La incomparecencia este lunes de la ministra en funciones de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía sobre el fraude con subvenciones de formación para el empleo podría terminar en la fiscalía. La mayoría absoluta que suman PSOE-A, Podemos, C's e IU pretende aprobar una resolución para que la Mesa de la Cámara -que también controlan- valore esta posibilidad, encargando previamente un informe a los letrados de la institución. La idea era decidirlo este mismo lunes, pero no ha habido unanimidad para convocar la reunión para cerrarlo, por lo que tendrá que hacerse formalmente y no sobre la marcha como pretendían estas formaciones pero que ha sido rechazado por el PP-A.
La polémica ha ido engordando toda la jornada después de que el domingo por la tarde -a apenas 24 horas de la fijada para su comparecencia- la Delegación del Gobierno de Andalucía hiciera público un informe no vinculante del Consejo de Estado en el que se apuntaba que el Parlamento de Andalucía no tenía competencias para obligar a asistir a miembros de la Administración General del Estado. En todo caso, no ha sido hasta este lunes sobre las 10.00 horas cuando el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha informado de que efectivamente Fátima Báñez no iría. Y a partir de ahí se han sucedido las críticas, donde a excepción del PP-A, todos los partidos han censurado la actitud de la ministra.
Conocido ya que no estaría, y a la hora prevista (18.00) el presidente de la comisión de investigación, el diputado de C's Julio Díaz, sí ha dado la palabra a los comisionados delante de la silla vacía por el plantón de la ministra, lo que ha provocado que desde el PP-A Teresa Ruiz Sillero haya pedido su dimisión por hacer “un circo” de este órgano y por “haber demostrado su total parcialidad” y que está “a las órdenes del PSOE-A”, el aliado de los socialistas en el Gobierno de Andalucía. De hecho, ha exigido un informe jurídico para ver la legalidad de dicha acción de Julio Díaz.
Pese a que ha centrado el cruce de acusaciones, no ha sido la única que ha plantado a la comisión de investigación este lunes, sino que también lo ha hecho la consejera del Tribunal de Cuentas Dolores Genaro y precisamente por los mismos motivos que Fátima Báñez. En su escrito, que el Parlamento de Andalucía ha recibido por la tarde poco antes de que le tocara entrar, pese a que está firmada el 12 de mayo y también es cierto que ella reconoce haber tenido noticia de la citación el pasado 18 de abril, matiza que no tiene conocimiento de la gestión de estos fondos públicos y que en todo caso competería a la Cámara de Cuentas de Andalucía. Tras recalcar que su comparecencia “carece de sentido y de sustento normativo” insta a la comisión de investigación a ponerse en contacto con el Tribunal de Cuentas “por los cauces establecidos” si decide insistir en su testimonio.
De este modo, en esta jornada sólo han comparecido dos de las cuatro personas citadas: los exdirectores gerentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) Antonio González Marín (entre 2012 y 2015) y Antonio Toro Barba, quienes han coincidido en que no recibieron ni dieron órdenes para incumplir la normativa, pese a que han admitido retrasos y problemas en la gestión de las subvenciones por falta de medios.
Se da la circunstancia de que este último se ha tragado la discusión que se ha montado cuando Julio Díaz ha comentado -antes de haberlo despedido- que se volverían a ver más tarde para evaluar que ni la representante del Tribunal de Cuentas ni Fátima Bañez comparecerían. Pero sobre esta última ha ironizado con que “parece que no tiene ganas de venir”, lo que ha indignado a los populares.
Teresa Ruiz Sillero le ha exigido una “rectificación” por esta “valoración cuando hay un informe del Consejo de Estado sobre ello”, a lo que Julio Díaz le ha replicado que dicho dictamen “no es vinculante, por lo que la ministra puede venir al Parlamento de Andalucía cuando quiera”. Ha sido en este rifirrafe, en el que desde el PSOE Rodrigo Sánchez ha insistido, sin éxito, en tomar la palabra cuando han reparado en que todavía estaba presente Antonio Toro Barba, por lo que Julio Díaz lo ha dado por despedido para que no tuviera que presenciar ese momento.
Igual que poco después han recordado también que cualquiera lo podía estar viendo por streaming y se ha levantado la sesión para debatirlo a puerta cerrada. Finalmente esto tampoco ha sido posible porque no ha habido unanimidad para ello -por el referido rechazo de los populares- de manera que se hará en las próximas horas con el objeto de evaluar la opción de elevarlo a la Fiscalía de Sevilla.
De este modo, pese a que ha habido dos incomparecencias -por primera vez en los tres meses desde que comenzaron- ha sido la de la ministra la que ha concentrado las críticas por entender los partidos que tiene una responsabilidad política. Desde IU, Elena Cortés, ha considerado que “debería haber tenido la suficiente cultura democrática para venir en lugar de escudarse en un informe del Consejo de Estado”. Ha enfatizado que esto ocurre “en un momento en que Andalucía y el país tiene un elevado índice de desempleo y todo el mundo se hace el loco”. Visto que “comparecer en una comisión de investigación está regulado”, ha mostrado su convencimiento de que “hay que ponerlo en conocimiento de la fiscalía porque está regulado en el Código Penal” como “desobediencia”, en concreto en el artículo 502, que fija penas de cárcel para los que eludan esta obligación.
Podemos ni siquiera esperará a que lo decida la comisión de investigación y su diputado Juan Moreno Yagüe ha anunciado que su grupo parlamentario, “cuando tenga la documentación certificada y las copias de las actas” y basándose en el mismo artículo, presentará una denuncia. “Esto excede de los límites admisibles y que decida el Tribunal Supremo”, ha recriminado, tanto a la ministra como la consejera del Tribunal de Cuentas, de las que ha dicho que “se suponen que se sitúan por encima de la ley”.
En el PP-A, en cambio, están convencidos de que no es así porque el informe al que se agarran las dos citadas se basa en la doctrina consolidada “por lo menos desde 1986” y refrendada por “múltiples” dictámenes de la Abogacía del Estado a partir de las competencias fijadas por la Constitución Española para las administraciones.
Las dos paradojas de la polémica
En este dilema hay dos paradojas destacadas. Por un lado, que el PP aprobó, con el resto de grupos de la comisión de investigación, el listado de comparecientes que incluía a Fátima Báñez -a propuesta del PSOE y C's- y no puso ninguna objeción. Y por otro, que en el Consejo de Estado, del que ha emanado este informe cuyo contenido han cuestionado este lunes los socialistas en Andalucía, se sientan reconocidos miembros del PSOE, como la exvicepresidenta del Gobierno de España Teresa Fernández de la Vega y el exministro de Justicia Fernando Ledesma.
Por otro lado, la manera en que se ha decidido la incomparecencia pone en evidencia que ha sido una decisión de última hora y sin conocimiento siquiera del PP-A hasta el fin de semana, pese a que el informe del Consejo de Estado -emitido el pasado mes de marzo- habla de casos de hace años. De hecho, los populares podían incluso haber encargado una consulta a los servicios jurídicos del Parlamento de Andalucía cuando tanto el PSOE-A como C's insistían en llamar a la ministra, cosa que ellos no querían pero tuvieron que aceptar porque lo proponían más de dos formaciones. El hecho de que el fin de semana estuviera Fátima Báñez con Mariano Rajoy en Andalucía ha provocado que el resto de partidos hayan especulado con que fue entonces cuando se decidió esta estrategia.
Es más, el propio presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, había dicho que Fátima Báñez iba a dar “la sorpresa” en la comisión de investigación, dando por hecho que acudiría. “Lo ha dejado como un chiquilicuatre y se está riendo de él”, ha comentado Rodrigo Sánchez sobre este extremo y convencido también en que habrá que dejaron en manos de la fiscalía.
Cabe recordar que la comisión de investigación ya decidió, con el respaldo de la oposición en bloque y el rechazo de los socialistas, pedir que el Parlamento de Andalucía eleve a la Fiscalía de Sevilla el plante que le dio el exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas, quien tras acudir el día que fue convocado, ejerció su derecho a no contestar a los diputados pero no se quedó a oír las preguntas, como ha fijado el órgano para no considerarlo incomparecencia y como sí han hecho todos los citados que tampoco han respondido.
El porqué de su citación
Con este panorama, los que quedan por comparecer en esta primera ronda son los máximos responsables políticos de la Junta de Andalucía, de manera que entre este martes y en los días fijados hasta el 30 de mayo lo harán los consejeros del ramo durante el periodo investigado (desde 2002 hasta hoy) y el próximo 31, como cierre, la presidenta Susana Díaz.
Tanto la comparecencia de esta última como la de Fatima Báñez han servido de fuego cruzado entre el PSOE-A y el PP-A con mayor o menor respaldo del resto de formaciones. Cuando los populares avisaron de que pedirían que diera explicaciones Susana Díaz, basándose en que es la máxima responsables de la Junta de Andalucía, el PSOE-A replicaba que no tenía sentido porque no tenía las competencias de empleo en el periodo investigado: de 2002 hasta hoy. Pero la última convocatoria de subvenciones es de 2011 y accedió a la presidencia en 2013. Como respuesta, el PSOE-A decidió proponer a Fátima Báñez, dentro de su intención también de demostrar que el sistema seguido por Andalucía es el mismo que el usado por el Gobierno de España para estas subvenciones. Por eso tanto socialistas como populares se acusan de la intención política que esconden estas citaciones.