Una jueza de Sevilla ha archivado un caso de presunta estafa continuada contra el exdirigente de la Conferederación de Empresarios de Andalucía (CEA) Santiago Herrero y otros miembros de la anterior cúpula directiva de la patonal. Se trata de la denuncia de una quincena de contratistas que participaron en la construcción de una promoción de viviendas de protección oficial en Sevilla Este, por terminar desde hace años, y que denunciaban los impagos y el presunto beneficio patrimonial ilícito de los gestores aprovechando el auge inmobiliario de VPO de hace unos años.
Tras la instrucción desarrollada el juzgado no ve indicios suficientes de criminalidad en la actuación de los ocho denunciados, entre los que se encontraban los dirigentes de las empresas constructoras de las viviendas, según ha adelantado Diario de Sevilla. El mismo juzgado archivó una querella presentada por la Asociación de Vecinos Isbylia contra la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la CEA y promotora de las viviendas, y Dolmen Consulting por apropiación indebida. También se archivó, por parte de la Fiscalía, la denuncia presentada por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria SA (Sareb), que en diciembre de 2012 se hizo cargo del crédito de 50 millones que Bankia otorgó en 2007 para la promoción 'Isbylia'.
En esta ocasión la jueza no aprecia engaño en la actuación de los ex máximos responsables de la patronal andaluza y se limita a concluir sobre la promoción inacabada de pisos que “se trató de uno más de esos negocios inmobiliarios en lo que la ausencia de previsión y los desaciertos de los gestores empresariales se conjugan con los recortes del crédito vinculados al inicio de la crisis económica y bancaria y que afecta, en especial, a la hoy desaparecida Caja Madrid”.
Las reclamaciones de los vecinos “habrán de ventilarse en la vía civil y mercantil”, señala la jueza. “No podemos concluir que la deuda sobreviniese porque los imputados -cuyas entidades se encuentran en situación de concurso de acreedores- hubieran decidido con anterioridad no pagar sino porque las dificultades económicas surgidas después lo han impedido”, argumenta el auto de archivo, al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía y en que no se detalla en ningún momento las cantidades adeudadas a los proveedores, cifradas en aproximadamente un millón de euros.
La administración concursal de la Fundación Desarrollo Sur de Europa ha reanudado recientemente las obras, de las dos fases que estaban sin terminar, y espera que puedan ser entregadas a sus compradores una vez que se obtenga la oportuna Licencia de Primera Ocupación y la Calificación Definitiva, según informaron hace unos dias a los afectados. Estos vecinos mantienen viva una asociación que ha convocado una asamblea ordinaria para el próximo 17 de marzo para analizar la situación judicial de su caso así como la situación de los pisos.
La Fiscalía archivó un presunto desvío
Hace ahora un año, la Fiscalía de Sevilla archivó la denuncia presentada por la Sareb contra la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa por un supuesto desvío de fondos dirigidos en principio a la promoción de las citadas viviendas. El decreto de archivo aludía a que no había quedado acreditado “en absoluto, ni siquiera del informe que acompaña la denuncia, que por parte de la fundación se empleara el crédito obtenido de Caja Madrid en algo distinto a la construcción de los inmuebles de la promoción”. La denuncia no dio lugar a una investigación pese al informe pericial de 135 folios aportado por la Sareb, asegura el fiscal, ya que, entre otras cuestiones, no estaba acreditado que las constructoras cobraran por obras en la promoción que no hubieran efectuado.
Decía el fiscal que en los contratos de ejecución de obra suscritos entre la fundación y las constructoras “ya se preveía una posible desviación de los costes que podía alcanzar hasta un total del 5% del presupuesto total”. Pero “es obvio que no es infrecuente se produzcan desviaciones del costo de las obras”. La decisión no sentó nada bien en la Sareb, que calificó de “vago” el escrito del fiscal si bien se limitó a decir públicamente que había cumplido “con su obligación ciudadana de poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos que pudieran tener apariencia ilícita”.
La decisión de la Fiscalía discurrió también de forma paralela al proceso de concurso de acreedores necesario de la fundación que instó la Sareb a finales del año 2013 y que, según el 'banco malo', era la mejor opción para proteger sus intereses, los de los adjudicatarios de las VPO y los de los principales proveedores de la promoción.