“¿Pueden ser considerados los periodistas más peligrosos que otros profesionales que entran en la cárcel para realizar su trabajo? ¿Sería razonable obstaculizar la labor de notarios o médicos impidiendo su acceso?”. Con esas preguntas, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) ha presentado este jueves un escrito ante la Subdelegación del Gobierno en Córdoba con el fin de solicitar “una recomendación para que se salga del oscurantismo y del apagón informativo en las cárceles” y se lleve a cabo “la autorización de entrevistas profesionales de periodistas en igualdad de condiciones con el resto de colectivos profesionales”.
A raíz del expediente abierto por la prisión de Córdoba a un interno por haber mantenido una conversación con un periodista de eldiario.es, APDH-A ha puesto el foco así en la igualdad de condiciones de trabajo entre los periodistas y otros profesionales que sí entran en las cárceles para realizar su trabajo. “Médicos, notarios, abogados o sacerdotes”, ha descrito el coordinador general de APDH-A, Valentín Aguilar, son algunos de los profesionales a los que habitualmente se les permite la entrada en prisión para entrevistarse con los internos y realizar su tarea. “La realidad es que se solicita una entrevista con un periodista y no hay respuesta. De facto, no se concede”, denuncian desde la ONG.
Sin embargo, defienden que la legislación establece en la Ley Orgánica General Penitenciaria que “en los mismos departamentos (que los abogados) podrán ser autorizados los internos a comunicar con profesionales acreditados en lo relacionado con su actividad, con los asistentes sociales y con sacerdotes o ministros de su religión, cuya presencia haya sido reclamada previamente”, profesionales entre los que también se encontrarían los periodistas.
Cabe recordar que eldiario.es/andalucia publicó en junio una entrevista con un preso de la cárcel de Córdoba al que posteriormente desde la prisión se le abrió de oficio un expediente sancionador por no haber llevado la comunicación con el periodista por el cauce establecido y por el contenido de la entrevista. Posteriormente, solicitada una nueva entrevista con el preso con otro medio, pasadas las semanas el interno aún no tiene contestación sobre ello por lo que APDH-A considera que “de facto” no se autorizan entrevistas de internos con los medios de comunicación.
Así, en el escrito presentado en Subdelegación del Gobierno en Córdoba, APDH-A solicita también información de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias “a fin de que aclare los motivos por los que no se autoriza ni notifica al citado interno la denegación de la comunicación solicitada, así como cuáles son los criterios concretos en que se ampara la no concesión de entrevistas entre los privados de liberta y los medios”.
“El derecho de información no se puede detener a las puertas de prisión”, denuncia Aguilar, quien relata cómo “los periodistas entran en prisiones de otros países” y recuerda que, sobre ello, la normativa europea establece que “los internos deben ser autorizados a comunicar con los medios, a menos que haya poderosas razones en contra como la seguridad, el interés público o la protección de las víctimas, de otros detenidos o del personal penitenciario”.
En ese sentido, APDH-A defiende cómo “en el caso de los periodistas, al igual que el resto de los profesionales, salvo que se acredite excepcionalmente lo contrario, no parece que puedan concurrir razones de tratamiento o de preparación de actividad delictiva o que sean susceptibles de atentar contra la convivencia, el buen orden o la seguridad del establecimiento” penitenciario.
En palabras del coordinador general de APDH-A, existe “censura, un apagón informativo, dentro del centro penitenciario” en tanto en cuanto “la administración intenta ocultar e impide que salga lo que ocurre” entre las paredes de prisión.