La Asociación Andaluza de Barrios Ignorados ha denunciado la situación de muchas familias andaluzas que no pueden llegar a final de mes por no tener una protección social que les garantice una vida digna, denunciando la forma en que se está gestionando en Andalucía la Renta Mínima de Inclusión Social, anunciada “a bombo y platillo” por la Junta de Andalucía para acabar con la pobreza en nuestra comunidad.
“Es lo mismo que se viene haciendo desde 1999 con escaso resultado”, como pone de manifiesto las denuncias realizadas por diversos colectivos y por el Defensor del Pueblo Andaluz, apuntan. “La actual legislación la ha convertido en una carrera de obstáculos humillante para las familias que la solicitan, transformándola en una renta de exclusion”, asegura la asociación en un comunicado.
Opinan que es una medida que “no saca a las familias de la pobreza”, señalando que el umbral de la pobreza en Andalucía está en torno a 684 euros para el 2018 y que la Carta Social Europea dice que cada país debe garantizar prestaciones y rentas que no sean inferiores a esta cuantía, para que nadie viva por debajo del umbral de la pobreza.
La Renta Mínima está destinada a unidades familiares que dispongan de unos ingresos inferiores a 419,52 euros (78% del IPREM), incrementando esta cantidad en 53,78 euros por cada uno de los miembros de la familia. La cantidad a percibir es lo que le corresponda menos los ingresos que tenga la familia y no puede ser inferior a 107,57 euros, apuntan.
La Renta “no llega a todas las familias que la necesitan, ya que hay diseñado todo un conglomerado de trabas y obstáculos para que no puedan acceder a las ayudas”, denunciando que “se les exige numerosos requisitos a cumplir, numerosas condiciones familiares, lo que está provocando que a muchas familias se las denieguen y a otras se las disuada para no solicitarlas”.
“Es una renta de exclusión porque enfrenta a las familias a un difícil dilema: o trabajo precario o renta. Con los requisitos actuales se penaliza a las familias que encuentran un trabajo, aunque sea de solo algunos días. Esta renta debería ser individual y automática igual que los subsidios contributivos que una vez que la persona empleada queda en desempleo, el cobro es automático e individual y llega
independientemente de su situación familiar“, argumenta la asociación.
Barrios Ignorados indica que “la concesión de la renta lleva asociada un itinerario socio-laboral invalidado por la escasa incidencia que ha tenido en décadas de aplicación”. Además, “exige un trabajo coordinado de las distintas administraciones para ofrecer salidas a cada un de las familias receptoras, coordinación que no se ha dado y que en la actualidad todavía no se ha puesto en marcha”.
A su juicio, se ha convertido en “una renta de exclusión porque no hay respuesta” y “en la actualidad se están resolviendo las solicitudes con más de diez meses de retraso”. Por todo ello señalana que “esta medida, tal y como está diseñada, no es un instrumento válido para generar justicia social en Andalucía, ya que no genera un reparto justo y equitativo de los bienes y servicios básicos para las personas empobrecidas de nuestra comunidad”.
“Es necesario y urgente el fortalecimiento de una verdadera red de ingresos mínimos que cubran las necesidades sociales básicas de las familias andaluzas”, concluye el comunicado