Andalucía es la región española donde el sol brilla más días del año, con zonas que superan las 3.000 horas al año. Tanto sol está despertando ahora el interés de decenas de empresas, dispuestas a instalar huertos solares por doquier. La Junta de Andalucía está tramitando simultáneamente autorizaciones para cientos de parques solares fotovoltaicos. Solo el de Caniles-Baza (Granada) sumará por sí solo el doble de la capacidad que tiene actualmente toda la provincia para generar energía fotovoltaica.
La inversión prevista es milmillonaria, pero la transformación acelerada de suelos agrícolas, estepas y dehesas tiene consecuencias sobre la economía, la flora y la fauna, principalmente aves esteparias, algunas de ellas amenazadas y protegidas. De momento, la Junta de Andalucía está tramitando los proyectos que le llegan sin unos criterios definidos y vinculantes para priorizar las ubicaciones.
El boom de los huertos solares en Andalucía no gusta a los ecologistas, que se ven ante una paradoja: tras tantos años reclamando un nuevo modelo energético que priorice las energías renovables, observan con temor el desembarco apresurado de grandes proyectos destinados a transformar grandes superficies de terreno en suelo industrial. “No es esto”, vienen a decir. “Nos fastidia mucho que una energía que defendemos se vaya a criminalizar por proyectos disparatados o hipertrofiados”, explica Daniel López Marijuán, de Ecologistas en Acción.
La federación acaba de fijar posición a nivel nacional: cree que la “avalancha” de grandes proyectos pone en riesgo una transición energética “justa y ecológica”. En lugar de priorizar las pequeñas instalaciones y las inversiones locales, el sistema está fomentando una burbuja de grandes extensiones solares en tierras de secano, más baratas, con tintes especulativos, según entienden los ecologistas, que denuncian que algunos de los proyectos están auspiciados por fondos de inversión sin experiencia en el sector.
Alianza por el Clima (integrada por organizaciones ecologistas, sindicatos, organizaciones agrarias y la coordinadora de ONGs, entre otros) ha lanzado un manifiesto, en el que muestra al Ministerio su preocupación, compartida por un grupo de investigadores y científicos del CSIC y las universidades, que en diciembre publicaron una carta en Science alertando del daño irreversible a la diversidad que puede producir el “proceso acelerado y sin control” de expansión de las energías eólica y fotovoltaica. “Las renovables amenazan la biodiversidad en España”, se titulaba el texto.
Las aves esteparias, que tienen sus hábitats principales en Andalucía, son las más afectadas. José Eugenio Gutiérrez, delegado de SEO/Birdlife en Andalucía, denuncia que la falta de planificación es especialmente ostensible en Andalucía, donde el potencial solar comparte espacio con la mayor biodiversidad del país. “Se evalúa caso por caso, con lo cual es muy difícil observar el impacto acumulativo de todo este despliegue”. La evaluación de una planta puede ignorar un proyecto colindante o cercano: “Pensamos que era necesaria una moratoria para planificar cuáles son las zonas mejores”.
También hay voces que alertan del sobredimensionamiento del parque fotovoltaico. La energía solar fotovoltaica cerró 2019 con un incremento del 93,2 % en capacidad de generación instalada respecto a 2018. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2020-2030 prevé para España una potencia instalada de 39.000 MW de energía solar fotovoltaica y 50.000 MW de eólica en 2030, pero ya hay 130.400 MW de potencia eólica y fotovoltaica con derechos de acceso y conexión a la red concedidos, más otros 45.300 en tramitación. Todo ello, con un consumo medio actual de 30.000 MW y en caída, con picos de hasta 40.000.
La propuesta de planificación de la red eléctrica 2021-2026 resalta que “las expectativas de los promotores de nueva generación, que se reflejan en el volumen de solicitudes de acceso […] superan en más de tres veces la nueva potencia a instalar a 2026 en el caso de la eólica y en más de trece veces en el caso de la fotovoltaica”.
“Tenemos un problema de más capacidad de la necesaria. Por supuesto, tiene que haber cierta redundancia porque no todos los sistemas funcionan al mismo tiempo, pero seguramente es más que sobrado para abastecer lo que se está consumiendo, y lo que tendríamos que plantearnos es cómo consumir este exceso de energía eléctrica que estamos produciendo”, alertó el experto Antonio Turiel en el Senado, hace apenas dos semanas.
En 2020 se implantaron catorce nuevas centrales fotovoltaicas en Andalucía, todas ellas de más de 10 MW de potencia, capaces de aportar 752,31 MW, hasta un total de 2.672 MW a cierre de 2020. El autoconsumo aportaba 127 MW, según los datos de la Agencia Andaluza de la Energía. Pero estas cifras palidecen ante lo que está por venir, porque la expansión acelera, más aún ante la perspectiva de los fondos europeos.
La Junta de Andalucía admitía a principios de año que tenía en cartera “más de 300 proyectos de parques solares fotovoltaicos en tramitación o pendientes de iniciar la tramitación”, y que había previsiones de instalar unos 26.000 MW de potencia entre parques eólicos y fotovoltaicos. Teniendo en cuenta que cada MW requiere unas dos hectáreas, supondría una superficie de 52.000 hectáreas, 520 kilómetros cuadrados.
El dato probablemente se quede ya corto. La Junta de Andalucía no ha remitido a este medio el número de proyectos y su extensión actualizada, pero Juan Manuel Muñoz, Comisionado para el Cambio Climático, señaló hace dos semanas a El Mundo que había 650 solicitudes en trámite, con una potencia que rondaría los 19.000 MW.
Cada día entran nuevos proyectos. “Es un aluvión”, dicen los ecologistas. No consta que la Dirección General de Biodiversidad se haya reforzado para evaluar el impacto de estos proyectos. El riesgo, dice José Eugenio Gutiérrez, es que el examen no sea riguroso. Una evaluación de impacto sobre las aves esteparias tendría que prolongarse al menos durante un ciclo anual completo, explica.
Los proyectos con capacidad para generar más de 50 MW deben ser autorizados por el Ministerio, pero es habitual que proyectos enormes se troceen para burlar el control estatal. En esos casos, es la Junta de Andalucía quién pasa a tener las competencias.
Ecologistas en Acción detecta amenazas en muchos de los proyectos. En Tabernas (Almería), la planta de La Cabrita prevé una potencia de 85 MW en 89,5 hectáreas. Los ecologistas creen que tendrá un severo impacto en una zona con un importante valor paisajístico.
En Sevilla se proyecta un parque con potencia de 250 MW y 680 hectáreas en Itálica, Salteras y Valencina de la Concepción, que conllevaría una subestación de 220 kV y nueva línea de transporte de 5,3 km, a escasa distancia de Campos de Tejada, una zona donde se aplica protección a aves esteparias como la avutarda común, el águila perdicera, el sisón común, el cernícalo y el aguilucho cenizo.
En Málaga, la planta solar proyectada en Coín afectaría a la zona de Río Grande, hábitat de la cigüeña negra, en peligro de extinción. Ya se han convocado concentraciones de rechazo. En Granada, la planta de Caniles y Baza, con potencia de 250 MW y 703 hectáreas, ha generado la oposición de agricultores de la zona, y también pondría en peligro sisones, alcaravanes, ortegas, cogujadas montesinas, collalbas grises y negras o calandrias. Se trata de una zona de interés turístico por su diversidad ornitológica.
En Jimena de la Frontera hay cinco proyectos que ocuparían un total de 1.300 hectáreas, aunque Ecologistas en Acción ha pedido al Ayuntamiento que paralice las licencias. En Córdoba, la planta de Almodóvar, Guadalcázar y Posada, promovida por la compañía eléctrica italiana Enel, afectaría a los últimos encinares de la campiña cordobesa y a rapaces como el águila imperial, águila real y águila perdicera.
Este tipo de instalaciones implica la transformación del suelo en industrial y tienen una vida útil muy larga, que implica un cambio del suelo, de la orografía y de los hábitats y modos de vida. Hay macroproyectos que necesitan de la instalación adicional de líneas de evacuación de alta tensión, que con frecuencia atraviesan suelo fértil. “Dejamos de usar un suelo fértil que supone una renta agraria, para poner parques eólicos o solares. Es desvestir un santo para vestir a otro”, protesta Antonio Aguilera, de Fundación Savia.
En enero, la Junta de Andalucía publicó una guía para que los técnicos contaran con herramientas para priorizar la ubicación de los proyectos. Las campiñas y estepas donde se concentraba la demanda son “hábitat y refugio de una singular comunidad de flora y fauna en buena medida exclusiva de estos espacios”, decía la guía, que resaltaba que aquí se da “el mayor índice de especies amenazadas de la UE”.
Por ejemplo, solo quedan unas 400 avutardas y una especie emblemática como el cernícalo primilla pasó de 5.000 parejas en 2012 a unas 2.670 en 2017. Hay 25 aves esteparias en Andalucía, 15 de ellas amenazadas. La guía admitía que los parques fotovoltaicos generarán “numerosas afecciones medioambientales”, por lo que distinguía entre zonas no compatibles, zonas de compatibilidad condicionada y zonas compatibles y preveía medidas compensatorias.
El delegado de SEO Birdlife en Andalucía advierte que ya han detectado ocho proyectos ubicados en zonas declaradas estratégicas por la propia Junta de Andalucía en el Programa de Actuación del Plan de Recuperación y Conservación de las Aves Esteparias. Al menos uno de esos proyectos ya ha recibido declaración ambiental favorable, según Gutiérrez.
Sin embargo, la guía que debía servir para fijar criterios de localización fue retirada sin más explicación. Los ecologistas creen que se recibieron presiones de los inversores. Tampoco el Ministerio cuenta con criterios vinculantes para priorizar los lugares donde deben plantarse los huertos solares. Dispone de un mapa y una zonificación, pero es orientativa.
La Junta de Andalucía da largas a elaborar una nueva guía, mientras registra a diario proyectos con impacto potencial en estos hábitats. “No contar con la afección a esta avifauna es brutal, porque afecta al hábitat y a la cría”, lamenta Daniel López Marijuán.
A ello se suma que uno de los últimos Decreto-Ley de la Junta de Andalucía para agilizar trámites administrativos permite prescindir de autorizaciones recogidas en la Ley del Sector Eléctrico, y declarar de interés estratégico alguno proyectos de huertos solares, con una evaluación de impacto ambiental simplificada.
La Junta de Andalucía ya ha declarado de interés estratégico al menos dos parques fotovoltaicos: el proyecto Sigma, de Repsol Renovables, con una inversión estimada de 107,2 millones de euros en cinco plantas solares fotovoltaicas (362 hectáreas) y potencia total de 204 MW en Jerez de la Frontera (Cádiz), y que se completará con líneas de evacuación a través de Arcos de la Frontera y San José del Valle; y el proyecto Kairós-Ignis, promovido por Ignis Energía, en Guillena (Sevilla), que prevé la instalación de otras cinco plantas solares fotovoltaicas en 360 hectáreas con un potencial total de 210,30 MW y un presupuesto estimado de 154 millones.
Los ecologistas están poniendo sus esperanzas en los municipios, que deben encajar los proyectos en los planes urbanísticos. “No pueden anular el proyecto, pero sí poner objeciones para preservar su PGOU”, explica López Marijuán. El de Algeciras informó negativamente a la compatibilidad de un proyecto en Marchenilla, y lo mismo ha hecho Jimena con un proyecto en 200 hectáreas por su impacto visual. Los alcaldes de Jimena, Casares, Gaucín y San Martín del Tesorillo se reunieron este jueves para “defenderse ante una posible implantación masiva” de huertos solares. Otros como Carmona han hecho una apuesta decidida por los parques fotovoltaicos, hasta el punto de que ha llegado a modificar la normativa municipal. Las inversiones fotovoltaicas prometen impuestos municipales y empleo.
“Es una pena que los ciudadanos vean el despliegue fotovoltaico en el campo antes que en sus ciudades”, lamenta el delegado de SEO Birdlife, que observa con curiosidad el súbito interés de empresas y políticos por la transición energética: “Subyace que hay dinero y mucha inversión detrás”.
Los ecologistas reclaman una “cogobernanza energética” y “comunidades sostenibles” basadas en la colaboración público-privada. Permitiría que haya pueblos energéticamente autónomos, defiende Aguilera. “Son inversiones que en tres o cuatro años estarían amortizadas. ¿Por qué no existe un plan de llenar todos los techos de los polígonos de placas solares? ¿Por qué no se implanta más el autoconsumo en los edificios?”.
A través de nuestro canal en Telegram trasladamos de forma inmediata lo que ocurre en Andalucía: últimas noticias que van aconteciendo, o donde, , te ofrecemos un resumen de la información más relevante del día.