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Vecinos de Lavapiés logran aplazar el desahucio de una mujer de 59 años y su hijo de ocho

Zohra y una activista del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid

Diego Alonso Peña

16 de julio de 2024 11:41 h

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Vecinos y miembros del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid han logrado este martes aplazar el desahucio de Zohra, una mujer de 59 años, que reside junto a su marido y su hijo de 8 años en la calle Zurita de la capital. La movilización ha conseguido retrasar el lanzamiento una semana, hasta el 24 de julio, a las 9:30 de la mañana, después de negociar con la Comisión Judicial, los policías presentes y el Samur Social, que se ha acercado para ver la situación en la que se encuentra el domicilio y la familia.

La victoria del movimiento vecinal ha sido agridulce ya que esperaba que, “con un poco de suerte”, pudiera aplazarlo hasta septiembre porque la familia está buscando una alternativa habitacional ante el mal estado en el que se encuentra la vivienda. “Nos han comunicado que la próxima semana se ejecutará sí o sí y que serán mucho más agresivos que en esta ocasión”, ha relatado Carlos Castillo, el abogado que se ha encargado de negociar con la Comisión Judicial.

Varias decenas de personas se han concentrado a las puertas del edificio desde las 7.30 horas de la mañana. Algunos, incluso, han relatado que han dormido en el hogar de la familia para prevenir lo que pudiera pasar. “La casa está en unas condiciones lamentables, las humedades se la están comiendo y es prácticamente inhabitable, pero no tiene alternativa habitacional con lo que está contra la espada y la pared”, han explicado varias personas del sindicato que han tenido oportunidad de estar en el interior del piso.

Al hijo se le ha podido ver llegando al domicilio en patinete portando un cojín dentro de una bolsa de basura y ha pasado la mañana en un campamento urbano próximo al domicilio. “Así por lo menos no tiene que ver lo que pueda pasar ahora”, comentaba apenada Blanca, una de las portavoces del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

Este no es el primer desahucio al que se enfrenta Zohra. “La primera vez fue horrible, pensaba que me iban a echar de casa con mi hijo y no sabía cómo nos podríamos buscar la vida. Ahora ha venido mucha gente, pero la noche ha sido horrible, crees que la vida se te cae a pedazos”, narra la protagonista. Carlos Castillo, el abogado de la familia y de otras que también han sido amenazadas de desahucio, ha explicado a este periódico la situación que están atravesando. “Se trata de una familia vulnerable con lo que, en principio, el Gobierno ha prohibido expresamente estas actuaciones, pero hay juzgados en Madrid que siguen ejecutándolos sin que pase nada”, detalla.

Carlos está apoyando a la familia en el proceso judicial en el se halla envuelta. Viven el piso de la calle Zurita desde 2014 pagando el alquiler, unos 340 euros mensuales. En 2019 recibieron amenazas con que iban a ser echados y desde entonces se encuentran inmersos en una pesadilla que parece no tener final. Carlos hace hincapié nuevamente en las deplorables condiciones en las que se encuentra el domicilio. “Está que se cae a pedazos. Incluso en un momento se cayó el techo de la habitación del niño y porque no estaba durmiendo que si no habría sucedido una desgracia”, explica.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha logrado concentrar a varias decenas de personas frente al edificio. Cánticos y proclamas han arropado a todo el barrio desde primera hora de la mañana. “Vecino despierta, desahucian en tu puerta”, sonaba a través del megáfono de los activistas. Zohra se encontraba en la puerta al ver el apoyo que todos los vecinos han podido darle. “Es una situación muy difícil, es mi casa, tengo un hijo pequeño y vivimos con un estrés y con miedo las 24 horas del día”, afirma.

Desde la Comisión Judicial han anunciado que el desahucio se producirá el próximo 24 de julio a las 9:30 de la mañana “de muy malas formas”. “No ha habido ningún acercamiento emocional ni empático. Hoy se ha logrado parar porque somos muchos y ven inviable entrar, pero la próxima semana cortarán las calles y traerán varios furgones para ejecutar la acción”, ha informado Carlos a los presentes. Desde el sindicato buscan opciones para enfrentarse a la situación que saben que “será horrible”.

“No han sido nada comprensivos, en las formas ni en la forma de comunicarlo. Estos desahucios no se deberían estar produciendo pero en esta ciudad hay juzgados que hacen lo que quieren”, explica Carlos ante la horrible situación de tener que explicar a la familia que el infierno por el que están pasando se alargará hasta la semana que viene. “Pensábamos que tendríamos suerte y lograríamos que se aplazara hasta septiembre. En agosto no hay desahucios y Zohra está buscando alternativa habitacional porque, de verdad, el piso está que se cae a pedazos”.

El edificio pertenece íntegramente a un único propietario, además de tener otras 25 viviendas por toda la ciudad. “No queremos decir el nombre porque todo el mundo sabe quién es, pero es una vergüenza que personas que tienen tantas propiedades quieran echar a familias para poder seguir especulando y haciendo negocio con un derecho tan fundamental como es la vivienda. El Gobierno dice y presume que ya no se producen, pero la realidad es que se llevan a cabo 82 desahucios diarios en este país”, explican desde el sindicato que buscará apoyos para resistir la ofensiva judicial y policial del próximo miércoles.

Carlos, megáfono en mano, anunciaba la información del aplazamiento tan solo una semana después. Una pequeña victoria que ha sabido a derrota tras saber que en pocos días tendrán que volver a vivir la pesadilla y en la que han sido notificados que será “mucho más agresiva” que en esta ocasión. Abrazos, lágrimas y consuelos han abarrotado la calle con una consigna clara entre los vecinos, activistas y la propia familia de Zohra: “nos vemos la semana que viene”.

Este es uno de los muchos desahucios que se producen a lo largo del año en la capital. El sindicato y abogados como Carlos Castillo tratan de frenarlos incansablemente, pero aseguran que “tanto juzgados como la propia Policía siguen procediendo de la misma manera pese a que Gobierno e instituciones aseguran que no se pueden realizar”.

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