Baltasar Garzón será el encargado de leer el próximo 13 de noviembre en Sevilla el manifiesto que pondrá el colofón a la manifestación organizada por las asociaciones andaluzas en defensa de la memoria histórica y la “paralización” en las políticas públicas por parte de la Junta de Andalucía, gobernada por PP y Ciudadanos, presentada el pasado 30 de septiembre. Según fuentes de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática, el exjuez de la Audiencia Nacional ha confirmado que acudirá a la capital hispalense para ser la voz que denuncie “la involución que el actual Gobierno de la Junta de Andalucía está llevando a cabo en las políticas públicas de memoria histórica y democrática”.
En el manifiesto, las dos asociaciones convocantes (la citada Coordinadora y la Asamblea Andaluza de Asociaciones de Memoria Histórica y Víctimas del Franquismo) denuncian en ese sentido “cualquier intento de imponer una visión negacionista o equidistante de los crímenes del franquismo, que iría no solo contra los derechos y la dignidad de las víctimas, sino también contra las evidencias de la investigación historiográfica”. Entre las cuestiones concretas que demandan está que la Junta “no ha tenido ninguna iniciativa propia en dos años y medio de legislatura y tres presupuestos” en materia de exhumaciones, que en julio pasado se anunció “por enésima vez” la constitución del comité técnico sobre símbolos contrarios a la memoria o que no se ha dado “ninguna aprobación ni inscripción” de 36 'lugares de memoria' pendientes.
Las últimas declaraciones de la consejera de Cultura, Patricia Pozo, en quien recaen las competencias de memoria histórica en Andalucía, han levantado ampollas en el movimiento memorialista, que ha unido fuerzas para la cita y siguen recabando el apoyo de otras asociaciones, partidos políticos y sindicatos en la comunidad autónoma para que respalden y participen en lo que esperan que sea “una gran movilización”, que también apoya la asociación La Desbandá, porque “se trata de una cuestión de derechos humanos”. Del Pozo, preguntada por la tumba del general franquista Gonzalo Queipo de Llano en la basílica de la Macarena en Sevilla, dijo que “no es bueno buscar el conflicto desenterrando esos horrores”.
En ese sentido, la presencia de Garzón no es casual. Cabe recordar que en octubre de 2008, apenas diez meses después de la aprobación de la primera ley de memoria histórica y en plena revuelta de los sectores que se oponían a esa norma con el argumento de que reabría heridas y enfrentaba a los españoles, el entonces juez de la Audiencia Nacional se había declarado competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo por considerarlas un delito en el contexto de crímenes contra la humanidad. Garzón admitió a trámite denuncias de víctimas y autorizó exhumaciones en fosas. El entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, le acusó a Garzón de abrir una “causa general” contra el franquismo y la Sala de lo Penal, presidida por el conservador Javier Gómez Bermúdez, le dio la razón y una mayoría de magistrados estimaron que Garzón no era competente.
Después vino la querella de Manos Limpias, Libertad e Identidad y Falange Española de la JONS. El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela acusó a Garzón de “ignorar u orillar” la Ley de Amnistía y le reprochó su “ignorancia inexcusable” en relación con esa norma. Garzón resultó absuelto al entender una mayoría de magistrados que se había equivocado al calificar esos hechos como crímenes contra la humanidad, pero que no prevaricó. La sentencia se conoció a finales de febrero de 2012, una semana después de su expulsión definitiva de la carrera. A finales del pasado agosto, el comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que Garzón fue inhabilitado en un “proceso arbitrario” y pedía a España “una reparación efectiva”.
Este es el manifiesto que leerá Baltasar Garzón el 13 de noviembre en Sevilla:
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