Este miércoles ha sido aprobada por todos los grupos parlamentarios de la Cámara andaluza la segunda proposición no de ley instando a la reanudación del servicio de asistencia jurídica a personas presas en las cárceles de la comunidad autónoma y requiriendo al Consejo de Gobierno para incorporar partida específica en los presupuestos del 2014.
Según ha informado en una nota de prensa la 'Plataforma por la Reanudación del Servicio de Asistencia Jurídica Penitenciaria ¡Ya!', se cumple año y medio sin asistencia letrada para las 15.500 personas privadas de libertad en Andalucía, después de que los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria fueran suspendidos en en mayo del 2012 por la Consejería de Justicia, justificándose en la necesidad de la firma por parte del Ministerio del Interior de un convenio tripartito entre éste, la Consejería y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.
Esta plataforma reclamó ya entonces su inmediata reinstauración sin necesidad de esperar dicha firma, pues la consideraban innecesaria, ya que en Andalucía se había estado prestando el servicio durante más de ocho años sin dicha firma, y en ninguna otra comunidad se funcionaba bajo el modelo tripartito pretendido por la Consejería. En la nota recuerdan que, el 14 de mayo de 2013, el Defensor del Pueblo Estatal comunicó que el Ministerio le había informado por escrito que no firmaría el citado Convenio por no ser precisa su firma, ya que estaba autorizada la prestación de los servicios por los convenios existentes con los Colegios de Abogados.
Por ello, el 28 de mayo siguiente se aprobó en la Comisión de Justicia e Interior del Parlamento andaluz, sin oposición del grupo parlamentario del PSOE, una proposición no de ley de continuar prestando los servicios sin la firma del Ministerio del Interior. Ese mismo día, a continuación en la misma Comisión, el consejero de Justicia compareció personalmente y se comprometió a la búsqueda de soluciones alternativas al convenio tripartito. A pesar de ello, indica la nota, la única actuación realizada por la Consejería ha sido volver a pedir al Ministerio del Interior, en septiembre de 2013, que firme un convenio tripartito.