“El primer y segundo ciclo de educación infantil serán gratuitos”. Esta era la propuesta del grupo parlamentario socialista en Andalucía en marzo de 2019 cuando registró en la Cámara autonómica una proposición de ley sobre la gratuidad y la universalidad del primer ciclo de educación infantil.
Sin embargo, más de dos años después, el texto aprobado en el Parlamento andaluz, con los votos de PSOE, PP, Ciudadanos y Vox, no es tan preciso en la defensa de la educación gratuita para el alumnado de 0 a 3 años. Unidas Podemos se ha abstenido en la proposición de ley que ha incorporado una enmienda 'in voce' —no está recogida expresamente en el reglamento y se propone en el transcurso del debate— que solicita a las administraciones educativas a garantizar “la universalidad del primer y segundo ciclo de educación infantil impulsando la gratuidad de manera progresiva a fin de atender las demandas de las familias”.
“El espíritu sigue siendo el mismo”, dicen las fuentes socialistas consultadas, pero esto no se refleja en el documento. De “el primer y segundo ciclo de educación infantil serán gratuitos” se ha pasado a una “gratuidad de manera progresiva”. El PSOE-A defiende que esto es el “acompasamiento a la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación)”. Es decir, la iniciativa sobre la gratuidad y la universalidad del primer ciclo de educación infantil se adapta a la conocida como ley Celaá.
La LOMLOE, que modifica la Ley Orgánica de Educación (LOE), no extiende la gratuidad al primer ciclo de educación infantil. En su artículo 15, apartado 2, expone que “el segundo ciclo de la educación infantil será gratuito”. Lo mismo que la normativa de 2006. Lo único que apunta esta reforma educativa con respecto al primer ciclo, en el punto 1 del artículo modificado, es que “las administraciones públicas incrementarán progresivamente la oferta de plazas públicas con el fin de atender todas las solicitudes de escolarización de la población infantil de cero a tres años”.
Ante la pregunta de si el texto primigenio era más ambicioso que el que se ha acabado firmando, el PSOE-A no entiende que haya “un retroceso” sino “un respeto al nuevo marco legislativo”. “No se renuncia a la gratuidad de la educación de 0 a 3 años”, han zanjado las fuentes consultadas.
Pero este reconocimiento de la gratuidad que ahora busca el Parlamento de Andalucía para el primer ciclo no se enuncia en la LOMLOE, ya en vigor e impulsada por el Gobierno central de PSOE y Unidas Podemos. Sólo en la disposición adicional tercera de la ley, sobre la extensión de la educación infantil, se manifiesta que en el plazo de un año desde su entrada en vigor se elaborará “un plan de ocho años de duración para la extensión del primer ciclo de educación infantil de manera que avance hacia una oferta pública suficiente y asequible con equidad y calidad y garantice su carácter educativo”. Según recoge el texto en esta “progresiva implantación” se priorizará el “acceso del alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión social y la situación de baja tasa de escolarización”.
“Lo que era una buena idea, se queda en nada”, dice el diputado no adscrito José Ignacio García. Este miembro de Adelante Andalucía, además de lamentarse por que la proposición de ley no facilita la ampliación de la red pública de centros de educación infantil ni protege al sector de la entrada de las grandes empresas, cree que la iniciativa es “descafeinada”. “El propio texto del PSOE era más ambicioso que la LOMLOE, pero lo han cambiado para no sacarle las vergüenzas al Gobierno central”, dice. Cabe destacar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que el primer ciclo de educación infantil “es una de las asignaturas pendientes en nuestro país”.
La propuesta de modificación del artículo 15 de la ley de Educación de 2006, que versa sobre la oferta de plazas y gratuidad, ha sido un camino largo. Al tratarse de una reforma de una ley orgánica el cauce indicado es su tramitación ante la Mesa del Congreso de los Diputados.
La iniciativa inició su proceso en la legislatura anterior cuando la diputada socialista Adela Segura ya defendió en sesión plenaria esta proposición de ley a principios de 2018. Con la convocatoria de elecciones autonómicas decayeron todas las iniciativas y no fue hasta marzo de 2019 cuando el grupo socialista la recuperó.
Después de una larga andadura en la Comisión de Educación y Deporte, el texto estaba preparado para su debate en el pleno posterior a la victoria del candidato del PSOE-A a la Junta, Juan Espadas, pero fueron los propios socialistas los que lo retiraron del orden del día. “Se había alejado de la propuesta inicial”, explican fuentes de la nueva dirección del grupo parlamentario, que ganaron tiempo para analizarla. El documento respaldado con los votos de PP, Ciudadanos y Vox es fruto de unas negociaciones lideradas por la recién nombrada cúpula. “Se ha intentado buscar un equilibrio entre la realidad de Andalucía, los intereses del sector y la nueva normativa”, explican.
Desde el PSOE-A califican de “buena noticia” que se haya alcanzado “un acuerdo sin ningún voto en contra”, mientras que el diputado del PP Miguel Ángel Ruiz celebró el “consenso” acordado. En las negociaciones también se ha cambiado el primer apartado del Artículo 15 que refleja que “el Gobierno [central] deberá contribuir a la financiación de la extensión del primer ciclo de educación infantil”. Otra baza más para que el Ejecutivo andaluz demande un compromiso desde Moncloa.
La proposición de ley relativa al reconocimiento de la gratuidad y la universalidad del primer ciclo de la educación infantil pretende reducir la “brecha enorme” entre las ofertas de plazas públicas y privadas en los centros de educación infantil. Además, se entiende que la gratuidad y universalidad de los mismos “contribuye a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de mujeres y hombres”. Otros de los “beneficios sociales” expresados en el texto van dirigidos al empleo femenino y al reconocimiento y formación del personal educador.
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