El caso de las VPO de la CEA empieza a cobrarse otras víctimas diferentes a las casi 600 familias que tienen sus ahorros pendientes de la entrega de las viviendas y a los dirigentes y operarios de las empresas subcontratadas pendientes de cobro por los trabajos realizados. La Justicia ha llamado a declarar en calidad de imputado al presidente de la patronal andaluza, Santiago Herrero, al secretario general de la CEA, Antonio Carrillo, y al ex vicepresidente Juan Miguel Salas por un presunto delito continuado de estafa, según la providencia del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla a la que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia.
Lo que empezó siendo una movilización vecinal a las puertas de San Telmo para hacer oír su voz puede llevarse por delante a la cúpula de la patronal andaluza. La Fiscalía de Sevilla también está investigando el caso por otra vía. En esta concreta por la que han sido imputados los dirigentes, así como los representantes de las empresas que participaron en la construcción de estas viviendas, entre ellas Dolmen Consulting, se investiga los impagos por los trabajos realizados por los proveedores en la construcción de viviendas, aún inacabada. Herrero y Carrillo han sido citados el 5 de marzo y Salas ocho días después.
La noticia, adelantada por el Grupo Joly, coincide con el hecho de que Santiago Herrero trasladara la pasada semana al Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) que ha decidido no presentarse a las próximas elecciones. Fuentes de la CEA han aludido este viernes a que mostraran “colaboración con la Justicia” y que, en principio, no habrá declaraciones al respecto salvo las que tengan que hacer en sede judicial.
La jueza requiere también a la Junta de Andalucía que aporte el expediente por el que se concedió una ayuda de 1,75 millones para la construccion de las VPO y el convenio suscrito con la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, promotora de las viviendas dependiente de la CEA y presidida por el mismo Antonio Carrillo. Dicha fundación acaba de personarse en la causa y, aunque la denuncia no se dirige contra ella, podría tener que hacer frente a eventuales resppnsabilidades civiles, según consta en la providencia.
Las empresas denunciantes son Diego y Viva CB, Euroclima 2000, Aplicaciones Maqueda, Procoenro, Industrias Tello Pintado, Gescon Instalaciones y Remoan SLU, todas ellas responsables de ofrecer el servicio de suministro de climatización, albañilería, revestimientos o instalaciones de la promocion de vivienda conocida como 'Isbylia', situada en el Polígono Aeropuerto de la capital hispalense. Los representantes de las empresas denunciadas acudirán a declarar como imputados los días 6 y 12 de marzo. Los perjudicados declararán previamente, el 3 y 4 de marzo.
Los empresarios solicitan que se les abonen las cantidades adeudadas por los trabajos e indican que los denunciados actuaron “de común acuerdo y con la única finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito, aprovechando el momento de auge inmobiliario, sobre todo en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), y organizaron un plan para enriquecerse con la construcción de estas últimas, valiéndose para ello de un entramado societario en el que están implicados una serie de organizaciones empresariales, como la CEA o Dolmen Consulting”.