El informe elaborado por los servicios sanitarios del centro penitenciario de Sevilla avala el ingreso en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado para cumplir seis años de cárcel por un delito de malversación por el caso de los ERE, dado que podría compatibilizar el tratamiento contra el cáncer de próstata que padece con el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta.
La Audiencia de Sevilla había acordado a primeros de enero el aplazamiento del ingreso en la cárcel de Griñán hasta que finalizara las sesiones de radioterapia a las que ya se estaba sometiendo, ateniéndose en ese momento a lo que dijo el informe forense elaborado por el Instituto de Medicina Legal de Sevilla, que advirtió de “la no conveniencia de ingreso en centro penitenciario hasta tanto se confirme la remisión de su patología oncológica”, en alusión al exdirigente del PSOE, cuyo abogado pidió a finales de año suspender su ingreso por la enfermedad.
Ahora, sin alusiones concretas a la situación de Griñán, la cárcel informa de que “son múltiples los pacientes que desde las distintas especialidades han sido y son atendidos de forma continuada de modo que se procede a sus consultas de revisión por dichos especialistas con la que periodicidad que se estima por los mismos”.
El informe, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, señala que la interrelación con los servicios especializados de las áreas hospitalarias Virgen del Rocío y Virgen Macarena de Sevilla “se hace a nivel de todas las especialidades”, entre ellas Oncología. “Una vez remitido a los centros especializados se considera que el paciente queda a disposición de los requerimientos que cada especialista establezca, llevándose a cabo por parte de los servicios médicos del centro todas las gestiones para que se cumplimenten todas las actuaciones necesarias para la total atención”, relatan los servicios sanitarios de la prisión.
En ese sentido, añaden que ese “proceso de atención integral” incluye “principalmente” tanto procedimientos diagnósticos como realización de pruebas especializadas, como “procedimientos terapéuticos tales como sesiones de quimioterapia, radioterapia, rehabilitación, fisioterapia, diálisis, en cuantas sesiones el especialista considere necesarias, así como con la periodicidad qu se considere para el mayor beneficio del paciente”.
El centro penitenciario aprovecha para explicar que el traslado de pacientes a los hospitales para las consultas programadas “no plantean problema” con los desplazamientos por parte de la Policía Nacional mediante un acuerdo que garantiza la salida de cinco pacientes al día, aunque sí reconoce “una gran problemática” respecto a las salidas urgentes por falta de personal policial. Eso, en la cabecera del informe remitido a la Audiencia, “por si resultara de interés para ese tribunal” informa de que “la insuficiencia de efectivos sanitarios (especialmente médicos) en algunos centros penitenciarios dependientes de la SGIP está generando dificultades en la asistencia sanitaria de las personas privadas de libertad”.
La Audiencia de Sevilla daba cuenta este lunes de este informe, habilitando un plazo de tres días para que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares, entre las que figura el PP-A, formulen alegaciones. Cabe recordar que el informe elaborado por el Instituto de Medicina Legal de Sevilla, en el que se apoyaron las partes para pedir el aplazamiento del ingreso, reconocía que se trataba de “una enfermedad muy grave” ante la cual, y según el pronóstico emitido, “existen posibilidades de curación”.
El Instituto de Medicina Legal de Sevilla razonaba, en ese sentido, que la entrada en prisión “no ayuda a afrontar una enfermedad de esta entidad, que necesita todos los recursos disponibles que tiene la persona a su alcance”, como “un apoyo familiar y social necesario e incluso imprescindible en estos casos”. Aquel informe destacaba además que aunque los servicios sanitarios de las instituciones penitenciarias son capaces de afrontar “cualquier demanda médica”, pesa la consideración de que “los posibles efectos secundarios en el tratamiento hormonal y de radioterapia, así como las frecuentes revisiones, parecen poco compatibles con la dinámica carcelaria”.
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