La Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática ha solicitado en el Registro una reunión al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. El objeto de esta reunión no es otro que “exponerle sus preocupaciones ante la inacción y los reiterados incumplimientos de la Ley en materia de Memoria Histórica y Democrática por parte de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico”. Prueba de ello es que el presupuesto de 2019 no ha llegado a ejecutarse ni a la mitad, aseguran: un 42% a 30 de noviembre.
Los memorialistas denuncian un año “prácticamente en blanco” porque “no se ha iniciado ninguna nueva en materia de exhumaciones, tampoco en señalización de Lugares de Memoria, ni se han aprobado subvenciones para entidades memorialistas ni para investigación”. Aseguran que “sólo se han ejecutado actuaciones para exhumaciones ya aprobadas o acordadas por el anterior ejecutivo”.
La coordinador de estos colectivos se preguntan si hay “hoja de ruta” para la ejecución de la ley y denuncian que el plan anual de 2019 quedó paralizado y que no tienen noticia del plan para 2020; que se publicó la orden en diciembre del pasado año pero que no han tenido noticias del mismo a día de hoy.
“Dejación de funciones”
La Coordinadora denuncia que ha paralizado por completo el desarrollo de la Ley en materia de Simbología y actos contrarios a la Memoria “metiendo el decreto en un cajón y dejando en el limbo el anuncio de una orden de la que nada se ha vuelto a saber. Entretanto, la Consejería mira para otro lado en casos flagrantes como el callejero de Córdoba”. Consideran que la Consejería pues está cometiendo “dejación de funciones” en el “cumplimiento de la Ley” y señala dos casos: en Carmona, “donde autorizó unas actuaciones pese a conocer que se trataba de un lugar señalado en el Mapa de Fosas, o en el hallazgo casual de cuerpos en Castilleja del Campo, donde no se activó el protocolo para estos casos”. Además, afirman,“ha bajado las partidas presupuestarias para 2019 y 2020, en algunos casos más del 60%, si lo comparamos con el plan cuatrienal aprobado en 2018”.
Aseguran que se encuentran desconcertados ante la ausencia de “procedimiento” claro ya que “las oficinas de Memoria Histórica se desmantelaron a principios de año”.
Por eso, insisten, han solicitado una reunión con el presidente Moreno para “conseguir las líneas de actuación política necesarias con una financiación suficiente para materializarlas, con el único fin de cumplir con las indicaciones de Naciones Unidas en el cumplimiento de los derechos humanos, tal y como contempla nuestra Ley”. Y han recordado que más de 45.500 hombres y mujeres aún se encuentran perdidas en los más de 700 enterramientos ilegales en fosas y cunetas tras haber sufrido asesinatos extrajudiciales o en injustos procesos judiciales sumarísimos tras el golpe de Estado del ejército franquista.