Los municipios de Jimena de la Frontera, Castellar de la Frontera y San Martín del Tesorillo han solicitado a la Junta de Andalucía una moratoria para los proyectos de instalación de plantas fotovoltaicas en estas localidades hasta que exista una regulación sobre esa área. Son proyectos que aseguran que amenazan directamente a terrenos agrícolas y por el momento no hay un punto de encuentro con Cepsa, la empresa que está planificando estas actuaciones a través de su filial renovable Mitra Alfa.
La producción de energía renovable cuenta con el respaldo de la administración y de los agricultores de la zona. Discuten la forma de proceder de las empresas, cuyo objetivo es cumplir con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que persigue una reducción de un 23% de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990.
Los alcaldes de las localidades implicadas han estado en comunicación con responsables de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio para lograr que se paralicen los proyectos de instalación de plantas fotovoltaicas hasta que se apruebe una regulación autonómica que garantice la compatibilidad de la implantación de estas instalaciones de energías renovables con un desarrollo sostenible de sus municipios.
La planta fotovoltaica Sancho se proyecta, junto a su infraestructura de evacuación, su subestación transformadora y su línea de evacuación, en los términos municipales de San Roque y Castellar de la Frontera, donde se evacuará la electricidad generada. Adrián Vaca (PSOE), alcalde de Castellar, denuncia a este periódico que “las líneas de evacuación atraviesan de sur a norte el término municipal, 15 kilómetros, afectando a zonas agrícolas de especial protección. Es uno de los sectores económicos más importantes del municipio. Hemos presentado rechazo a esos proyectos y la empresa nos ha desestimado unas alegaciones”.
“Pedimos que se busquen alternativas a los trazados de las líneas de evacuación para que no afecte a la zona agrícola. El pueblo nuevo de Castellar está rodeado por explotaciones agrícolas de entre 3, 5 y 7 hectáreas. La servidumbre que sentaría esos postes con la línea de evacuación tendría un impacto negativo en el desarrollo económico de esa explotación porque los cruza en gran parte. Son más de 40 afectados en más de 90 explotaciones agrícolas, que generan más empleos que la energía fotovoltaica”, añade.
Esto supone la expropiación de cerca de un centenar de parcelas. Juan Salido, el portavoz de los agricultores afectados por el trazado de las fotovoltaicas proyectadas en San Roque y Jimena por terrenos agrícolas, insiste en la idea de que “hay alternativas para hacer la evacuación lejos de los cultivos. Las torres tienen un mantenimiento y pueden caer impurezas en los cultivos. Que no nos molesten a los que queremos seguir trabajando como hemos hecho desde hace muchos años”.
Salido no se opone a la energía renovable porque “la principal materia activa que tenemos los agricultores es el medio ambiente y queremos protegerlo, pero de una forma ordenada y adecuada. Yo espero que los políticos se pongan a trabajar para que le hagan llegar al Gobierno Central que esta problemática no es solo de Castellar, sino que es algo estatal. Nosotros los agricultores queremos que, habiendo posibilidades de ponerlas en terrenos públicos, las pongan allí y no en los agrícolas”.
Fuentes de la compañía Cepsa aseguran que no van por libre, sino de la mano de las administraciones: “El proyecto está tramitando todos los estudios y permisos de impacto ambiental establecidos para el desarrollo de proyectos de energías renovables, una fuente de energía muy relevante en el actual proceso de transición hacia un modelo energético más sostenible. Estamos en constante coordinación, tanto con las administraciones nacionales como locales, para implementar el proyecto conforme a lo establecido por la legislación y con el menor impacto posible”.
“La línea de evacuación de energía pasa por Castellar de la Frontera para llegar a la subestación de Red Eléctrica (REE), que estará situada en este mismo municipio, evitando así cruzar el Parque Natural de los Alcornocales. Se trata del recorrido con menor impacto ambiental, según el estudio de alternativas del Estudio de Impacto Ambiental. Además, se ha buscado compartir las infraestructuras de evacuación lo máximo posible, compartiendo parte de las mismas con las de otros dos promotores de instalaciones de generación de energía renovable, con el objetivo de minimizar su impacto aún más”, añade.
Desde el Ayuntamiento de Castellar, el alcalde ha anunciado que iniciará los trámites para formular una modificación del PGOU, elevando a pleno la Petición de Zona Especial de Protección Agrícola para defender de cualquier amenaza a su franja de desarrollo agrario, una iniciativa que ha mostrado también predisposición para ejecutarse por el Ayuntamiento de Casares.
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