Para el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, la crisis del Mar Menor no ha sido una contradicción con su apoyo acrítico a la agricultura de exportación en el Campo de Cartagena. Nuestro Gobierno regional va asumiendo progresivamente el argumentario de extrema derecha de Vox, cuyo último demonio ha sido el del Pacto Verde Europeo, abriendo la posibilidad a unos presupuestos regionales con la ultraderecha.
El Gobierno Regional nunca ha creído en la Ley de Personalidad Jurídica del Mar Menor. Maniobró en su aprobación porque no les convenía ir a contracorriente de una movilización social tan numerosa y significativa, en defensa de nuestra laguna salada. En un reciente artículo del presidente 'Consenso, compromiso e infraestructuras hídricas', publicado en el diario local La Opinión, no hay una sola referencia a la sobreexplotación y contaminación por nitratos en nuestros acuíferos, siguiendo el paradigma de que lo que no se nombra no existe.
Otra vuelta de tuerca en la agresión al Mar Menor se plasma en la publicación de la Declaración Ambiental Estratégica (DAE), el Programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos en la región de Murcia, recientemente publicada en el BORM. Esta normativa apuesta por una mayor permisividad y un menor control ambiental, alineada con las demandas de los sectores agrícolas y ganaderos. La DAE supone una reducción de la protección ambiental en varios aspectos fundamentales: la flexibilización en el control de fertilizantes, la reducción de distancias de seguridad y la ausencia de medidas preventivas de mitigación. Significa, en la práctica, una menor capacidad de control sobre la actividad agrícola y ganadera en la zona.
Por la parte de atrás, la Declaración Ambiental Estratégica (DAE) introduce modificaciones en la regulación medioambiental que afectan a la protección del Mar Menor. La nueva normativa reduce las medidas de control sobre la contaminación agrícola y ganadera en la cuenca de la laguna. Uno de los cambios más significativos es la exención del cuaderno de explotación para los pequeños agricultores, un registro que permitía controlar la cantidad de fertilizantes utilizados en cada finca. La Ley 3/2020 del Mar Menor imponía este requisito a todas las explotaciones del Campo de Cartagena, pero la nueva normativa deja fuera a numerosos pequeños productores.
La eliminación de la obligatoriedad del cuaderno de explotación para pequeños agricultores también supone una dificultad adicional en la aplicación de sanciones, ya que los mecanismos de inspección no podrán comprobar si se están superando los límites legales de fertilización.
Se rebaja los valores de nitrógeno por hectárea, pese a las recomendaciones científicas e institucionales que instaban a plantear esta restricción en las zonas más vulnerables. Los reiterados avisos de investigadores/as sobre la necesidad de endurecer la regulación para evitar nuevos episodios de contaminación en el Mar Menor han caído en saco roto, aunque la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) había solicitado una reducción de estos valores en áreas especialmente sensibles.
Las distancias de seguridad entre explotaciones agrícolas y cauces de agua son otros elementos de recortes en la Declaración Ambiental Estratégica. Mientras que la Ley del Mar Menor imponía distancias variables en función de la pendiente del terreno y el riesgo de escorrentía, la DAE fija una franja única de 5 metros sin fertilizar, independientemente de la inclinación del suelo. Esto supone una reducción de protección en zonas con alto riesgo de contaminación, donde antes se exigían hasta 15 metros de distancia. Es un paso atrás importante para las zonas de mayor pendiente, ya que las lluvias pueden arrastrar con mayor facilidad los fertilizantes hasta los cauces que desembocan en el Mar Menor. Desde la comunidad científica se ha advertido que reducir la distancia de seguridad en estos casos puede acelerar el transporte de contaminantes y agravar los episodios de eutrofización en la laguna.
La DAE no establece restricciones a la instalación de nuevas macrogranjas, especialmente de porcino en el Campo de Cartagena, ni establece nuevos controles sobre las existentes, lo que permite la continuidad y la futura expansión de estas explotaciones en el futuro. Este hecho contrasta con la tendencia, en otras regiones, que han aprobado moratorias para evitar la proliferación de granjas intensivas en zonas vulnerables. El Mar Menor sigue todavía en la cuerda floja y en un frágil equilibrio. Será necesaria toda la movilización y presión de la sociedad civil para un futuro ambiental y sostenible de este patrimonio natural.
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