Un informe encargado por el Gobierno andaluz a la consultoría Ernst&Young propone en plena pandemia el cierre de la Escuela Andaluza de Salud Pública, un ente instrumental de la Junta, con más de tres décadas de historia y con sede en Granada. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, señala que se han encontrado “duplicidades” de competencias con otras instituciones públicas que hacen recomendable que la EASP “cese su actividad”, se extinga y traspase sus recursos a las instituciones con las que supuestamente duplica sus servicios.
La Consejería de Salud, de quien depende este organismo, niega que tengan intención de cerrarla, a pesar de la conclusión del informe encargado por la propia Junta. La auditoría privada de la EASP es una de las muchas que ha pagado el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, a petición de su socio de legislatura, Vox, con el objetivo de “adelgazar” el sector instrumental de la Junta, donde trabajan alrededor de 27.000 empleados públicos. Desde la oposición, los partidos de derechas que ahora gobiernan Andalucía siempre calificaron estas empresas y fundaciones de la Junta bajo el sobrenombre peyorativo de “administración paralela”.
La Junta ha dejado en manos de consultoras privadas estas auditorías al sector instrumental, con un presupuesto de tres millones de euros, de los que 1,34 millones han ido a parar a la firma que ha realizado el informe sobre la EASP que ha costado alrededor de 22.000 euros.
Este documento, firmado en diciembre de 2020, y una reunión mantenida días después del mismo han puesto en pie de guerra a los trabajadores de la Escuela de Salud Pública. Sus 162 trabajadores y sus miles de estudiantes ven que el cierre vuelve a planear sobre la EASP un año después del último intento de la Junta, justo en medio de la pandemia de la Covid-19, contra la que esta institución lleva más de un año trabajando en labores de investigación, formación y apoyo logístico al propio Gobierno andaluz para luchar contra el coronavirus.
La imparcialidad en duda
La auditoría, que pone en jaque el futuro de la EASP, ya ha sido respondida por parte de la escuela mediante un escrito de alegaciones. En él se señala que no puede haber duplicidad de competencias con los otros dos organismos públicos con los que la consultora Ernst&Young la compara : ni con la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS) ni con la la Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (FIBAO). “No se sostiene la duplicidad competencial, ni de funciones, señalada”, indican. Y no se sostiene porque, según sus alegaciones, “en ningún caso, se puede concluir que ni FIBAO ni la FPS generan conocimiento en el ámbito de la salud pública, ni de la gestión de servicios sanitarios, tareas que tiene encomendadas la EASP”.
Según las alegaciones al informe presentadas por la EASP, a las que ha tenido acceso eldiario.es/andalucía, las recomendaciones firmadas por Ernst&Young en la auditoría que piden el cierre de la escuela parecen añadidas posteriormente, no están paginadas y “no se encuentran reflejadas ni argumentadas en los apartados de Conclusiones y recomendaciones del documento”. Para la EASP, estas están redactadas sin “coherencia técnica” por lo que dudan de su imparcialidad e intencionalidad.
“Lo que está ocurriendo es un intento de acoso y derribo, otra vez, por parte de la Junta de Andalucía”, denuncia Joan Carles March, exdirector de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y docente en la actualidad en la misma institución. Él representa el sentir de un organismo clave para la sanidad andaluza y nacional que vuelve a la casilla de salida en la que estaba hace un año. Entonces, el Gobierno regional también intentó disolver la escuela para integrarla en el Instituto Andaluz de Salud (IAS), lo que pondría fin a más de 35 años de trabajo de la EASP.
Antes de saber de la existencia de la auditoría y en la víspera de Navidad, según explican desde la escuela, la Junta se puso en contacto con el comité de empresa para trasladarle sus planes de disolución. “Pretenden hacer lo mismo que hace un año, pero cambiando el planteamiento. Ahora quieren que participen los trabajadores”, dice March. Una cuestión compleja porque el Gobierno de Juanma Moreno quiere cerrar una institución para abrir otra, la IAS que aún no existe, y en el contexto de que la pandemia del coronavirus continúa y ya está en su tercera ola de contagios.
Además, el cierre de la EASP supondría también la pérdida de una entidad clave para Granada ya que ésta tiene su sede en la ciudad de la Alhambra. Sin embargo, el instituto de salud que se quiere poner en marcha aprovechando lo ya creado con la escuela, estaría ubicado en Sevilla, lo que también preocupa a los trabajadores ya que supondría un cambio de vida radical de centenares de familias que hoy viven de la EASP.
En víspera de vacaciones
Yendo al origen de este nuevo conflicto, hay que trasladarse al pasado mes de diciembre. Solo unos días después de que se elaborase la polémica auditoría, la Secretaría General de Investigación de la Consejería de Salud trasladó a la escuela su intención de llevar a cabo un plan partiendo de la base de la proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular Andaluz el 30 de diciembre de 2019 que planteaba, literalmente, la “extinción y disolución” de la EASP para crear el instituto ya mencionado. Un proyecto que no solo rechazan los trabajadores de la institución de salud, sino que, explican, pone en riesgo todo lo construido a lo largo de los últimos 35 años.
“Peligra el desempeño de las funciones de la EASP en investigación, docencia, consultoría y cooperación internacional en Salud Pública y Administración Sanitaria y, también los puestos de trabajo”, recuerdan desde el comité de empresa. Además, supondría acabar con más de 70 convenios y alianzas con instituciones sanitarias e investigadores de todo el mundo. De hecho, la EASP es centro asociado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y durante la pandemia del coronavirus está dando soporte científico e investigador tanto a la Junta de Andalucía como a instituciones internacionales.
Por eso, se entienden aún menos los planes del Gobierno regional. El cambio de sede de Granada a Sevilla tendría también una fuerte repercusión económica en la capital granadina. Porque la EASP es una institución formativa de profesionales de la salud y la investigación científica que llegan de todo el mundo para aprovechar los conocimientos que imparten docentes de la talla de Joan Carlos March, que además de ser exdirector de la escuela es doctor en Medicina y posee una larga trayectoria al frente de organizaciones sanitarias de gran importancia.
Además, en la EASP se imparten enseñanzas reconocidas por la Universidad de Granada y desde ella se trabaja también para sociedades profesionales, hospitales y servicios regionales de salud de toda España, así como para terceros países a través de proyectos de la Unión Europea, la Organización Panamericana de la Salud y el Banco Mundial. Algo que hace que sus eventos reciban más de 20.000 visitantes, lo que repercute directamente en la economía de la ciudad. Dinero que se perdería con el cierre de la escuela.
“No sé por qué, y nos gustaría que nos lo explicara alguien, existen estas ganas de quitar de en medio a una institución de prestigio”, sostiene Joan Carles March. Menos aún se explica después de que en febrero de 2020 el Parlamento de Andalucía ya dijera que la EASP había que mantenerla, contando incluso con el respaldo del propio Gobierno andaluz con las abstenciones de Partido Popular y Ciudadanos. Aquellos votos ya daban a entender que no habían adoptado una decisión definitiva al respecto, pero que la presión científica y social a la que se vieron sometidos les había llevado a frenar el proyecto.
Trabajando contra la pandemia
Pero hoy, las circunstancias impiden movilizarse físicamente y todo queda reducido a un pulso mediático y a través redes sociales que hace que en la escuela exista “desconcierto y preocupación” por parte de los trabajadores. Este medio ha podido hablar con algunos de ellos que han preferido mantenerse en el anonimato. Sin embargo, todos han apuntado en el mismo sentido de no comprender por qué se plantea de nuevo el cierre y por qué sucede precisamente cuando hay una pandemia mundial poniendo en riesgo la salud pública. Uno de los trabajadores dice que en los últimos meses han visto cómo desde la Consejería de Salud se les ninguneaba e ignoraba cuando ofrecían soporte científico para abordar el aumento de casos de Covid-19.
“En un contexto en el que se han dado cuenta que lo que hace falta es invertir en salud pública y Atención Primaria, resulta que quieren acabar con una de las instituciones fundamentales que puede ayudar a que todo avance mejor en esos ámbitos”, denuncia March. Un cierre “incomprensible” para los profesionales de la EASP, “teniendo en cuenta que el Gobierno central está planteando crear el Centro Estatal de Salud Pública”. “¿Por qué solo se habla de extinguir la escuela y no de una fundación o cualquier otra salida? ¿Por qué? ¿Por qué la escuela? Esto pinta muy mal”, zanja March.
Desde la EASP se recuerda que con este plan se quiere extinguir la única institución de España que tiene su naturaleza. Sobre todo, insisten, porque los profesionales que la integran están actualmente trabajando activamente frente a la pandemia COVID-19 “colaborando con la Administración y continuando con una intensa actividad que ha sido ampliamente reconocida. Así, ha formado en 2020 a más de 30.000 alumnos y alumnas y ha desarrollado 63 jornadas científicas online con más de 9.000 asistentes, entre ellas, las Jornadas Iberoamericanas de Coronavirus y Salud Pública, con más de 1.000 asistentes de 22 países”.