El grupo parlamentario de Izquierda Unida en Europa volverá a la carga en un mes. Así lo avanza la diputada Paloma López, quien sostiene que le darán “un poco de margen” a la Comisión Europea para que le pida “aclaraciones” al gobierno español sobre la aprobación del proyecto gasístico Marismas Occidental.
Aprobado el pasado 10 de marzo por el gobierno en funciones, el grupo de izquierdas ya manifestó sus “dudas fundadas sobre la legalidad” de la autorización que el gobierno le concedió en 2013 a Gas Natural “para obras de almacenamiento y extracción de gas en el subsuelo de Doñana” y que la Junta de Andalucía mantenía bloqueado “a la espera de una confirmación” de su validez.
López interrogó a la Comisión Europea sobre este proyecto a través del Parlamento Europeo el pasado 1 de abril. No solo planteaba si la “concesión de esta autorización administrativa podría haber infringido la normativa” europea, sino si la Comisión Europea iba a solicitar “un estudio de impacto ambiental conjunto para los cuatro subproyectos gasísticos, dada su evidente conexión”.
Aunque la Comisión negaba haber recibido ningún tipo de comunicación sobre dicha aprobación, ni sobre el incumplimiento de “la legislación ambiental de la UE (Unión Europea)”, el comisario europeo de Medio Ambiente Karmenu Vella le replicó a la parlamentaria que exigiría “aclaraciones” al gobierno de Rajoy, ya que se trataba de una “investigación anterior”.
Gobierno: “Elevado grado de protección ambiental”
En respuesta a eldiario.es Andalucía, el Ministerio de Medio Ambiente asegura que están “elaborando la información” solicitada por Bruselas para un proyecto concedido “tras analizar todas las cuestiones que permiten asegurar un elevado grado de protección ambiental”.
No es lo que sostienen ni Izquierda Unida ni las organizaciones verdes. En un recurso presentado por Ecologistas en Acción contra la aprobación del proyecto, mantienen que habría que aplicar el principio de precaución, ya que “existe desacuerdo entre las autoridades nacionales y las regionales en lo relativo a la evaluación de los efectos acumulativos sobre la Red Natura 2000”.
Amenazas sobre el espacio protegido y riesgos sísmicos sin evaluar preocupan especialmente a los conservacionistas. Juan José Carmona, portavoz de WWF en Andalucía, es tajante: “no tiene lógica ninguna que Doñana, un espacio protegido, contribuya al cambio climático con el almacenamiento de gas”.
“Un solo proyecto”
Carmona abunda en que se trata “de un solo proyecto que se trocea, porque a Gas Natural le interesa. Incluso los técnicos nos manifiestan que se trata de una sola unidad de explotación”, recalcando que el proyecto tiene un “impacto directo” sobre el uso de los terrenos, la fauna, los cauces de agua y la vegetación.
Juan Romero, portavoz de Ecologistas en Acción en Doñana, cree que haber “subdivido” en cuatro proyectos lo que debía ser uno solo “sea posiblemente una irregularidad”. Según la europarlamentaria López, “no se pueden ir aprobando uno a uno y mucho menos por un gobierno en funciones” . Romero abunda que “dos de ellos afectan al Espacio Natural de Doñana y un tercero lo hace a un espacio de la Red Natura 2000”.
De los cuatro proyectos, dos no han sido aprobados por situarse en la Red Natura 2000, uno sí se aprobó por estar fuera de ella, y el de Marismas Occidental se encuentra una parte en Zona de Interés Comunitario Doñana Oeste-Norte, junto al espacio protegido. El proyecto se basa en 16 nuevos sondeos, 13 gasoductos de interconexión y el almacenamiento del gas en los pozos vacíos.
Romero critica que, tras 30 años en los que Gas Natural ha estado extrayendo gas en unos pozos que ahora han quedado agotados, la compañía pretenda ahora “ahorrarse una inversión millonaria en la construcción de depósitos de gas licuado, inyectándolo en el subsuelo de un espacio protegido que es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco”.
Según Gas Natural, el almacenamiento “completaría el sistema gasista de Andalucía”, equilibraría “el balance andaluz de ”oferta (constante) y demanda (variable verano-invierno)“ y se trataría de ”un proyecto no especulativo“, porque ”el promotor recibe del sistema gasista una cantidad equivalente a la amortización de la inversión y su correspondiente actualización financiera por el aplazamiento de los pagos“.