleo porque “no podía fiscalizar las subvenciones” que gestionaba este departamento y que fue a través de las auditorías que realizaba al IFA como se detectó que había un área de gestión pública “sin control de la Intervención”. El resultado de esas auditorías, según detalló, fue comunicado a tres miembros del Gobierno de la Junta (los consejeros de Empleo, Hacienda e Innovación) porque ellos “eran los destinatarios legales” de las mismas.
Este martes, coincidendo en el tiempo con la declaración de Fernández en Sevilla, Gómez tratará de explicar en Madrid al instructor del Supremo todas esas circunstancias para que pueda tomar alguna decisión respecto a la situación de los cinco aforados que ya han declarado, y que especialmente pueden afectar al expresidente de la Junta José Antonio Griñán como exconsejero de Hacienda.