La Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) han presentado este miércoles una queja al Defensor del Pueblo ante la sanción a un preso por hablar con un periodista, de la que informó este periódico. Valentín Aguilar, coordinador general de APDHA, ha lamentado el “apagón informativo” que se vive en los centros penitenciarios españoles mientras que Rafael Rodríguez, presidente de la APS, ha apostado por no dar “ni un paso atrás” a la hora de vigilar la libertad de expresión, actualmente “más amenazada que nunca”. En ese sentido, han pedido el respeto de Instituciones Penitenciarias a los derechos fundamentales.
De hecho, este miércoles han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo Estatal ante la referida sanción, recibida por una persona presa en la cárcel de Córdoba, una muestra de “la vulneración del derecho a la libertad de expresión de las personas presas, al derecho a la información de la ciudadanía y una limitación evidente al ejercicio del periodismo”.
En la queja requieren información a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a fin de que aclare los motivos por los que no se autoriza ni notifica al citado interno la denegación de la comunicación solicitada, así cuáles son los criterios concretos en que se ampara la no concesión de entrevistas entre los privados de libertad y los medios. Asimismo, recomienda la autorización de entrevistas profesionales en igualdad de condiciones con el resto de colectivos profesionales.
La sanción, impuesta por Instituciones Penitenciarias, consistió en la privación durante un mes de paseos y actos recreativos comunes. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha anulado la sanción, estimando el recurso presentado por el abogado del interno, de la APDHA, pero sin entrar en el fondo de la cuestión. Para ambas organizaciones, hechos como este demuestran que las personas presas no tienen derecho a informar y los profesionales de la comunicación tampoco pueden recabar de ellos información, por el hecho de estar recluidos. Muy al contrario, han comentado, la Constitución Española señala que este derecho no podrá ser vulnerado por el hecho de estar privado de libertad.
“La imposibilidad de contactar con la prensa es propia de sistemas dictatoriales”, ha señalado Aguilar, que ha hablado de “censura” en las cárceles nacionales “mientras en televisión estamos viendo entrevistas con presos en el extranjero”. “¿Qué quieren ocultar de las cárceles en España?”, se ha preguntado. Rodríguez ha hecho hincapié en que “de fondo hay una vulneración total de la libertad de expresión”. “¿Por qué no va a poder contar lo que quiera si él quiere y el periodista quiere?”, se ha cuestionado también. “Pierde el periodismo, pierde el preso y pierde la sociedad y su derecho a la información”, ha señalado.
El escrito sancionador detallaba que este debería haber hecho uso del procedimiento habilitado para concertar citas con periodistas (previsto en el artículo 49.5 del Reglamento Penitenciario) que, “en la práctica, no funciona”, un hecho que hasta fuentes oficiales de Instituciones Penitenciarias reconocen, según han planteado ambas organizaciones. De hecho, el mismo preso solicitó hace cerca de dos semanas por la vía reglamentaria comunicaciones con otro periodista y aún está a la espera de contestación. “Resulta absurdo que la contestación habitual sea que las entrevistas no se conceden para proteger la intimidad de las personas presas, como si de menores o de personas incapacitadas se tratara”, ha criticado Aguilar, que ha destacado que no se vulnera ninguna intimidad ya que “son ellos los que quieren hablar, al menos en este caso”.
Además, “la igualdad entre ciudadanos no puede limitarse por el hecho de estar privado de libertad”, afirmó el recurso del interno, finalmente aceptado. Para la administración penitenciaria, se trata de una falta grave por haber divulgado “noticias o datos falsos, con la intención de menoscabar la buena marcha regimental del establecimiento”. En contraposición, y “parece tratarse de una agresión ilegítima a eventuales críticas que la administración no considera adecuadas” que abundan en la opacidad existente en la cárcel, continuaba el recurso.
Asimismo, la APDHA solicitará este jueves formalmente al subdelegado del Gobierno de Córdoba que las personas presas puedan entrevistarse con periodistas y se respete de este modo el derecho a informar y a ser informados.