La Comisión Europea ha vuelto a presionar a España para que frene la ley andaluza para regularizar regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana, que hace una semana inició su tramitación en el Parlamento autonómico. Lo hace a través de una respuesta escrita del comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, a una pregunta de los eurodiputados socialistas sobre la polémica iniciativa que defiende con uñas y dientes el Gobierno de Juan Manuel Moreno.
“Si se aprueba en los términos anunciados”, insiste el comisario en esta carta, “la propuesta legislativa podría vulnerar el derecho de la Unión Europea en materia medioambiental”. Sinkevicius reitera también la amenaza de imponer sanciones millonarias a España en caso de que la iniciativa salga adelante. “La Comisión Europea, como guardiana de los Tratados, valoraría usar todos los medios a su alcance en virtud de los Tratados para velar por que el Reino de España cumpla de manera efectiva la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE”, de 24 de junio de 2021.
El comisario europeo tuvo una reunión bilateral, el martes en Estocolmo, con la ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera, para abordar la polémica ley de regadíos en Doñana. La respuesta escrita de Sinkevicius se ha hecho pública este jueves, 48 horas después de ese encuentro.
El Ejecutivo de Moreno sostiene que la censura rotunda que la Comisión Europea hace de su proyecto de regadíos próximos a Doñana emana de una “intoxicación”, “un bulo” del Gobierno de España, que es su interlocutor directo. La carta conocida hoy empieza así: “La Comisión está al tanto de la ley que el Parlamento andaluz ha tomado en consideración y ha requerido explicaciones a las autoridades europeas”.
Se trata de una nueva advertencia a España, pero la presión al Gobierno de Pedro Sánchez es en realidad un varapalo en diferido para el Ejecutivo de Moreno, promotor de la iniciativa para regularizar regadíos en la Corona Norte del Parque Nacional.
La Comisión Europea trata sólo con los Estados miembros. En este litigio, el Gobierno de Sánchez es interlocutor directo del comisario y comparte su preocupación por el proyecto de la Junta de Andalucía y su interés por que se paralice. Ribera ya ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional si sale aprobada del Parlamento, algo que el PP andaluz prevé que ocurra antes del verano, pero después de las elecciones municipales del 28 de mayo.
El escrito del comisario, aludiendo a multas por incumplimiento de la sentencia del tribunal europeo, se refiere a la condena del Tribunal de la UE a España por no haber acotado las extracciones ilegales de agua subterránea en Doñana. En aquel dictamen, la Justicia europea concluyó que el Gobierno debió haber adoptado medidas mucho antes para evitar la alteración del hábitat natural protegido, amenazado por el cultivo de frutos rojos, piedra angular de la economía en la comarca onubense.
La última advertencia del comisario europeo de Medio Ambiente coincide con la visita a Doñana, este jueves, del presidente del Gobierno. Sánchez exigió el miércoles desde la tribuna del Congreso de los Diputados la retirada de la proposición de ley de PP y Vox, con duros reproches a Moreno, y 24 horas después se persona en el Parque Nacional para ahondar en el pulso directo con la Junta de Andalucía.
También está en Huelva el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que programó un encuentro con la Federación Onubense de Empresarios (FOE), como plataforma para defender la iniciativa de Moreno y Vox, apelando a los derechos históricos de los agricultores que podrán recalificar sus parcelas de secano y convertirlas en tierras de regadío con esta ley, aunque la misma no garantice el agua para ese riego.