Las autoridades australianas han acordado prohibir totalmente las encimeras de piedra artificial como las de aglomerados de cuarzo que fabrican la israelí Ceasarstone (mayoritaria en el país austral) o Cosentino, la multinacional fabricante del Silestone con sede en Cantoria (Almería). El acuerdo supone prohibir no solo la fabricación, sino también la instalación o la importación de este material, y será efectivo a partir del próximo 1 de julio.
La prohibición, que se ha dado a conocer este miércoles, sigue la recomendación emitida hace apenas un mes por Safe Work Australia, la agencia de seguridad en el trabajo, que había concluido que el aumento “drástico” de la silicosis en los trabajadores australianos está relacionado con la fabricación, el corte y el manipulado de las encimeras de piedra artificial (no con su uso cotidiano en la cocina). Las únicas excepciones se concederán para retirar, reparar o hacer pequeñas modificaciones en las encimeras ya instaladas, cuya seguridad para los usuarios nunca ha estado en cuestión.
El acuerdo se ha adoptado por unanimidad de los ministros de Salud y Seguridad Laboral de los seis Estados australianos, que han valorado el aumento “sustancial” de la silicosis y enfermedades relacionadas, “con un número desproporcionado de diagnósticos” entre quienes trabajan con piedra artificial. También subrayan que el polvo generado al procesar este producto es más dañino, y contribuye a que las enfermedades sean más rápidas y graves. En el documento se recuerda que “no existe evidencia científica de un umbral seguro de contenido de sílice cristalina”.
Los ministros constatan que la silicosis se puede prevenir, pero concluyen que la legislación no basta para proteger a los trabajadores debido a “una falta persistente de cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades” en la industria. Ante la falta de cumplimiento efectivo de las medidas de prevención, optan por prohibir el producto para evitar que la epidemia de silicosis, una enfermedad sin cura y mortal, vaya a más.
Australia es el primer país en adoptar una legislación tan restrictiva para un producto que está generando graves problemas también en otros países de habla inglesa como Estados Unidos o Reino Unido. En España, la epidemia de la silicosis de los aglomerados de cuarzo afecta al menos a 1.856 trabajadores, contabilizados desde 2007 a 2019, pero esta cifra no recoge todos los casos y los expertos creen que son bastantes más.
Cosentino “no comparte” la decisión
Cosentino “no comparte” la decisión “porque se centra en un solo tipo de producto, dejando fuera otros con una alta cantidad de sílice cristalina”. La entidad española facturó 1.711 millones de euros en 2022, de los que el 1,9% (en torno a 32 millones de euros) correspondieron al mercado australiano.
Con todo, el principal problema que enfrentan Cosentino y otros productores es la crisis reputacional y el posible efecto dominó hacia otros países en los que la preocupación por la silicosis de los trabajadores de la industria es creciente. Antes de conocerse la sentencia, la prensa económica había publicado la intención de Cosentino de salir a Bolsa. Desde entonces, nada se sabe de esos planes.
La multinacional almeriense había puesto el énfasis ante las autoridades australianas en la necesidad de reforzar la seguridad en los entornos laborales, implementando medidas que eviten la generación, dispersión e inhalación de polvo respirable, que es el vehículo que traslada las partículas de sílice cristalina a los pulmones de los trabajadores. “Consideramos que una regulación adecuada, que ataque el foco del problema de la seguridad en el centro de trabajo de forma definitiva, es imprescindible ya que se puede trasladar una falsa imagen de seguridad”, subraya ahora la empresa española en un comunicado remitido a elDiario.es.
La nueva regulación australiana admite aquellos productos con “trazas de sílice cristalina (menos del 1%)”. Además, contiene una excepción abierta a nuevos productos que Safe Work Australia y los reguladores evalúen positivamente “basándose en la provisión de evidencia convincente que demuestre que estos productos pueden usarse de manera segura”. En el sector se interpreta como una mano tendida para proponer nuevos materiales que cumplan con los criterios de seguridad.
Safe Work Australia ya había propuesto la prohibición total entre las tres opciones que había considerado: prohibición total, prohibición de productos con más del 40% de sílice libre cristalina o sistema de licencias. Sin embargo, había cundido la idea de que la presión del sector de la construcción haría que finalmente los reguladores no llegaran tan lejos, optando por una prohibición limitada y el refuerzo de los sistemas de control.
Este era también la preferencia de Cosentino, que había advertido del “riesgo de disrupción en el mercado inmobiliario y de la construcción”, con consecuencias en el mercado laboral. La empresa española abogó ante Australia por fijar límites a la piedra artificial con más de un 40% de sílice cristalina y más seguridad en los centros de trabajo. Ahora asegura que corrigió su posición y admitía una prohibición de materiales que superen el 10%.
División de opiniones entre las asociaciones de afectados
Entre las principales asociaciones de afectados en España hay división respecto a la valoración de la medida. “Es una gran alegría. Por fin un Gobierno se da cuenta del daño que hace este tipo de material”, comenta Ismael Aragón, presidente de la Asociación de Afectados y Enfermos de Silicosis (ANAES), una entidad surgida en 2008 con los primeros casos aparecidos en la provincia de Cádiz. “Lo dicen los estudios: no es sólo el sílice, sino que lleva componentes que lo convierten en un cóctel molotov que mata gente. Gente joven”, comenta Aragón, que necesita oxígeno para dormir, perdió a un primo y tiene catorce familiares enfermos. Para él, la única solución es prohibir las encimeras de piedra artificial e insta a las empresas a que trabajen con otros materiales porcelánicos que no causan silicosis: “No sé qué esperan para prohibirlo aquí en España. Creo que sólo ven el lado económico”.
En cambio, Francisco Torrico, presidente de la Asociación de Perjudicados por la Silicosis en Andalucía, lamenta que se haya adoptado una solución tan drástica. “Australia dice que como no son capaces de controlar que se trabaja con garantías, prohíben el producto. No es razonable: se deben agotar las posibilidades antes de prohibir un producto que además tiene mucha demanda”.
De fondo, late la preocupación de que la prohibición impacte de lleno sobre una gran multinacional andaluza y el tejido económico y social de la provincia de Almería. “Estamos preocupados, porque Cosentino emplea a 4000 personas, se sostiene sobre las exportaciones y esto puede afectar a la producción. Y no hay alternativa en la comarca”, señala Juan Carlos Lebrón, secretario de Relaciones Institucionales, Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Andalucía. “Está claro que se ha hecho mal. No se utilizaban los EPIs y medios de prevención, y tienen que responder ante la ley e indemnizar a los trabajadores”, dice. “Pero lo que exigimos es que se cumpla normativa. Hay que invertir más dinero en prevención y vigilancia de la salud, y Cosentino debe buscar nuevos materiales menos peligrosos”.
Condenado en febrero
Igual que en España, la popularidad de este tipo de encimeras en Australia creció exponencialmente a mediados de los años 2000. Las primeras voces de alarma llegaron a finales de la primera década, y desde mediados de la década siguiente las cifras de enfermos no han dejado de crecer, especialmente entre trabajadores jóvenes de entre 30 y 40 años que entraron en el mercado laboral hace veinte años, tal y como contó elDiario.es en este reportaje. Muchos de ellos quedan incapacitados para trabajar o para actividades cotidianas como subir escaleras, hacer deporte o trasladar pequeños pesos por la reducción de la capacidad pulmonar; otros ya han fallecido.
Cosentino, que creció hasta convertirse en multinacional de la mano del Silestone (que llegaba hasta el 95% de sílice cristalina), asegura que toda su producción está ya por debajo del 40%, y que su objetivo a corto plazo es que todos los colores estén disponibles con menos del 10% bajo la gama HybriQ10, que ahora supone ya en torno al 20%. El pasado febrero su fundador y presidente, Francisco Martínez-Cosentino, llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Vigo para admitir su culpabilidad por no advertir del riesgo del Silestone a cinco trabajadores que hoy sufren silicosis. Fue condenado a seis meses de prisión por cinco delitos de lesiones graves, y aún tiene pendiente una segunda sentencia en la que se dirimirán hechos parecidos.
En el país austral el gigante de las encimeras es Caesarstone, que dice estar “profundamente decepcionado” por la prohibición, basada en un razonamiento “defectuoso” y que no afronta la causa real del incremento de la silicosis, según recoge el medio australiano ABC. Sindicatos y organizaciones de salud la han aplaudido.