Tres de las fundaciones de investigación biosanitaria de Andalucía han cambiado su régimen jurídico por otro en el que el sector privado gana terreno sobre lo público. En concreto, la Junta de Andalucía decidió el pasado mes de julio que FIBAO, FIMABIS y FISEVI cambiasen la composición de los patronatos que las gestionan en detrimento del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y en favor de empresas externas. Un hecho que, además de sacarlas del sector público porque ya no cumplen las condiciones, preocupa porque, según los comités de empresa, no se les ha informado y porque deja en el aire las condiciones laborales de los investigadores.
Fuentes oficiales del Gobierno andaluz niegan que se esté “privatizando”, sino que lo que se busca es “agilizar” la gestión de estas fundaciones. Sin embargo, desde la Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (FIBAO), su comité de empresa, encabezado por Sonia Morales de CGT, teme todo lo contrario. Este comité está siendo el más beligerante de las tres fundaciones afectadas. De acuerdo con su relato, la publicación el pasado 27 de julio del acuerdo por el que la Junta de Andalucía cambiaba el régimen jurídico de estas entidades se hizo sin una negociación previa y “aprovechando el verano”.
Algo que no es menor ya que, tal y como denuncian desde FIBAO, hay “frustración” y “desconfianza” por la actitud de la Consejería de Salud a la hora de llevar a cabo un cambio “tan importante” en pleno periodo vacacional. Sonia Morales explica que, en cuanto tuvieron conocimiento de la noticia, decidieron llevar a cabo una asamblea de trabajadores para adaptar una hoja de ruta que les permitiera aclarar las dudas. “Nos pusimos en contacto con la Junta para reclamar una información que no nos han dado hasta septiembre y lo han hecho con cuentagotas”. Lo que saben es que hasta antes de julio las empresas apenas poseían un 10% del control de los patronatos y ahora tendrán alrededor de un 20%, perdiendo terreno sobre todo el SAS que pasa de controlar más del 60% a quedarse en un 25% del total. Por esa nueva composición, dejan de ser fundaciones públicas, aunque continúan en el inventario de de entidades del sector público.
Porque en este asunto confluyen dos grandes miedos por parte de las fundaciones: que la intervención del sector privado en los patronatos de las fundaciones acabe con el sentido de las investigaciones biosanitarias para que sólo se hagan las que sean “rentables económicamente” y, por otro lado, que el cambio de estatus de los investigadores, que dejan de formar parte del sector público, precarice sus condiciones. “No tenemos convenio colectivo y ahora, como se está produciendo el cambio, están dispuestos a hacernos uno que es de 2016 y está obsoleto”, apunta Morales.
Entre las tres fundaciones suman alrededor de un millar de trabajadores (entre las diferentes categorías que conforman la investigación biosanitaria). La más importante de las tres en cuanto a volumen de empleados es FISEVI, que tiene alrededor de 500. Su comité de empresa, liderado por CCOO, recuerda que este cambio jurídico no debería afectar a “las reglas del juego” de las fundaciones ya que se financian mediante ayudas y convocatorias externas. Ven positivo que la Junta de Andalucía ya no fiscalice estas aportaciones para la investigación porque “agilizará los trámites”, pero temen que al aumentar la privatización y la pérdida de peso del Ejecutivo regional dentro de estas entidades, las fundaciones puedan correr peligro porque se acabe optando por liquidarlas.
El otro asunto que está encima de la mesa es la negociación de un convenio que pueda regular de una vez por todas la relación laboral que tienen los investigadores con las fundaciones. Sin ir más lejos, sus sueldos son muy dispares y se dan circunstancias en las que personal con menor cualificación puede percibir más que otros de superior rango, ya que sus contratos dependen de los proyectos. En todo caso, el salario más común ronda los 20.000 euros brutos anuales, con grandes oscilaciones dependiendo de la fundación y del empleado. Un asunto que quieren abordar con un nuevo convenio que no se base en el de 2016, que consideran que está obsoleto.
Desde FIMABIS, la tercera fundación que también cambia de organización, los representantes sindicales desean que se firme, al menos, “un convenio de mínimos”. “Tenemos un montón de derechos que hemos ido consiguiendo a lo largo de los años, que no queremos perderlas, que es lo que más nos preocupa”, explica María Jesús Pinto, la presidenta del comité de empresa por parte de UGT. “Personalmente, tengo mi reticencia a pensar que va a ser para mejor. Lo dudo mucho, pero tendremos que ver cómo va todo, a ver cómo resulta al final”. Por todo ello, fundaciones como FIBAO han participado en las manifestaciones sanitarias que se han producido en las últimas semanas y pretenden seguir en las calles hasta que se resuelvan las incógnitas que les preocupan. Exigen más información por parte de la Junta.
Desde la Consejería de Salud niegan que se trate de una “privatización” y prefieren hablar de una “adaptación” de la composición de los patronatos. Aseguran que el peso público se mantiene a través de la propia Junta de Andalucía y de las universidades. “Esta medida implica mejorar la gestión de las fundaciones, mayor agilidad y transparencia, conservando su carácter público a través de la mayoría de los patronos nombrados por la Junta, Universidades y, en algunos casos, CSIC. El objetivo era salvar las enormes trabas del Gobierno Central a la gestión, que sigue manteniendo la misma 11 años después de la crisis de deuda de 2012”.
Sobre el convenio, aclaran que se “impulsará” una negociación para la mejora de las condiciones laborales de los investigadores. “Todo ello con la garantía de que los patronos públicos velarán por el interés general, además del evidente apoyo que supone tener un convenio con el SAS para la gestión de la investigación biomédica”. “La red de fundaciones es el principal instrumento de captación de fondos para la investigación, el desarrollo y la innovación en salud en Andalucía. En 2022, superaron los 150 millones de euros captados para I+D+i, lo que supone un 50% más que en 2018”, añaden desde Salud.
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