Asociaciones andaluzas de salud mental ponen en duda el modelo público para la juventud ante “lo que se viene encima”

La Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la Costa del Sol (AFESOL) vino atendiendo durante un tiempo a la hija de Silvana, fallecida el pasado 4 de mayo tras quitarse la vida. La psicóloga que la atendía fue despedida a primeros de este año después de que su presidenta, Concha Cuevas, tuviera que reajustar su presupuesto al obtener menor financiación por parte de la Junta en uno de los procesos de concurrencia competitiva a los que se presentó el año anterior. Es un ejemplo que puede ser ilustrativo de lo que ocurre en esta materia. “En el Tercer Sector nos estamos encargando de una serie de servicios que el sistema público no ofrece”, lamenta Cuevas, que clama al menos por que la administración convenie o concierte plazas para este tipo de casos y para saber a qué pueden atenerse las asociaciones de familiares que se hacen cargo de estas personas. Ana Mingorance, técnica de la Federación Salud Mental Andalucía (antigua FEAFES), opina que se tienen que impulsar recursos públicos “de apoyo continuado” a “jóvenes recuperables” y que el modelo “se tiene que redirigir” para “abordar lo que se nos viene encima”, en relación al aumento de trastornos mentales entre las personas jóvenes.

“Todo el mundo está de acuerdo en el que modelo no está sirviendo para ese tipo de perfiles”, añade Mignorance, que apunta a que la Consejería de Salud concierta camas para casos de “ingreso inevitable” cuando “lo que serviría a esos trastornos no agudos serían equipos de atención y seguimiento comunitario”. De hecho, en el caso de la joven de Mijas, la Coordinación del Plan de Salud Mental de Andalucía para los Derechos de la Ciudadanía había sugerido unos meses antes de consumar su suicidio que el plan de actuación hacia la joven debiera configurar “un abordaje comunitario de mucha mayor intensidad” y “una programación de terapia específica para el trastorno límite de personalidad con evidencia de resultados”.

“Las familias optan por lo privado”, dijo la madre de la chica a este periódico hace unos meses mientras controlaba “en casa” sus crisis. De hecho, esas carencias en la salud mental pública andaluza están obligando a derivar más a la sanidad privada a familias de adolescentes. “No hay centros ni ingresos para pacientes TLP duales. Solo molestamos. Es triste pero es así”, dijo también la madre semanas antes de la muerte de su hija. El Servicio Andaluz de Salud tiene plazas concertadas de San Juan de Dios para media o larga estancia en adultos, aseguran fuentes oficiales del SAS.

En ese sentido, desde la Asociación Avance en defensa de la atención a los trastornos de personalidad, Javier Moreno explica que en Andalucía “no existen centros específicos para el abordaje de la patología dual”, caso de la joven de Mijas. Diagnosticado igual, Moreno es miembro de la junta directiva de Salud Mental Andalucía, y recuerda los dos proyectos en esa materia que se quedaron en el camino, en Utrera (Sevilla y en Obejo (Córdoba). “Y luego pasa lo que pasa”, lamenta, confiando en que se encuentre otro lugar en el que poner en marcha al menos una experiencia piloto para tratar a ese tipo de personas, con diagnósticos en aumento.

Jóvenes que “no saben dónde ir”

El referido despido de una de las psicólogas de la hija de Silvana es ilustrativo en el sentido que expresan estas asociaciones de familiares dado que mucho del trabajo que se hace en salud mental lo desarrolla este llamado Tercer Sector y la administración andaluza lo financia. Concha Cuevas, que tuvo que prescindir de dos psicólogas y dos educadoras sociales a primeros de año, indica a este periódico que se ven obligados a recortar prestaciones porque “la única discapacidad que no puede concertar plazas con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía es salud mental. ”A mi juicio, están cometiendo un grave error, que viene de atrás“ pero que no da lugar a establecer conciertos o convenios y las entidades tienen que acudir a concurrencia competitiva, apuntando que la Junta concierta plazas de adultos con centros privados de San Juan de Dios, Hermanas Hospitalarias o San Francisco de Asís ”para agudos“.

No era el caso de la hija de Silvana, diagnosticada de trastorno límite de la personalidad y trastorno de adicciones. “Nosotros necesitamos recursos para poder atender a ese tipo de personas, los intentos de suicidio, las autolesiones, que nos llegan por muchas vías y motivos. Nos encontramos con una serie de personas jóvenes que no saben dónde ir y nosotros tenemos ese servicio que estamos dando”, explica, añadiendo que AFESOL tiene un convenio con el SAS pero para atender a personas de centros de día.

Subvenciones, no convenios

Según fuentes de la Consejería de Salud y Consumo, las partidas al movimiento asociativo que realiza su labor en el ámbito de la salud mental “han ido aumentando progresivamente en los últimos años”, detallando que “en 2018 se otorgaron 1,1 millones de euros mientras que en este año ascienden a 2,1 millones”. Desde la creación de la Fundación Pública Andaluza para la Integración de personas con Enfermedad Mental (Faisem, cuyo comité de empresa protesta en estos días por su condiciones laborales, “se han formalizado convenios de colaboración con el movimiento asociativo de familiares y de personas usuarias cubriendo distintos aspectos en la atención a la población con problemas de salud mental, desarrollando actuaciones coordinadas y complementarias con el objetivo de ofrecer recursos, acciones y prestaciones apropiadas a las necesidades de este grupo de personas”, resume la Consejería.

Respecto al procedimiento de acceso a esas ayudas, las fuentes oficiales explican que la Ley General de Subvenciones, en concreto el apartado 1 de la disposición adicional decimosexta, “modificó el régimen jurídico aplicable a la convocatoria de ayudas a las asociaciones de familiares y de personas usuarias con problemas de salud mental” y “la normativa determina que esas aportaciones tienen el carácter de subvenciones y, por tanto, no se pueden establecer nuevos convenios de colaboración”.

Programas de acompañamiento

“Los ayuntamientos de la Costa del Sol más o menos nos ayudan con subvenciones, pero no resuelven los problemas que tenemos para prestar bien el servicio, que estamos dando a veces de mala manera” porque “entendemos que hay que darlo con buenos profesionales”. “Así no se puede trabajar porque, si no hay financiación suficiente, tienes que dejar a profesionales en la calle”. “Hay que llegar a acuerdos y, si no, que pongan ellos los servicios”, resume la presidenta de AFESOL, donde actualmente trabajan unas 40 personas, que atendieron el año pasado a 480 usuarios en toda la Costa del Sol y a un total 390 familias, según detalla Cuevas.

Para Mignorance,  técnica de la Federación Salud Mental Andalucía, “toda la inversión se dirige al tema de los ingresos, y todo lo demás no se está pudiendo hacer bien”. En su opinión, la Junta debería “reforzar y financiar programas de acompañamiento y servicios comunitarios para esos otros perfiles”.