Las monjas que gestionan la residencia Santa Ángela de Huelva han asegurado que han ofrecido un alquiler social a Rocío Medel, la madre soltera de dos hijos que hace un mes entró a ocupar una casa que llevaba ocho años vacía, que resultó ser de una mujer de 80 años de edad a la que cuidan las religiosas.
Un ofrecimiento que, no obstante, la propia Rocío asegura que ha conocido “por terceros”, sin que a ella nadie le haya comunicado nada. De hecho, las propias monjas no han querido hacer declaración pública alguna, y solo han hablado para eldiario.es/andalucia a través de una portavoz de la residencia, que sostiene que se encuentran “muy tristes por ser protagonistas de algo así”.
Esta portavoz ha asegurado que cuando las monjas acudieron a la vivienda que ocupa Rocío, lo hicieron para conocer cual era su situación, y ofrecerle un alquiler social, “una cantidad que ella pudiese pagar sin problemas”, como condición para que siguiese ocupando la casa sin problemas.
Este punto lo niega ella, y puntualiza que solo ha sabido que le era ofrecido ese alquiler social “a través de la plataforma -Stop Desahucios-, ya que una de sus voluntarias acudió a la residencia, y allí se lo dijeron, porque a mí no me han dicho nada, y lo único que hacen cuando me ven es agachar la cabeza e ignorarme”.
La portavoz de la residencia, por cierto, niega la mayor, y asegura que la intención de echar a Rocío de la vivienda no ha partido de las monjas, sino que es voluntad de la propia dueña de la casa, “que es una persona mayor, pero tiene su cabeza perfectamente”. Además, niegan también que no tenga sitio al que ir, “porque su madre vive en Huelva”, y tendría opciones para irse de la vivienda, según la misma portavoz.
Juicio aplazado
Mientras este punto es aclarado por las partes, la Justicia sigue su camino paralelo, aunque de momento se ha ralentizado, ya que el juicio que este miércoles debía celebrarse para aclarar la demanda de desalojo presentada contra la mujer se ha visto aplazado debido a un accidente que ha sufrido por el abogado que la defiende.
“Es un alivio momentáneo, y se puede ganar tiempo para intentar arreglar este tema por las buenas, sin llegar a ser desalojada”, afirma Rocío Medel, que puntualiza que, ahora mismo, le sería imposible incluso hacerse cargo de un alquiler social, “porque no tengo trabajo de ningún tipo”, y tiene que mantener a sus dos hijos solo con la ayuda económica de su expareja.
Mientras, ha añadido que se ha dirigido a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Huelva para encontrar una solución, de forma que pueda acceder a una vivienda mediante un pago simbólico. Para ella, solucionaría también una situación que es incómoda, “ya que lo único que hemos ocupado en la casa es una de las habitaciones, y el resto está igual que lo dejó la mujer cuando se fue a la residencia. No hemos tocado nada, al contrario, porque lo limpiamos y está el piso perfectamente”.
Pero igual que dos no pelean si uno no quieren, en este caso parece que dos no llegan a un acuerdo si uno de ellos no está dispuesto a dialogar. Rocío Medel asegura que las monjas le han cerrado la puerta de la residencia cuando ha acudido a intentar llegar a un acuerdo, y que las monjas solo entienden que tienen que hablar con la plataforma Stop Desahucios, que sí la entienden como interlocutora.
Desahucio o desalojo
No obstante, en este caso la propia ocupante de la casa no obvia que está cometiendo una ilegalidad. No sería un desahucio, sino un desalojo lo que se llevaría cabo, aunque este punto lo intenta aclarar la plataforma Stop Desahucios, que no ve tan claro que las monjas puedan echar de la casa a Rocío a pesar de la presunta intención de la dueña del inmueble.
Tomás Gómez, portavoz de la plataforma en Huelva, ha indicado que se quiere conocer, de entrada, “si efectivamente es la propietaria del inmueble la que ha interpuesto la denuncia y, si finalmente se comprueba que es así, en qué condiciones lo hizo”.
La idea es comprobar si es voluntad efectivamente de la mujer echar a Rocío de la casa. Mientras las monjas aseguran que dejó el piso porque tiene solo problemas físicos -de movilidad-, Gómez entiende que la mujer ha podido ser mediatizada o ser una intención de las religiosas directamente, y pone el acento en que “sea o no la propietaria, se puede quedar en la calle con dos niños menores, y eso hay que evitarlo”.
“Hablamos de comunidad eclesiástica que por moral debería de actuar de otro modo y debería de ayudar al prójimo”, sostiene, mientras aventura que la plataforma echará mano de todos sus recursos para impedir que el lanzamiento de la vivienda se produzca.