El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro ha citado el próximo 28 de abril en calidad de imputados que fuera Interventor General de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010 Manuel Gómez Martínez; y para el día 30 y al exconsejero de Empleo Antonio Fernandez García para interrogarles sobre los trámites de concesión de los ERE presuntamente fraudulentos en Andalucía y otras ayudas socio-laborales.
Ambos, que ya están imputados en la causa que tramita la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, son llamados ante el alto tribunal en la misma situación procesal, por lo que deben comparecer asistidos de letrado y no tienen obligación de decir verdad.
La petición de los interrogatorios fue realizada este mismo martes por los fiscales Fernando Prieto y Rafael Escobar. En las providencias dadas a conocer este jueves se precisa que la comparecencia del exinterventor ha sido también solicitada por él mismo y por la acusación popular que ejerce Manos Limpias.
El sindicato justificó su decisión en las declaraciones prestadas en su día como imputados por los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y por el exconsejero José Antonio Viera, quienes coincidieron en manifestar que no tenían conocimiento de los reparos y de las advertencias de ilegalidad efectuados por el exinterventor al sistema de concesión de las ayudas socio-laborales.
La petición de comparecencia respecto de ambos testigos por parte del Ministerio Público se conocía el mismo día que el magistrado Jorge Barrerio finalizaba su calendario de comparecencias de los cinco aforados en la causa con la declaración de la senadora y exconsejera de Presidencia Mar Moreno.
EXINTERVENTOR PIDIO DECLARAR
Por su parte, el propio exinterventor manifestó también su interés en testificar ante el alto tribunal al considerar “inverosímil” la versión del Griñán de que no conocía los informes de la Intervención.
En una reciente entrevista concedida a Onda Cero, Gómez declaró que la Intervención General “no estaba perfectamente al tanto” de lo que ocurría en la Consejería de Empleo porque “no podía fiscalizar las subvenciones” que gestionaba este departamento y que fue a través de las auditorías que realizaba al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) como se detectó que había un área de gestión pública “sin control de la Intervención”.
El resultado de esas auditorías, según detalló entonces el exinterventor, fue comunicado a tres miembros del Gobierno de la Junta, los consejeros de Empleo, Hacienda e Innovación porque ellos “eran los destinatarios legales” de las mismas.
Así las cosas, Gómez estableció una diferencia entre la situación de Griñán y la de Manuel Chaves porque en el periodo en el que ocurrieron los hechos, este último fue “presidente y solo presidente” de la Junta y es “perfectamente posible” que “ninguno de los tres consejeros hubieran considerado necesario darle traslado del contenido de los informes”.