La Junta de Andalucía y la patronal del juego han hecho una apuesta común contra la normativa del Ayuntamiento de Cádiz que, desde septiembre, limita las casas de apuestas en la ciudad. Tanto el Gobierno autonómico como la Agrupación Gaditana del Recreativo (AGARE) y la entidad mercantil Gestión de Juegos SL han interpuesto casi al unísono recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra aquel acuerdo plenario, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz el 17 de noviembre de 2020, en virtud del cual se aprobó definitivamente la modificación puntual del articulado de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para la regulación de la implantación de establecimientos de juego.
Después de que elDiario.es Andalucía informara esta semana de que la Consejería de Hacienda ha requerido al Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) que derogue una modificación puntual de su PGOU que impide que se coloquen a menos de 500 metros de los equipamientos educativos, deportivos y socioculturales, el Ayuntamiento de Cádiz ha rescatado el expediente completo al verse nombrado hasta en tres ocasiones en el escrito de la Junta dirigido al Ayuntamiento de Alcalá. Cabe recordar que el ayuntamiento gaditano fue el primero de Andalucía en modificar su PGOU para evitar la implantación de los establecimientos de juego en núcleos residenciales.
El recurso del gabinete jurídico de la Junta contra el Ayuntamiento de Cádiz se presentó el pasado 14 de enero. Solo tres días antes de ese recurso ante el TSJA, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, firmó una Orden para autorizar al mismo a interponer recurso judicial contra el acuerdo del Pleno, según ha comprobado este periódico. Es más, la entidad mercantil Gestión de Juegos SL presentó el mismo 14 de enero su recurso (se trata en realidad de un particular al que el consistorio le suspendió la petición de licencia para instalar una casa de apuesta, en aplicación de una moratoria), mientras que AGARE lo interpuso el 16 de enero. Es decir, en un intervalo de tres días, recursos judiciales contra lo aprobado el pleno del 22 de septiembre, que contó por cierto con los votos a favor de todos los grupos salvo la abstención del PP.
Solicitud del sector dos semanas antes del recurso
Pero es que apenas dos semanas antes, el 29 de diciembre, la Agrupación Gaditana del Recreativo (AGARE) había solicitado a la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego de la Consejería un informe jurídico acerca de la cuestión. La Junta le remitió una copia de uno elaborado el 15 de diciembre por su director general, que concluía que “en el articulado de las normas urbanísticas del PGOU de Cádiz no se pueden regular aspectos específicos y propios de los establecimientos de juego y apuestas, ni tampoco establecer una planificación municipal de estos al ser ésta un competencia exclusiva de la Junta de Andalucía”. Idéntico argumento al presentado ante el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, cuya modificación del PGOU aún está en trámite. Fue el paso previo para que Junta, patronal y particular afectado interpusieran días después similares contenciosos contra la limitación de las casas de apuestas y juego en la ciudad.
El último episodio de este asunto, aunque anterior cronológicamente hablando, es que el Servicio de Urbanismo de Cádiz había trasladado en febrero de 2020 a la Delegación Territorial de la Junta de Hacienda la aprobación inicial de la modificación puntual, solicitando informe favorable al igual que se hizo con peticiones a la Delegación de Salud y a la de Fomento. Según asegura a este periódico el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento gaditano, Martín Vila, la única delegación que no respondió a la solicitud fue la de Hacienda, la misma que ahora actúa “a golpe de la patronal del juego, como un sicario”, emitiendo un informe e instando a la letrada de la Junta a que interponga el recurso presentado, efectivamente, en el 14 de enero.
Según ha comprobado este medio, la Delegación de Fomentó informó favorablemente en agosto de 2020 diciendo, entre otras muchas cuestiones, que “la modificación del PGOU propuesta se limita al ámbito municipal, no incidiendo sobre intereses supralocales”. Por parte de la Delegación de Salud, en abril de 2020, no se pusieron especiales objeciones a la tramitación de la modificación urbanística, informando favorablemente de la actuación y concluyendo que “la regulación de la implantación de establecimiento de juego será en su conjunto positiva”. Según Villa, “la Administración autonómica avaló en su día el paso que dimos para determinar las condiciones de implantación de las casas de apuestas en suelo urbano”. “Hacienda pasa de no informar a recurrir en el juzgado tras una petición de la patronal del juego, a la que se pliega”, resume Vila.
El coordinador general de IU en Andalucía, Toni Valero, acusaba este viernes al Gobierno andaluz de que “se alinea con los intereses de las casas de apuestas”, actitud que ha contrastado con la iniciativa que ha atribuido al Ministerio de Consumo de “poner limitaciones” a su actividad, a lo que ha sumado una actitud similar en algunos ayuntamientos andaluces, entre los que ha citado a Cádiz y Alcalá de Guadaíra, de “poner pie en pared”.